Industria de la salmonicultura plantea que es necesario cambiar los actuales parámetros de medición de la infraccionalidad laboral en este segmento del mercado del trabajo, ya que consideran que el actual modelo de injusto porque sólo se circunscribe a las denuncias realizadas por funcionarios y no a un sistema que toma muestras aleatorias para saber lo que está sucediendo en el sector.
El representante del gremio del salmón en la Décima Región, Raúl Arteaga, planteó la necesidad de reestructurar la forma en cómo se mide el porcentaje de infracciones laborales del sector, que según las cifras vigentes alcanzan a un 80% anual, esto con el fin de tener una mirada más equilibrada de la industria, que permanentemente está en la mira de los ecologistas.
De hecho, recientemente varias ONG se unieron a una campaña internacional por la globalización de los deberes y derechos, tanto laborales como ambientales, al interior de las salmoneras, fomentada por una organización de consumidores de los EEUU.
Según cifras del gobierno, la infraccionalidad hasta mediados de año se desglosa de las siguiente forma: falta de registro de asistencia, 31%; falta de baños, 16%; horas extraordinarias, 15%; jornada de trabajo, 15%; provisión de agua, 12%; elementos de protección personal, 8%; descanso semanal, 2%; y otros, 2%.
Cambios en la industria
Arteaga, quien hasta hace poco fue un alto directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), explica que la distorsión se origina porque del 100% de las fiscalizaciones que realiza la Dirección del Trabajo, el 70% corresponden a denuncias, por lo que han planteado su preocupación en el marco de la «mesa laboral» de Los Lagos, que se formó tras una sesión especial de la Cámara de Diputados sobre la industria, este año.
«Esto va a servir para todo tipo de industrias en Chile, en donde queramos saber no solamente que la fiscalización permita tener claridad respecto de si una determinada empresa está cumpliendo o no la normativa, sino que además, al ser muestras estadísticamente representativas del sector, permitan incluso tomar decisiones de gobierno o a los propios gremios respecto de cómo mejorar las condiciones de funcionamiento», indicó a El Mostrador.cl.
«De esta manera se permite una optimización del aparato público que tiene deficiencias en materia de fiscalización, pero también nos permite tomas decisiones en relación a dónde poner los énfasis en los momentos de buscar mejoras para la industria», agregó.
Sistema compatible
El directivo asegura que el 59% de las infracciones que finalmente se cursan al sector en la actualidad, no implican una merma en las condiciones laborales de los trabajadores y sólo se deben a características de la actividad acuícola. Y añade que de este porcentaje sólo un parte se ratifica en los tribunales.
Sobre el punto, enfatiza que todavía no existe una legislación moderna que permita normar el trabajo en el agua, ya que todo está focalizado en tierra y muchas veces los inspectores del Trabajo tienen criterios distintos para interpretar la legislación.
De igual forma, sostiene que en la «mesa laboral» ha existido una buena recepción a la idea y cree que la periodicidad de la nueva estadística, una muestra representativa, debe ser discutida con la autoridad respectiva.
«Puede ser anual. Pero también podría repetirse la misma muestra, año tras año, para ver cómo se ha ido mejorando. Nosotros creemos que eso es mucho más justo, que de pronto hacer juicios de una industria o de un gremio basado en fiscalizaciones que están orientadas por la denuncia», precisó.
-Pero, ¿qué hacemos con las denuncias? ¿Dónde se dejan o contabilizan finalmente?
-Yo creo que eso se puede compatibilizar. Porque si yo tengo desde el principio una muestra representativa del sector, voy a poder pronunciarme respecto de ese sector, pero eso no quita que igual se siga haciendo la fiscalización de las denuncias. Eso es absolutamente compatible.
