Primer vicepresidente de la Cámara celebró el anuncio del Ejecutivo respecto a los cambios a la normativa. Sin embargo, manifestó que un aspecto que no debe dejarse de lado son los recursos tecnológicos con los que debe contar el organismo penitenciario, a fin de controlar adecuadamente el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por los tribunales.
La entrega a Gendarmería de recursos tecnológicos que posibiliten de manera efectiva el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por los tribunales es, a juicio del diputado Jorge Burgos (DC), un pilar fundamental que debería contener el proyecto de ley que anunció el gobierno que busca modificar la Ley 18.216 sobre Medidas alternativas y de Ejecución de Penas.
El legislador calificó como muy positivos los anuncios del ministro de Justicia, Isidro Solís, quien la semana pasada dio a conocer que la idea del Ejecutivo es crear la figura de un "juez de ejecución de penas", que se aboque exclusivamente a revisar los avances en la rehabilitación de un delincuente para constatar si efectivamente está preparado para reintegrarse a la sociedad.
Sin embargo, el también primer vicepresidente de la Cámara de Diputados indicó que no menos importante es el tema de cómo garantizar los dictámenes de los tribunales, cuando quienes fueron sancionados se encuentran en libertad.
"Muchas veces, cuando se formaliza a una persona, el juez le dice que no la va a dejar en prisión preventiva, pero ordena en cambio que no se puede acercar al domicilio del denunciante y establece que no puede salir de ciertos radios urbanos. Todas esas cosas hay que controlarlas también", sostuvo.
En ese sentido, recordó algunas propuestas para incorporar a estas tareas equipos de GPS y otros instrumentos tecnológicos, ideas que a su juicio son interesantes, pero que implican un costo importante, porque "Gendarmería no tiene plata ni tiempo para agilizar ese control, y tampoco nadie lo ejerce".
Proyectos pendientes
El parlamentario DC recordó que existe "un proyecto de ley de la época de Jorge Correa (ex subsecretario del Interior) que estaba muy avanzado, y era un buen proyecto, que recogió algunas iniciativas de parlamentarios entre los que me encuentro, un proyecto bien armado cuyo costo, entiendo, se estaba analizando con el Ministerio de Hacienda".
Explicó que la idea central era "dotar a Gendarmería de mayor personal e instrumentos tecnológicos para poder ejercer el control del cumplimiento real de las penas alternativas y de las medidas cautelares".
Burgos se refirió así a la propuesta que en noviembre de 2004 presentó el entonces subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, para colocar un brazalete a los delincuentes que salen de las cárceles tras haber cometido delitos de gran connotación social, como medida preventiva para evitar la reincidencia.
De hecho, en abril de este año, el diputado Patricio Walker (DC) también anunció la presentación de una iniciativa similar para otorgar a los jueces la facultad de establecer, como medida complementaria a la libertad, un monitoreo satelital para las personas que están siendo investigadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Burgos admite que la incorporación de nueva tecnología a estas tareas es un tema que implica un muy alto costo, pero sostiene categórico que «es más caro para el país tener a no sé cuantos carabineros dedicados a determinar si se hicieron o no las cosas».
