Luego de que la ministra Dobra Lusic rechazara reabrir el sumario del caso, el abogado de la madre del niño -asesinado en 1979- pidió que la Corte capitalina ordene una serie de diligencias que, a su juicio, no están contenidas en las indagaciones de la jueza. Una de ellas se relaciona con un pronunciamiento imparcial sobre cuál es la fecha y hora exacta de su muerte.
Lejos de despejar las dudas que la familia del niño Rodrigo Anfruns Papi, asesinado en junio de 1979, tiene acerca de la real fecha de su muerte y las circunstancias en que ésta ocurrió, el cierre de la investigación por parte de la ministra Dobra Lusic ha acrecentado los cuestionamientos e hizo que el abogado querellante, Roberto Celedón, acudiera ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objeto de reabrir las indagaciones.
Las principales contradicciones que existirían en los antecedentes recopilados en el expediente del caso se centran en cuál es la real data de muerte del menor, cuyo cuerpo fue encontrado tras permanecer 11 días desaparecido. Luego de que la magistrada declarara agotadas las diligencias, la parte querellante recibió por primera vez un set de 40 fotografías tomadas por efectivos de la Policía de Investigaciones, al momento de hallar el cadáver del niño.
Esto, por cuanto las imágenes evidenciarían, a juicio de distintos peritos de Chile y el extranjero, que el cadáver no permaneció todo ese tiempo sin vida en el lugar donde fue encontrado, como lo acredita la investigación oficial, sino que muy por el contrario, habría presentado una data de muerte escasa, de entre 30 y 72 horas.
Dicha hipótesis atenta contra uno de los principales razonamientos por los cuales la mencionada jueza cerró la investigación, dado que la autoinculpación del único responsable sindicado por la justicia, P.P.V., sostiene que el adolescente de 16 años -en la época- asesinó a Rodrigo el mismo día de su desaparición.
Con este antecedente el abogado Celedón, quien representa a la madre del niño, Paola Papi, solicitó a la jueza Lusic la reapertura de la investigación y la realización de nuevas diligencias, entre ellas, recabar la opinión de organismos forenses extranjeros para aclarar aproximadamente el tiempo real transcurrido entre la muerte de Rodrigo y el hallazgo de su cadáver.
Sin embargo, la ministra Lusic denegó el pasado viernes 17 la petición del profesional con un escueto «no ha lugar», decisión a la que Celedón apeló este lunes, argumentando que es necesario dilucidar todas las dudas en materia médico legal, «para determinar la existencia de los delitos de secuestro y tortura».
En en el líbelo, sostuvo que «sabemos que es difícil, pero el deber de la verdad y de la justicia lo exige. Podemos incluso en este esfuerzo fracasar, pero sin transformar una ‘verdad procesal’ en una ‘verdad material’, a todas luces falsa e inexistente, que termina a favor de los hechores con completa impunidad».
Y agrega que «esta defensa tomó sólo al cierre del sumario, por primera vez, conocimiento del CD que contiene el set fotográfico tomada por peritos gráficos de Investigaciones el 14 de junio de 1979, a pesar que lo había pedido con mucha antelación».
Conclusiones de expertos
Sobre la base de fotocopias de las fotografías tomadas en 1979, el médico tanatólogo chileno Luis Ravanal y el director del Máster de Ciencias Forenses de la Universidad de Murcia, Aurelio Luna, cuestionaron las conclusiones a que arribaron en 1979 los peritos del Servicio Médico Legal (SML) en cuanto a la data de muerte.
Ambos concluyeron que la cantidad de horas en que se produjo la muerte del niño, antes de encontrar sus restos, oscilaba entre las 24 a 72 horas como máximo. Esta conclusión la fundamentaron en los escasos signos de putrefacción, el buen estado de los órganos y la piel y a la ausencia de insectos y larvas en el cadáver.
En un informe complementario, el experto español además concluyó que las lesiones circulares que presentaba el cuerpo del menor en los brazos, muslos y bajo vientre corresponden a posibles quemaduras de cigarrillos sobre la piel del pequeño, coincidiendo con la primera apreciación de los peritos de Investigaciones que examinaron el sitio del suceso.
Las imágenes también fueron estudiadas por un grupo de médicos forenses argentinos, quienes llegan a una conclusión similar, e incluso rebajando a menos de 24 horas la posible data de muerte, dada la buena conservación de la piel del niño que aún tenía elasticidad para reflejar el terreno donde fue dejado.
Universidades chilenas inhabilitadas
Fuentes ligadas a la investigación señalaron a El Mostrador.cl, que la jueza Lusic había solicitado a tres casas de estudios superiores nacionales: la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Universidad de Chile, emitir pronunciamientos sobre la cantidad de horas que llevaba muerto el menor cuando fue hallado.
Sin embargo, estas tres opciones se inhabilitaron para entregar una opinión certera. De hecho, la institución penquista se declaró incompetente por no contar con expertos en data de muerte; la Universidad Austral declaró que no tenía capacidad técnica para elaborar un informe, y finalmente, la Casa de Bello, se inhabilitó por el hecho que uno de sus docentes,
Alberto Teke Schlicht, había participado en las pericias forenses realizadas al cadáver de Rodrigo en 1979.
Por ello, la parte querellante sostiene que la magistrada desestimó el argumento de la data de muerte sin contar con antecedentes fidedignos que acrediten la versión que consta en la investigación.
Por la misma razón habían solicitado que las imágenes fueran estudiadas por expertos del Centre for International Forensic Assistance (CIFA), que depende de la Universidad escocesa de Glasgow; el centro Vibert, que concentra expertos en medicina forense de Buenos Aires, y de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Valencia.
Sin embargo, la magistrado no acogió la solicitud, así como tampoco otras que apuntaban a realizar nuevas pericias siquiátricas a P.P.V. y a dilucidar las incongruencias entre el relato que hizo este adolescente sobre como eventualmente ejecutó el crimen y los elementos detallados en el sitio del suceso.
Paola Papi: «No puedo entender la posición de la jueza»
En tanto, la madre de Rodrigo Anfruns, Paola Papi, manifestó que no comprende por qué la jueza, a la luz de estos antecedentes, se negó a reabrir el sumario. «No puedo entender la posición, porque es lo más importante para establecer una verdad», dijo.
«Lo más contundente, bajo mi punto de vista, siempre ha sido la data de muerte, porque cambia absolutamente el asunto si son 11 días o son dos o tres. Cambia totalmente la historia, pero la jueza no lo acepta», manifestó.
Paola Papi admitió, sin embargo, que efectivamente, como lo señala Dobra Lusic, no se ha podido probar la participación de terceros en el crimen. «Eso es verdad, no hay nadie nuevo diciendo que haya tenido que ver, o algún antecedente sobre esto, pero eso no desecha la verdad en el sentido que no es ésa la data de muerte, y al no ser ésa, es imposible que haya sido Patricio Pincheira».
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