Senador Juan Antonio Coloma recordó que el país helvético negó la extradición de Patricio Ortiz al considerar que Chile no estaba en condiciones de hacerle un juicio justo. Por tal razón, consideró este acuerdo como »una muestra de indignidad muy importante en lo que es la defensa del Estado de derecho de un país». No obstante, autoridades suizas aclararon que es un convenio que no abarca temas de extradición ni casos particulares.
La UDI manifestó sus aprensiones por el tratado de cooperación en materia penal suscrito este viernes por los gobiernos de Chile y Suiza, considerando que la nación europea se negó hace pocos años a dar curso a la extradición de Patricio Ortiz Montenegro, fugado de la Cárcel de Alta Seguridad, precisamente con el argumento que el sistema judicial chileno no tenía las condiciones para garantizar la integridad física del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Dicho convenio fue rubricado por el ministro de Justicia, Isidro Solís y su homólogo helvético Christoph Blocher, quien afirmó que "los estados que tienen un buen ordenamiento jurídico y seguridad jurídica tienen que ayudarse mutuamente", y agregó que Chile "es un país serio, con una larga tradición de seguridad jurídica".
Sin embargo, el senador gremialista Juan Antonio Coloma consideró este acercamiento como "una muestra muy curiosa de defender la dignidad institucional de nuestro país", considerando que las propias autoridades suizas habían desconocido en su momento la plena vigencia del estado de derecho en Chile.
"Yo más bien veo una muestra de indignidad muy importante en lo que es la defensa del estado de derecho de un país", dijo Coloma a El Mostrador.
El senador UDI insistió en que, si bien aún desconoce los detalles del tratado -que debe ser enviado al Parlamento para su ratificación-, "como primera señal, me parece inquietante y preocupante que se suscriba un acuerdo de cooperación respecto de un país que no ha reconocido el Estado de derecho en Chile, particularmente en materia penal".
El caso de Ortiz Montenegro
Patricio Ortiz Montenegro fue uno de los protagonistas de la espectacular fuga en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) el 30 de diciembre de 1996, donde se encontraba cumpliendo una pena de 10 años y un día de presidio por maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte.
Asimismo, además de haber permanecido seis años recluido, estaba a la espera de una sentencia por un supuesto plan para atentar contra ministros de la Corte Suprema, junto a otros tres miembros del FPMR.
Luego del escape, que efectuó junto a frentistas sindicados como autores del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán, Ortiz ingresó a México y posteriormente a Suiza, donde solicitó asilo político.
En 1997 fue detenido y debió enfrentar un pedido de extradición emanado de las justicias ordinaria y militar de Chile.
Frente a ese escenario, las autoridades helvéticas estimaron que en el momento que Ortiz presentó su demanda de asilo, en Chile no existían condiciones para un juicio justo y el interesado corría serio riesgo de perder la vida.
Por ello se le concedió una calidad de refugiado en forma transitoria, que le fue renovada el año 2005.
Alcances del convenio
Consultadas por este tema, fuentes de la misión suiza en Chile aclararon que el convenio firmado por ambos países no se refiere a casos particulares, ni tampoco a cuestiones relacionadas con casos de extradición.
"Se refiere a la colaboración de Suiza en materias penales. Ambos ministros han dicho que es una señal de confianza de los sistemas penales de cada país, pero no trata cuestiones que no están incluidas, ni que se refieran a casos particulares", señalaron.
En tanto, luego de participar en la ceremonia de firma del acuerdo, el ministro Christoph Blocher dijo que la idea "es apoyarnos mutuamente, obviamente bajo condiciones establecidas claramente, pero para nosotros es muy importante que lo estamos haciendo con un país serio como es Chile, con una larga tradición de seguridad jurídica".
Agregó que "siempre existen algunos casos donde necesitamos recurrir a la asistencia judicial de nuestros socios chilenos, pero en este momento no estamos tratando ningún caso de mayor connotación", aunque reconoció que "en el pasado, hemos tenido a menudo casos en los que no sabíamos qué debíamos o podíamos hacer, justamente porque no teníamos un tratado de este tipo".
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