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El régimen «refundacional» de los militares


Asumía una Junta Militar que conformó Pinochet en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército; el almirante José Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Armada; el general del Aire Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros César Mendoza, la que a partir de órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos, y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular.



Días después y junto a tres ex presidentes democráticamente electos: Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Freí Montalva, Pinochet se hacía presente en el tradicional Te Deum que conmemoraba los 163 años de nuestra república, efectuado por el Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez.



Un hecho que revela fielmente la personalidad de Pinochet se da cuando al verse enfrentado a los pocos días del golpe con una carta proveniente del Estado Mayor del Ejército en la que se recomendaba el arraigo de Carlos Prats, por su participación en el gobierno allendista, no pudo pasar por alto la lealtad debida a quien había sido su superior. Ofreció derivarlo a Argentina y otorgarle protección personal a él y su familia. El gesto fue agradecido por quien fuera su antecesor a la cabeza de las FF.AA, pero no fue óbice para que un año después, en septiembre de 1974, la DINA lo eliminara en Buenos Aires, por medio de una bomba que hizo volar el auto en que viajaba con su esposa, Sofía Cuthbert, por considerarlo un peligro potencial para su régimen.



En marzo de 1974 Pinochet efectúa el primer viaje al exterior durante su largo mandato, desembarcando en Brasil, primer país que reconoció el gobierno militar chileno. En dicha nación asume el mando de la nación carioca el general (R) Ernesto Geisel. Posteriormente el chileno enfiló hacia Paraguay donde se juntó con el general Alfredo Stroessner, y luego en Argentina departió con el general Juan Domingo Perón y su esposa. Un año después, cruza el Atlántico para asistir al funeral del «Caudillo» Francisco Franco, el general al que Pinochet, como buen cruzado del anticomunismo, admiraba en España.



Día a día en Chile, la represión contra los sectores de izquierda se institucionalizaba con la creación, por medio del Decreto N° 521 del 14 de junio de 1974 de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), comandada por el coronel Manuel Contreras. El día 27 del mismo mes la junta designaba a Pinochet como Jefe Supremo de la Nación. Seis meses después, se dio a conocer que Pinochet asumía como Presidente, proclamado por los demás integrantes de la junta de militar el día 12 de diciembre de 1974.



Este nombramiento fue uno de los antecedentes de una disputa al interior del mando castrense, pues el general Leigh se oponía al liderazgo «imperial» y sin contrapesos que adquirió Pinochet al interior de la cúpula castrense. El jefe de la FACH se mostraba partidario por devolver el poder a los civiles no más allá de 1983. Esta postura significó su abrupta salida de la Junta Militar en 1978 y de la jefatura de la FACH, junto a más de una decena de generales de la aviación militar. Asume Fernando Matthei, y Pinochet da muestras de su preeminencia declarando, ufano: ‘Si algunos dijeron que no me iba a atrever a hacer cambios en la Fuerza Aérea, ustedes ya han visto’.



Los crímenes cometidos por los organismos de inteligencia creados por el gobierno de Pinochet, hasta el día de hoy siguen siendo investigados. Un largo tiempo ha transcurrido, tras el cual poco a poco se ha ido conociendo la forma de actuar que tuvieron tanto la DINA, como la Central Nacional de Informaciones (CNI) que fue creada e inició su accionar represivo en 1977, un año después de la Asamblea de la OEA en Santiago -a la que vino Henry Kissinger, que se reunió con Pinochet- y el mismo año durante el cual el gobierno militar recibía la condena de las Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos.



Los asesinatos de Carlos Prats y de Orlando Letelier motivaron esta sanción que conllevó a la primera consulta nacional del gobierno de facto que buscaba el apoyo de la ciudadanía para el régimen, en el año 1978. El desarrollo de este plebiscito estuvo marcado por circunstancias muy especiales, pues al no existir registros electorales, ni contarse con publicidad abierta en favor del no al gobierno y tener que sufragar sólo presentando la cédula de identidad, en mesas sin ningún tipo de control independiente de los escrutinios, la votación favoreció ampliamente a Pinochet con el 70% de los votos.



En 1978, por otra parte, se descubren los restos de las víctimas de Lonquén, lo que produce una gran conmoción a nivel nacional. La lucha por los derechos humanos ya no es una entelequia que interesa unos pocos, en especial los familiares de los víctimas, sino que empieza a cobrar fuerza en la sociedad toda.



Con medidas como la denominada consulta el plan de Pinochet consistía en asegurar la reconstrucción, de lo que según sus postulados, era un país devastado por el germen del marxismo-leninismo y el populismo democratacristiano, expresado a través de la Promoción Popular o la Reforma Agraria. Para ello, se hizo asesorar por economistas de la escuela de Chicago, partidarios del libre mercado, quienes diseñaron los lineamientos básicos de un nuevo Chile en lo económico, político y social. El Presidente de facto, a su vez, asumía los roles del poder ejecutivo y legislativo, concentrando en sus manos la suma de los poderes públicos.



En lo inmediato le tocaba poner en marcha a un país en ruinas, agotado por la inflación y el desempleo, que durante esos años dejaba atrás además la inminencia de un conflicto limítrofe con Argentina que debió llevarse al arbitrio del Vaticano para descartar un enfrentamiento bélico. Pero el país debía seguir funcionando. Para esto Pinochet formó un gabinete compuesto mayormente por uniformados, quienes también se instalaron en los municipios del país. Los tribunales de justicia siguieron funcionando, con jueces mayormente proclives a la nueva administración, según publicó Alejandra Matus en el "Libro negro de la justicia chilena".



Desde el edificio Diego Portales, fueron implantándose en los primeros años a través de los decretos leyes, las medidas para modernizar al país y conseguir una mayor apertura comercial que detuviera la crisis económica que afectaba a Chile. También esa década fue testigo de la construcción de la carta fundacional de la nueva administración de 1980, que en líneas generales otorgaba mayores facultades al ejecutivo y extendía el régimen de Pinochet hasta 1988.



Con todo, poco a poco las medidas de shock adoptadas por Pinochet y sus economistas, los llamados Chicago Boys, sumados a los efectos de la crisis de los bancos (1982), rápidamente llevaron a una crisis económica que produjo protestas callejeras y un clima de inestabilidad social que hacía tambalear su gobierno y ponía ya en riesgo incluso su vida. Con una sociedad que comenzaba a rebelarse contra la forma de hacer las cosas por parte de los militares, Pinochet los enfrentaba diciendo: "Aquí el único que se puede rebelar, soy yo" o «En este país no se mueve ni una sola hoja sin que yo lo sepa».



En 1983, año de creación, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, arrecia el descontento popular en las llamadas primeras protestas nacionales, convocadas -entre otros- por dirigentes como Rodolfo Seguel. Fuerzas policiales y militares realizan masivos allanamientos en diversas poblaciones de Santiago y Sergio Onofre Jarpa, líder de la derecha política, asume como ministro del Interior, sacando miles de efectivos a la calle para frenar la desobediencia.



El año 1985, un terremoto sacude la zona central de nuestro país, y la crisis económica lleva al Jefe de Gobierno a remover las piezas del gabinete. Se nombra como ministro de Hacienda a Hernán Büchi, quien en cierta medida logra reordenar las arcas fiscales. Pero las consecuencias de la violenta represión que sufría la sociedad no dejaban espacio en la prensa para mostrar estos logros. El miembro de la Junta Militar, general César Mendoza presenta su dimisión al conocerse el asesinato de opositores al gobierno militar, en el llamado «caso de los degollados», delito en que se sindicaba como culpables a varios carabineros.



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