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Veinticuatro horas luego de dejar el mando del ejército, Pinochet dirigió sus pasos por la calle Pedro Montt con destino al edificio del Congreso, en el puerto de Valparaíso, donde se desempeñó como senador designado. La recepción era esperable. Rechiflas, carteles con fotos de detenidos desaparecidos, martillazos de Sergio Romero, Presidente del Senado, llamando al orden, daban la bienvenida al general retirado. El canoso senador y primer vitalicio en la historia del poder legislativo, avanzaba y sonreía.
Los 48 senadores que ocupaban la sala escuchaban las palabras del secretario José Luis Lagos, quien informaba sobre la presencia de Pinochet. Las quejas abundaban, el presidente de la corporación amonestó al senador socialista Carlos Ominami por interrumpir el proceso de asunción del cargo del nuevo parlamentario. De ahí en adelante, y con una asistencia regular al parlamento, Pinochet tuvo su última sesión como legislador el primero de septiembre de 1998.
El día 16 de octubre de 1998 tras una visita que realizó Pinochet a Inglaterra, donde el otrora gobernante de facto con sus 83 años se operó de una hernia disco lumbar que lo afectaba, efectivos policiales de Scotland Yard se presentaron en The London Clinic, donde se atendía el chileno para informarle en su cama la detención que lo afectaba. Era medianoche en el puerto de Londres.
La medida cautelar, que tomó por sorpresa al Gobierno de Freí, fue establecida a raíz de una orden de captura internacional y detención provisional emanada por el juez español Baltasar Garzón quien investigaba crímenes contra la humanidad y genocidio durante el mando de Pinochet, y el desaparecimiento de españoles en dicha época.
Al ser notificado el general retirado alegó inmunidad diplomática por ser funcionario de gobierno y viajar con pasaporte diplomático emanado del Senado en Chile. Al tiempo que desde Chile despegaba un avión-hospital desde la Fuerza Aérea de Chile con el objetivo de repatriar a Pinochet. Frente a la acusación de Garzón, el Tribunal Supremo de Londres aceptaba los argumentos de inmunidad diplomática que invalidan la detención del hombre sindicado por organismos de derechos humanos como la cabeza de operaciones que perpetraron crímenes de lesa humanidad y genocidio durante el gobierno militar entre los años 1973 y 1990. Sin embargo se solicitó orden de arraigo y retención para seguir la investigación.
Días después de las declaraciones de apoyo de Margaret Thatcher, quien fuera ‘la Dama de Hierro’; se comenzaba a idear la nueva estrategia que liberaría definitivamente a Pinochet y lo traería de vuelta al país. Sus 82 años, y una decaída salud fueron vitales para que la justicia británica tomara en cuenta razones humanitarias en un juicio que abrió el debate sobre la extraterritorialidad de la justicia en casos como este. Pese a todas las gestiones que tuvieron al entonces ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (PS) como protagonista, Augusto Pinochet seguía bajo custodia, esta vez en un exclusivo hospital psiquiátrico londinense y después se fue a vivir a Virginia Waters.
Con un país expectante por el fallo sobre la extradición de Pinochet a España, en la Cámara de los Lores se discutía sobre la salud de anciano militar retirado. El 24 de noviembre de 1999, simpatizantes y detractores del gobierno militar se reunían en las afueras del tribunal de Bow Street esperando el fallo que los favorecería. Entre gritos y pancartas de los manifestantes, se confundían numerosos periodistas que interpretaban el fallo por el cual los jueces ingleses liberaron a Pinochet tras más de una año en la isla británica que, como dijo el ex jefe militar chileno, lo habría traicionado tras su generoso apoyo a la causa del Reino Unido en Malvinas.
El ministro del Interior británico, el laborista Jack Straw, accediendo a los pedidos de la defensa del ex gobernante, dictaminó que se le realizaran exámenes neurológicos y geriátricos, los que revelaron su deteriorado estado de salud, por lo que se decidió su liberación y se permitió su regreso a Chile.
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