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Irregularidades en Chiledeport

Decreto firmado por ex directora podría complicar su situación judicial

por 6 diciembre, 2006

Macarena Carvallo (PRSD) instruyó a funcionarios del organismo a asignar recursos a instituciones con rendiciones de gastos pendientes, pese a que reglamento prohibía esta situación. En la arista Publicam la situación más compleja la enfrenta el ex jefe administrativo de la campaña de Girardi, Ricardo Farías, quien podría afrontar otro viejo dolor de cabeza: el envío de 24 mil cartas de propaganda para el senador con cargo a la Cámara de Diputados.

No sólo responsabilidades políticas podría enfrentar la ex directora de Chiledeportes, Macarena Carvallo (PRSD), por la serie de irregularidades que fueron descubiertas durante su administración en la institución, sino que también podría ser objeto de responsabilidades penales a raíz de la firma de un decreto exento que iría en contra del reglamento interno del organismo.



En dicho documento, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, signado con el número 3523, del 23 de noviembre de 2005, la ex funcionaria pública instruyó a sus subalternos a permitir la asignación directa de fondos a instituciones que aún mantenían rendiciones de cuentas pendientes con el Instituto Nacional del Deporte, pese a que el reglamento para este tipo de entrega de fondos prohibía dicha situación.



Esta última normativa mencionada data del comienzo de la gestión de Carvallo y fue dictada a raíz de las anomalías financieras que afectaron a Chiledeportes durante la gestión de Ernesto Velasco (PRSD), quien estuvo a la cabeza de la institución hasta enero del año pasado. Esta regulación, establecida a través de las resoluciones n° 1537-2003 y 2888-2005, prohibió la entrega de recursos a organismos deportivos que mantuvieran cuentas pendientes al momento de postular al financiamiento de nuevos proyectos.



Sin embargo, la instrucción firmada por Carvallo revirtió esa situación, tal como lo declaró el ex jefe de la Unidad de Actividad Física y Deportes de la Región Metropolitana, Vicente Giner, en el sumario administrativo que se instruyó en Chiledeportes, a cargo de Ramiro de Stefani, a raíz de las irregularidades en la asignación directa de fondos detectadas por la Contraloría General de la República.



Posible fraude al Fisco



En la página 7 del mencionado decreto exento, se consigna lo siguiente: "Aquellos proyectos que cumplen con los requisitos de postulación (letra A de la pauta de evaluación) y que presentan descuadres económicos, pasan al estado de preselección en el sistema informático. No obstante, dicha situación deberá ser explicada (causa y monto del descuadre) por el evaluador en el cuadro de observación de las pautas de evaluación (sic)".



"En el caso que estos proyectos sean seleccionados por el Director Nacional o Regional, según corresponda, se deberá informar de esta situación a dichas organizaciones, ello con el objeto de que quede debidamente estipulado en el convenio su regularización", agrega el documento.



Según fuentes interiorizadas en la investigación instruida por el fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, de confirmarse estos antecedentes, el accionar de Carvallo podría configurar el delito de fraude al Fisco.



Hasta el momento, existen al menos 10 instituciones -en la Región Metropolitana- con rendiciones de cuentas pendientes que, pese a ello, recibieron asignaciones de fondos por parte de Chiledeportes durante el año 2005.



De hecho, este es uno de los principales puntos que iban a ser abordados por los parlamentarios de oposición durante la comparecencia de la ex directora del organismo, durante la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de diputados, realizada este martes. Sin embargo, por falta de tiempo este tema será incluído en la reunión de la próxima semana donde nuevamente deberá comparecer Carvallo.



Facturas falsas



En tanto, en la llamada arista Publicam o rendición de gastos electorales, trascendió que la situación judicial más compleja afecta al ex jefe administrativo de la campaña del senador PPD Guido Girardi, Ricardo Farías, quien reconoció ante el fiscal Iván Millán haber comprado dos facturas falsas de la empresa fantasma al precio de 700 mil pesos.



Según sus dichos, esta situación se generó cuando él presentó la rendición de gastos del parlamentario al equipo financiero que asesoró al PPD en las pasadas elecciones -creado por el administrador general de las campañas de la tienda, Marcelo Belmar Berenguer-, quienes le hicieron ver que los egresos justificados sólo con recibos o boletas de honorarios, denominados "gastos menores", superaban con creces el 10 por ciento del total, permitido por la Ley de financiamiento electoral.



Ante eso, sostuvo que uno de los integrantes de dicho equipo le sugirió la idea de respaldar estos egresos mediante la compra de facturas. Sin embargo, dijo no recordar quién de ellos fue, mientras que, hasta ahora, todos los que han sido interrogados por Millán (Carlos Bermudes, Jorge del Valle y Sergio Ortega) han negado la veracidad de ello.



Respecto a quien fue el nexo para conseguir las facturas de la sociedad fantasma Publicam, Farías apuntó al abogado del PPD Dante Leoz, quien aún no comparece ante la Fiscalía y quien, según antecedentes recopilados en la investigación, aparece con otras vinculaciones directas con el "cerebro" de estas empresas ficticias, Manuel Arancibia.



Según fuentes de este medio, en los allanamientos realizados a las oficinas en que operaba Arancibia, ubicadas en el 5° piso de Huérfanos 1117, se encontraron diversos antecedentes que dan cuenta de la relación comercial que vinculaba a Leoz con este sujeto, quien aún permanece prófugo de la justicia.



Consultado por las otras denuncias que afectan a la campaña de Girardi, su otrora administrador electoral argumenta que el arrendamiento de inmuebles a la ex secretaria del PPD, Nora Pérez, sí se concretó por una suma de 1 millón 200 mil pesos, los cuales fueron financiados entre él y Alejandro Bahamondes. Sin embargo, los contratos de dicha transacción aún permanecen extraviados.



A diferencia de Girardi, los comandos de Sebastián Piñera y Lily Pérez sí han podido respaldar que los dineros justificados con facturas de Publicam fueron efectivamente cancelados, por concepto de carteles publicitarios, ya que incluso se han presentado los cheques que avalan dichos pagos.



Caso Cartas



En otra línea, ante el 16° Juzgado del Crimen de Santiago el abogado Carlos Neira presentó un escrito para reactivar un caso judicial que significó un gran dolor de cabeza para Girardi y parlamentarios de su colectividad: el envío de 24.648 cartas de propaganda para una elección interna del partido, lo cual fue pagado con fondos de la Presidencia de la Cámara de diputados, cuando dicho cargo era ocupado por Adriana Muñoz.



La presentación, a la que tuvo acceso El Mostrador.cl, pide que la magistratura examine "con detención los antecedentes, toda vez que se habrían omitido importantes diligencias que, de ejecutarse en lo porvenir, podrían cambiar la decisión adoptada".



Este profesional interpuso esta denuncia ante los hechos que se conocieron a través de la prensa, el 24 de junio de 2004. Sin embargo, la entonces titular del juzgado, Rosa María Pinto, decidió sobreseer temporalmente el caso en abril de 2003.



Neira además solicitó, en esta ocasión, que el tribunal evalúe la presentación de una querella criminal en contra de los que resulten responsables, ya que -hasta ahora- dicha instancia sólo aceptó su presentación en calidad de denunciante.



Cabe recordar que, en la época en que se desató este escándalo, se comprobó que la orden de despachar las misivas con cargo al erario fiscal de la Cámara fue firmada por Ricardo Farías, según sostuvo públicamente la encargada de ejecutar dicha orden, Lucinda Urbina.



Para financiar esta propaganda, destinada a publicitar la postulación de Girardi a la presidencia del PPD, se destinaron 3.420.440 pesos que se pagaron por medio de un cheque de la cuenta n° 9013865 de BancoEstado, cuyo titular era la Cámara de diputados, lo cual podría configurar el delito de malversación de caudales públicos, según sostuvo el denunciante.

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