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Caso podría terminar con Marco Antonio como el único Pinochet condenado

Pese a que el abogado querellante Alfonso Insunza aclaró que la investigación sobre los otros autores, cómplices y encubridores de Augusto Pinochet debe continuar, fuentes del CDE y el SII reconocieron que el fallecimiento del ex uniformado podría influir en el alzamiento del embargo de sus bienes, así como en permitir aclarar las responsabilidades judiciales en la malversación de caudales públicos.


Tras la muerte de Augusto Pinochet Hiriart, el llamado caso Riggs -que investiga el origen de la millonaria fortuna que éste acumuló en el extranjero- podría verse prácticamente «cerrado», según estimaciones de abogados interiorizados en dicho proceso.



Pese a la anterior afirmación, uno de los querellantes particulares, Alfonso Inzunza, anunció que espera que todos los querellantes, es decir, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el Servicio de Impuestos Internos (SII) persigan las responsabilidades de todos los posibles coautores, cómplices y encubridores de los delitos que se le imputaron en este proceso al ex uniformado.



Pero el panorama no es tan cierto para otras fuentes consultadas por este medio, en la medida que es discutible mantener las actuales figuras de cómplices de la evasión tributaria si el autor principal está sobreseido por muerte.



Cabe recordar que la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart sólo enfrenta cargos en el proceso como cómplice de los delitos tributarios de su ex cónyuge. Asimismo lo están el hijo de ambos, Marco Antonio, el ex albacea Óscar Aitken y su otrora secretaria privada Mónica Ananías.



No obstante, los últimos tres también están encausados como autores de declaraciones de renta maliciosamente incompletas, lo cual fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago. En este escenario, el único que podría enfrentar una condena en su contra del clan Pinochet sería Marco Antonio.



El resto de los integrantes



Por otra parte, cabe recordar que los procesamientos por evasión dictados contra Jaquelinne Pinochet y María Soledad Olave -esposa de Marco Antonio- ya fueron revocados por el tribunal de alzada capitalino.



En tanto, aún está pendiente el dictamen sobre las apelaciones de los cargos que enfrenta Verónica y Lucía Pinochet, pero los interiorizados en el caso comentaron que lo más seguro es que la Quinta Sala del alto tribunal también deje sin efecto dichos procesamientos.



En cuanto a la falsificación y uso de pasaportes falsos, por lo cual están procesados Augusto, Marco Antonio, Lucía y Verónica Pinochet, también existen amplias probabilidades que sean revocados por estar prescritos.



Condena pecuniaria



Junto a ello, es posible que la defensa de Pinochet también pueda lograr alzar el embargo que existe sobre sus bienes, ya que la deuda tributaria de 1.500 millones de pesos ya fue pagada íntegramente. Además, existe un juicio civil de reclamación por parte del ex jefe castrense, el cual puede determinar que las costas e intereses que ya pagaron son suficientes.



Asimismo, también este tema puede verse influído por un eventual juicio de partición hereditaria, donde los familiares de Pinochet pueden solicitar que los bienes embargados pasen a formar parte de la «masa partible».



Pese a este escenario, el CDE puede interponer recursos tendientes a evitar el alzamiento del embargo sobre los bienes, que se calculan en cerca de 5 mil millones de pesos en cuentas y 26 inmuebles, hasta que se resuelva la totalidad del juicio, pero esa es una decisión del magistrado titular que quede a cargo de la investigación.



Cabe recordar que el ministro Carlos Cerda se encuentra temporalmente alejado de la causa mientras se resuelve un recurso de implicancia interpuesto en su contra.



Malversación



Otro de los puntos del proceso que podrían verse resentidos es el referente al posible delito de malversación de caudales públicos, por el cual si bien Pinochet alcanzó a ser desaforado, no fue procesado, por tanto los posibles coautores, cómplices o encubridores podrían alegar que dicha investigación no procede.



No obstante, Inzulza aclaró que interpondrá todas las acciones legales necesarias para que este delito no quede en la impunidad, ya que a su juicio Pinochet no actuó solo para enriquecerse, sino que en ello colaboraron los ex miembros de la llamada Casa Militar.



Respecto al posible alzamiento del embargo, sostuvo que si la familia quiere iniciar los trámites de la poseción efectiva, en ese acto aceptan tanto los derechos y obligaciones del occiso, por lo cual, en caso de ser condenado, el CDE y el SII pueden perseguir, mediante acciones civiles, el pago de indemnizaciones por el perjuicio fiscal ocasionado.





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