Mientras que para algunos de los consultados la retención del patrimonio del ex uniformado no puede continuar por la extinción de su responsabilidad penal, otros estiman que esos dineros deberían pasar al erario fiscal si no se logra establecer un origen lícito de los mismos. En tanto, la demanda civil presentada contra el Banco de Chile en Nueva York no prosperaría.
El posible destino que tenga la fortuna embargada del fallecido general (r) Augusto Pinochet ha dado pie a un amplio debate jurídico sobre si la medida precautoria puede o no continuar, en la medida que el principal autor de los delitos que se investigan no podrá ser condenado por el tribunal que investiga el llamado caso Riggs.
Para algunos interiorizados en el proceso, desde el punto de vista teórico, penalmente es muy difícil evitar que los cerca de US$ 9 millones -de los cuales aproximadamente US$ 2 han sido liberados para pagar impuestos adeudados y gastos personales del matrimonio Pinochet Hiriart- y 26 inmuebles puedan devolverse a los legítimos herederos del ex militar.
«La figura del embargo por el supuesto fraude al Fisco que se habría cometido por parte de Pinochet no puede mantenerse, en la medida que su responsabilidad penal se extinguió con su fallecimiento», afirmó uno de los consultados.
Según esta opinión, la única forma de que esos dineros pasen a formar parte del erario nacional, sería que las víctimas de violaciones a los derechos humanos interpongan demandas civiles por indemnización de perjuicios contra Pinochet, con lo que esos bienes podrían destinarse a la reparación de los afectados.
No obstante, fuentes judiciales estimaron que esa posibilidad es prácticamente nula, porque pese a los procesamientos que existen contra el ex jefe castrense por delitos de lesa humanidad, la carencia de una acusación o sentencia condenatoria impediría que dichos procesos tengan un buen término. Esto porque, judicialmente hablando, no está comprobada legalmente la responsabilidad de Pinochet en esos ilícitos.
Más allá de dicho punto, se aclaró que este aspecto deberá ser materia de estudio por parte de los querellantes, sobre todo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de velar por los intereses del Fisco en cualquier proceso que involucre posibles fraudes de recursos públicos.
Botín del fraude
Sin embargo, para otros requeridos por este tema, en virtud del fraude tributario por el que estaba procesado el ex militar, así como otros miembros de su familia, no existe posibilidad de alzar el embargo sobre esos bienes retenidos por el ex juez del caso Riggs, Sergio Muñoz.
«Los dineros embargados son metafóricamente el botín del fraude tributario. Con la muerte de Pinochet no se acaba el mandato de su defensa, por lo cual el alzamiento de la medida sólo puede pedirse después de acreditar un origen lícito de esos dineros», sostuvo la fuente.
En ese sentido, se recordó que aún con la suma de todas sus rentas, como oficial de Ejército, comandante en jefe, ex Presidente de la República y senador vitalicio, monto al que se le deben descontar los gastos requeridos para su vida cotidiana, no se obtiene ninguna proporcionalidad con los dineros y bienes que Pinochet logró acumular en Chile y en el extranjero.
Pero a este escenario también se suma la existencia de un juicio de reclamación tributaria interpuesto por los abogados del fallecido militar, ya que sostienen ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que la deuda tributaria que ya se canceló ($ 1.500 millones aproximadamente) supera ampliamente los impuestos que realmente habría adeudado, en la medida que gran parte de su fortuna se mantuvo invertida en el extranjero, por lo que no existía obligación de declararla en Chile.
Esa postura fue absolutamente refutada por uno de los querellantes, ya que -a su juicio- este litigio tributario no podría prosperar a menos que los mandantes de Pinochet no demuestren que esos dineros tuvieron un origen legal, lo cual a más de dos años de tramitación del caso Riggs no han podido acreditar.
Según esta posición, al igual que en el caso del «Cabro Carrera», no correspondería que el tribunal levante el embargo de bienes y que, de no justificarse que no hubo delitos para obtener esos cuantiosos ahorros en el extranjero por parte de la defensa del ex militar, esos dineros pasarán a ser parte del erario nacional.
Negociación incompatible y malversación
Asimismo, se aclaró que si bien Pinochet no alcanzó a ser desaforado por el delito de negociación incompatible -en la venta y adquisición de armamento por parte de Famae-, igualmente deben investigarse a los posibles coautores, cómplices o encubridores de ese delito.
En esa medida, se desmintió tajantemente que en la investigación del Riggs no se haya podido acreditar que Pinochet recibió comisiones al margen de la ley por la compra y venta de material bélico, como lo publicó este lunes un diario de circulación nacional.
«Ese es un tema que se está investigando. De hecho, se tenía preparada una nueva petición de desafuero contra Pinochet por este delito, pero no alcanzó a ser presentada porque el juez titular de la causa, Carlos Cerda, fue inhabilitado por la recusación presentada en su contra. Estaba planificado que, a penas el caso volviera a tener ministro de fuero, se presentaría el requerimiento», añadió la fuente consultada.
En ese sentido, se dijo que hay antecedentes suficientes que acreditarían la responsabilidad de Óscar Aitken, ex albacea del general (r), y algunos ex directores y funcionarios de Famae, quienes posiblemente sean procesados en el futuro.
El mismo escenario debería darse en la arista por el delito de malversación de caudales públicos, ya que aunque el ex militar no fue procesado por esta figura, sí se puede seguir persiguiendo la responsabilidad de los posibles coautores, cómplices y encubridores del desvío de gastos reservados hacia las cuentas de Pinochet.
Por ello, aún se podrían levantar cargos contra los ex miembros de la Casa Militar, el círculo de asesores más cercanos a Pinochet en la década del ’80, quienes también ejercieron el cargo de secretarios privados durante la permanencia de éste en la comandancia en jefe del Ejército.
De acreditarse efectivamente la comisión de estos delitos, aunque el autor principal ya haya fallecido, el Fisco tiene todas las atribuciones para recuperar los dineros que Pinochet mantuvo en el extranjero, por lo cual «ningún peso de esa fortuna podría pasar a manos de su familia», se enfatizó.
Responsabilidad del Banco de Chile
El escenario más negro que se admitió fue la nula posibilidad de perseguir la responsabilidad civil en la ocultación de los bienes del general (r) por parte del Banco de Chile, el ex albacea Óscar Aitken y Lucía Hiriart de Pinochet.
La Fundación Presidente Allende, de España, interpuso esta acción judicial ante el 5° Tribunal del Distrito de Nueva York, por el incumplimiento del embargo internacional que decretó el juez español Baltazar Garzón sobre los bienes del ex uniformado.
Sin embargo, tras su muerte, Pinochet no podrá ser condenado en ausencia por el magistrado, pues también se aplica la figura del sobreseimiento definitivo. Ante ello, es muy difícil que se pueda acreditar la responsabilidad del general (r) en delitos contra la humanidad, por lo cual la elusión del embargo quedaría sin posibilidades de ser sancionada.
Este proceso, para perseguir la responsabilidad de la institución financiera se inició porque -al contrario del Banco Riggs-, ésta no quiso llegar a acuerdo con la organización encabezada por Joan Garcés para hacer frente al pago de indemnizaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el mencionado tribunal estadounidense desestimó tramitar la demanda en virtud de que la responsabilidad de Pinochet no estaba debidamente aclarada. Esa decisión se encuentra apelada, ante la correspondiente magistratura de alzada, pero se dijo que en la medida que no vaya a existir condena contra el ex uniformado, habrá carencia de argumentos legales para que esa determinación cambie.
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