Cercanos al jefe policial reconocen que mantuvo una reunión con el general Miguel Trincado, pero aseguran que nunca se le pidió alterar un informe sobre el caso »retiro de televisores» en Calama. Por otra parte, la dirección del organismo dispuso un sumario interno para establecer quién o quiénes fueron las fuentes del artículo de El Mostrador.cl y no sobre la veracidad del mismo.
Pese a que el director nacional de la policía de Investigaciones, Arturo Herrera, hasta ahora no ha aceptado otorgar un entrevista para referirse a las indagaciones de supuestas presiones que eventualmente pudo haber ejercido sobre sus subalternos, a quienes habría ordenado modificar un informe policial, cercanos al alto funcionario dieron a conocer la que sería su versión sobre los hechos de los que informó El Mostrador.cl.
En tanto, durante las primeras horas de la mañana de este jueves, el jefe de la policía civil sostuvo un encuentro con el ministro del Interior, Belisario Velasco, en el palacio de La Moneda. Si bien no hubo versión oficial sobre el encuentro, se dice que en dicha reunión se habría abordado esta materia.
Versión de sus cercanos
Fuentes cercanas a Herrera afirmaron que los hechos se desencadenaron de la siguiente forma: El 7 de noviembre de 2005 salió un artículo de prensa que contenía extractos de una orden de investigar perteneciente al caso «retiro de televisores» (traslado de cuerpos de detenidos desaparecidos), en Calama -sustanciado en ese entonces por el ministro Víctor Montiglio-, el cual reproducía los dichos de un suboficial (r) del Ejército que involucraba en dicho operativo al general activo de la misma institución, Miguel Trincado.
Posteriormente, sería efectivo que Herrera sostuvo una reunión con el mencionado uniformado, no desmintiéndose que esta cita se llevara a cabo en la residencia del jefe policial.
Sin embargo, se aclaró que en ese encuentro nunca se le habría solicitado modificar el informe que mencionaba al alto militar, sino que se le habría hecho presente la necesidad de aclarar dónde se produjo la «filtración» del documento, sobre todo en un período en que se estaba discutiendo la conformación del alto mando del Ejército y esta información dañaba la imagen de Trincado.
Asimismo, se afirmó que incluso existen pruebas documentales que acreditarían el verdadero motivo de esa conversación: dos cartas, una firmada por el propio Trincado y otra por su abogado, Luis Valentín Ferrada, que con fecha 9 de noviembre de 2005 le representaron el reclamo por la filtración del informe.
Al ser consultada esta fuente en relación a por qué entonces Herrera no dispuso que se abriera una investigación interna o, en su defecto, no procedió a remitir las presentaciones para que el tribunal a cargo del caso esclareciera el tema, la fuente consultada dijo desconocer cuáles fueron los motivos para que eso no se concretara, pero explicó que son «miles» los reclamos similares que llegan a manos del director y que éste fue tomado como «uno más».
Incompatibilidad de fechas
Por otra parte, se dijo que la controvertida orden de investigar fue entregada al tribunal el uno de julio de 2005, al ministro Montiglio, por lo cual se explicó que en noviembre de ese mismo año era «imposible» que el director de Investigaciones haya podido tener injerencia sobre las conclusiones del documento.
Además, se recalcó que a más de cuatro meses de entregado dicho informe es materialmente inverosímil que se hubiera ordenado cambiar parte del escrito, o modificar las conclusiones sin tener ninguna orden por parte del tribunal respectivo.
Cabe recordar que este proceso judicial permaneció varios meses sin un juez titular definitivo, a raíz de la incompetencia declarada por Montiglio y, luego, la jubilación de la primera ministro de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que fue designada para instruirlo.
Junto a ello, también se confirmó que el jefe de gabinete del director, Claudio Preller, citó a una reunión al subjefe de la BAES, Abel Lizama, pero que en la cita sólo se abordó el problema de la filtración. Según se afirmó, el objetivo de la reunión fue hacer una pequeña indagación interna sobre cómo el documento llegó a manos de la prensa.
Por otra parte, se sostuvo que Preller no recordaría haber sostenido ninguna conversación telefónica con el jefe de la Brigada de la época, Sandro Gaete.
Por último, esta fuente conjeturó que «detrás de todo esto» estaría el jefe contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, Rafael Castillo, ya que constituiría una suerte de «revancha» contra el director nacional.
Ante esta acusación, este medio se ve en la obligación y el deber ético de señalar que Castillo no fue en ningún caso consultado en el marco de esta investigación periodística.
Sumario interno
Pese a que en la época de la filtración del que se ha transformado en el «informe de la discordia» no hubo ninguna premura para realizar una investigación interna que aclarase el hecho, esta vez sí la dirección institucional actuó raudamente para abrir un sumario interno que establezca quién o quienes habrían sido las fuentes de la información publicada en este medio digital.
En ese marco, algunos de los policías mencionados en el artículo fueron citados el miércoles de esta semana a las oficinas del subdirector policial, Fernando Ilabaca, quien tiene a su cargo la instrucción del sumario.
Los convocados debieron declarar durante dicho encuentro, en el cual -según trascendió- se les habría aclarado que este proceso administrativo no apunta a dilucidar si la información publicada por El Mostrador.cl es verídica o falsa.
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