Alejandro Mourkazel, ex vendedor de la empresa AMT, aún no ha comparecido ante la justicia y su relato resulta imprescindible para esclarecer la existencia de facturas de la empresa fantasma, en las rendiciones de los dos candidatos de RN, Sebastián Piñera y Lily Pérez. En la arista Chiledeportes, el abogado de Juan Michel informó que se abrió un sumario contra los fiscales Jacir y Fodich.
Aunque existen una serie de diligencias pendientes en la investigación judicial en torno a las rendiciones de gastos electorales por parte de los ex candidatos de RN, Sebastían Piñera y Lily Pérez, lo cierto es que el testimonio del ex supuesto vendedor de AMT, Alejandro Mourkazel, resulta vital para esclarecer la existencia de dos facturas de Publicam entre los documentos que presentaron ante el Servicio Electoral (Servel).
Querellantes del caso -encabezados por Iván Millán, de la Fiscalía Centro Norte- reconocen que éste ha sido el factor primordial que ha entorpecido el desarrollo de estas indagaciones, en comparación al caso del senador PPD Guido Girardi, arista en la que está procesado su ex jefe administrativo de campaña, Ricardo Farías, así como el abogado de la tienda, Dante Leoz.
Pero, hasta el momento, Mourkazel es otro de los que no ha podido ser ubicado por la policía de Investigaciones. El sujeto ha sido mencionado como quien intermedió en el arrendamiento de tres carteles publicitarios a los comandos de Pérez y Piñera, cerrando el supuesto negocio con el comando de la ex parlamentaria.
Administradores de campañas
Según ha trascendido, el administrador de la campaña de Sebastián Piñera, Roberto Osandón Irarrázabal, sostuvo que para enfrentar las elecciones al interior de RN se hizo una suerte de acuerdo de publicidad compartida, en el caso de los afiches en que aparecía el entonces candidato presidencial con algún postulante a parlamentario por la zona respectiva.
En ese orden, sostuvo que la gestión para el arrendamiento de esos tres letreros a AMT la llevó a cabo el comando de Lily Pérez. Entrevistadas a las otras personas que trabajaron en el citado comando confirmaron la versión.
Esta consiste en que efectivamente el pago de 3.927.000 pesos, rendido con la factura n° 571 de Publicam, efectivamente se hizo, mientras que el cuestionado documento lo hizo llegar el otro comando.
Por su parte, el jefe administrativo de la campaña de Pérez, Juan González Aguiló, sostuvo que el arrendamiento de esos tres letreros publicitarios se hizo por medio de Mourkazel. Este sujeto se habría presentado en el comando para ofrecer plazas disponibles para este tipo de carteles, a nombre de la empresa AMT. Luego de ello, envió a un vendedor que entregó una presentación en power point de los sitios vacantes.
Luego de ello se cerró el trato para instalar publicidad en el Paseo San Damián, Bilbao con Las Carretas y la entrada de San Jozé de Maipo, pactándose la entrega de dos facturas por la mitad del monto total de cada una.
Gonzalez afirmó que la factura n° 572, del 7 de diciembre de 2005, fue pagada con tres cheques de una cuenta personal de Lily Pérez, abierta para administrar los gastos de la campaña, y además se hizo llegar el contrato que se suscribió para tal efecto. Respecto a que el documento no fuera de AMT, sino de Publicam, sostuvo que no les llamó mayormente la atención, ya que era una entidad también del rubro publicitario.
Según se estableció, finalmente AMT recibió sólo 2.618.000 pesos por este servicio, mientras que las dos facturas de Publicam que entregó Mourkazel sumaron 7.854.000 de pesos. En ese sentido, se deduce que este individuo recibía una suerte de comisión por los servicios de AMT que ofertaba. Por ello se piensa que su vinculación con Arancibia puede incluso ser indirecta.
Si bien se atribuye que Mourkazel no ha comparecido ante el fiscal Iván Millán es posible que tenga temor a enfrentar un proceso anterior que existe en su contra, por el delito de manejo en estado de ebriedad. También se reconoce que el sujeto no tiene ningún tipo de antecedente penal anterior a esto y es de clase social alta, por lo cual su vinculación sólo podría haber sido eventual en el uso de las facturas falsas, viendo en esto una posibilidad de hacer dinero fácil.
Sumario en la Fiscalía
Por otra parte, en la arista Chiledeportes, la defensa del ex director metropolitano de la entidad, Juan Michel, informó que el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, acogió la petición de investigar a los fiscales Francisco Jacir y Vinko Fodich, quienes , hasta este martes, estuvieron encargados de la investigación judicial sobre los falsos proyectos financiados durante la gestión de su cliente.
El abogado Rodrigo Gómez explicó que el pasado 13 de diciembre solicitó ante Piedrabuena abrir un sumario administrativo para investigar las posibles faltas, irregularidades y delitos en que podrían haber incurrido los funcionarios en el marco de esta investigación judicial, ya que -a su juicio- habrían incurrido en acciones que podrían estar alterando el curso de la misma.
En todo caso, el vocero del ministerio Público, Hernán Fernández, aclaró que "no existe cuestionamiento al trabajo" de ambos. Junto a ello, sostuvo que "el propio Fiscal Nacional está autorizando a (Xavier) Armendáriz -designado fiscal especial para el tema- a que trabaje con los fiscales que actualmente están a cargo de la investigación. Y tenemos información que se trabajará con ellos".
No obstante, el abogado de Michel precisó que el ministerio Público tiene la obligación de abrir este sumario porque la ley así lo obliga. El profesional explicó que los dos fiscales habrían incurrido en una serie de irregularidades, como la existencia de dos declaraciones del ex fiscalizador de Chiledeportes, Juan Negrete, en el mismo día e igual hora, ó la forma en que se realizó la detención de su cliente, a través de la intervención de una conversación telefónica que sostuvieron ambos, lo cual viola el derecho a su secreto profesional.
Asimismo, Gómez acusa a Fodich de tener vinculaciones de amistad e ideológicas con dos abogados del PPD, por lo cual aduce que existiría falta de imparcialidad en su proceder, lo cual justificaría que en la investigación sólo se haya formalizado a militantes de la DC, y de ningún otro partido.
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