Aunque el fallecido ex militar enfrentó diversos procesamientos por violaciones a DDHH y enriquecimiento ilícito, su responsabilidad penal no alcanzó a ser probada. El año también estuvo marcado por el debate sobre la amnistía, errores en la identificación de desaparecidos, y casos que complicaron al Ejército. Ahora la atención se centra en las indagaciones por corrupción gubernamental.
Fue la noticia más importante a nivel nacional de los últimos doce meses. El fallecimiento del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, a los 91 años, tras sufrir un infarto al miocardio, el pasado 10 de diciembre, se transformó en el acontecimiento que acaparó más portadas y ediciones especiales de los distintos medio.
Pese a todos los antecedentes acumulados a lo largo de una serie de investigaciones, los tribunales de justicia no alcanzaron a comprobar judicialmente la responsabilidad penal del fallecido uniformado en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen, así como el posible enriquecimiento ilícito.
De esta manera, tras su deceso los diferentes magistrados comenzaron a dictar los sobreseimientos definitivos del ex uniformado, quien enfrentaba cargos en el marco de los casos Operación Colombo, Villa Grimaldi, Caravana de la Muerte y Riggs.
La soledad de Pinochet
En enero, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó un total de nueve procesamientos como autor de secuestro calificado contra Pinochet en el marco del caso Colombo, mientras que el ministro del caso Riggs, Carlos Cerda, encausó por evasión tributaria y falsificación de pasaportes a todo el clan del ex militar.
Lo último dio lugar a uno de los hechos más llamativos que han sucedido en el desarrollo de este caso: la huída de la hija mayor de Pinochet, Lucía, a Argentina y posteriormente a Washington, Estados Unidos, donde intentó pedir asilo político para evitar presentarse ante la justicia chilena.
Tras permanecer un par de días recluida en un centro de detención para inmigrantes, donde fue atendida como una interna más, Lucía decidió volver al país, donde al día siguiente de ser notificada por el magistrado de los cargos en su contra, fue puesta en libertad bajo fianza.
Pero las arremetidas de las defensas de los procesados en este caso, principalmente la de Pinochet y su ex albacea Óscar Aitken, lograron que en febrero de este año Cerda quedara inhabilitado de seguir tramitando el caso. Luego de ser desechada las presentaciones, el juez reasumió la investigación en el mes de abril.
En junio último, el abogado Pablo Rodríguez interpuso una nueva implicancia contra el magistrado, razón por la cual éste fue nuevamente alejado del caso a partir de agosto, situación que perdura hasta la fecha. En síntesis, el expediente por los millonarios depósitos del ex comandante en jefe del Ejército sólo permaneció cinco meses en manos de Cerda, lo que ha entorpecido la dictación de nuevas resoluciones de fondo.
En todo caso, ése fue el único triunfo obtenido durante este año por la defensa del fallecido general (r), ya que todos los procesamientos dictados contra Pinochet que fueron revisados por el tribunal de alzada capitalino fueron confirmados.
Incluso, el primer y único encausamiento por torturas que se alcanzó a dictar en su contra, por los delitos cometidos en el centro de detención de Villa Grimaldi, así como por dos secuestros y homicidios en Caravana de la Muerte. Curiosamente, éste fue el último procesamiento del ex militar y, además, fue el primer caso por el que fue desaforado por violaciones a los derechos humanos, en 2001, aunque luego sería absuelto por razones de salud.
Estocadas y misterioso oro
A eso se suma la fuerte revelación que hizo en mayo pasado el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (r) Hernán Ramírez Rurange, quien afirmó ante el ministro Alejandro Madrid que Pinochet dio la orden para sacar del país al ex químico de la DINA Eugenio Berríos, para evitar que declarara en el caso por la muerte del ex canciller Orlando Letelier, a fines de 1991.
Esto se interpretó como un quiebre del pacto de silencio referido a las acciones que llevó a cabo el Ejército durante los primeros años del retorno a la democracia, con el fin de obstruir la justicia. Asimismo, Ramírez Rurange acusó al ex Auditor General del Ejército general (r) Fernando Torres Silva, de ser el gestor de la llamada «Operación Silencio» o «sistema de control de bajas».
En julio de este año, Pinochet volvió a sufrir una estocada por parte de sus ex cercanos colaboradores. Óscar Aitken presentó una demanda en su contra por el cobro de honorarios impagos, mientras que el ex jefe operativo de la DINA Manuel Contreras, entregó al ministro Claudio Pavez -encargado del caso Huber- donde sostuvo que Marco Antonio Pinochet y Berríos fabricaron cocaína incluso en dependencias del Ejército, vinculando la fortuna de dicha familia al tráfico y a la compra y venta de armas.
Durante octubre, la figura del ex dictador volvió a adquirir relevancia a través de la llegada de un escrito presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) donde informaba al tribunal acerca de antecedentes sobre la posible existencia de 9,6 toneladas de oro pertenecientes al ex uniformado, en el Hong Kong Shangai Bank (HSBC).
Sin embargo, luego que se objetara la veracidad de los documentos, por medio de una contestación oficial de la mencionada entidad financiera, se espera la llegada del exhorto enviado a Alemania, para ver la postura de la aseguradora de los títulos, con el fin de iniciar la investigación sobre la posible existencia de un montaje tras este escándalo.
Avances en DDHH
En cuanto a otros casos por violaciones a los derechos humanos, en abril de este año, el ministro Jorge Zepeda procesó a un total de 18 personas, entre ex jerarcas de la Colonia Dignidad y ex agentes de la DINA, por el delito de asociación ilícita. Encabezaron esta lista Paul Schaefer y Manuel Contreras.
Por otra parte, ese mismo mes, la justicia uruguaya accedió a extraditar a tres oficiales de su Ejército a Chile por su presunta responsabilidad en el crimen de Berríos. De esta forma, Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli han permanecido hasta ahora en territorio nacional, en virtud de los procesamientos por asociación ilícita y secuestro que pesan en su contra.
Junto a ello, durante ese mes el Servicio Médico Legal (SML) entregó un informe al ministro Carlos Gajardo en el que se reconoció que se habían cometido errores en la identificación de, al menos, 48 cuerpos encontrados en el Patio 29 del Cementerio General, desatando un verdadero escándalo por una realidad que se intentó ocultar por muchos años.
Este acontecimiento generó un riguroso proceso de acreditación y capacitación destinado a los funcionarios del organismo forense, así como agilizó el proceso que dormía en la Contraloría en contra de los ex directivos de la institución, a quienes se les comprobaron diversos cargos por irregularidades administrativas.
En mayo, la Corte Suprema da una fuerte señal al revocar la aplicación y la amnistía en el caso de la desaparición de la estudiante Jacquelinne Binfa, militante del MIR detenida por agentes de la DINA en agosto de 1974. Si bien el máximo tribunal desestimó sancionar a los ministros que absolvieron a los involucrados, dejó establecido que el secuestro permanente es un crimen imprescriptible e inamnistiable.
Asimismo, Paul Schaefer fue condenado por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González, por 21 abusos sexuales y cuatro violaciones sodomíticas en contra de menores, a 20 años de presidio efectivo y al pago de $ 770 millones en indemnizaciones a sus víctimas.
Además, el máximo tribunal confirmó las condenas a prisión efectiva en contra de la cúpula de la ex DINA por el secuestro calificado de la estudiante de periodismo y militante del MIR Diana Arón, cuya detención ocurrió en 1974 y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.
En julio, el ministro Alejandro Madrid, previa autorización de la alta magistratura, viajó a Washington, EEUU, a interrogar al ex agente de la DINA Michael Townley, en el marco del caso Berríos. Sin embargo, también con miras a recabar mayores antecedentes sobre los motivos de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, cuyo deceso podría corresponder a la intervención de los organismos de seguridad del régimen militar.
Un mes después, las defensas de militares procesados por causas de violaciones a los derechos humanos intentaron inhabilitar al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema Alberto Chaigneau, esgrimiendo que el juez se ha manifestado públicamente en contra de la amnistía y la prescripción de estos ilícitos, pero la presentación fue rápidamente desechada.
En tanto, durante octubre tuvieron lugar dos importantes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre hechos acontecidos en Chile. El primero se relaciona con el cierre definitivo de un proceso judicial por la ejecución de Luis Almonacid Arellano, cuyo caso fue cerrado por los tribunales nacionales al aplicar la Ley de Amnistía.
Sin embargo, la CIDH acogió la demanda interpuesta por la familia de la víctima en contra del Estado chileno, junto con sugerir la necesidad que nuestro país implemente mecanismos para evitar la aplicación de esa norma, que atenta contra los principios de los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por Chile.
El segundo caso fue por una demanda por negación de información pública, interpuesta por Marcel Claude -en representación de la Fundación Oceana- a raíz de la negativa del Estado a entregar antecedentes sobre la forestal Trillium. La instancia internacional determinó que este hecho había violado el derecho de acceso a la información pública.
Sin embargo, ha sido durante este último mes donde el mundo de los DD.HH. ha sido remecido con las acusaciones que existen contra el director nacional de Investigaciones, Arturo Herrera, a quien se le imputa haber ejercido presiones sobre la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH (BAES) para cambiar un informe policial y desvincular al general (r) Miguel Trincado del caso «Operación Retiro de Televisores" en Calama.
Este episodio aún no es aclarado ni política, ni judicialmente, y seguramente será uno de los temas que deberán zanjarse durante este 2007.
En el último día judicial de 2006, el ministro en visita Haroldo Brito aplicó altas condenas a los ex agentes de la Brigada Azul de la ex CNI, encabezados por Álvaro Corbalán, debido a la ejecución del periodista José Carrasco y otros tres profesionales, asesinados en represalia al atentado sufrido por Pinochet en 1986.
Casos militares
Desde enero comenzó a posicionarse una arista judicial del caso Riggs que tomó vuelo propio, generando incomodidad sobre todo para la imagen y las relaciones internacionales de Chile. El llamado cuaderno Ecuador, expediente que investiga los hechos relativos a la venta de armas por parte de Famae al Ejército ecuatoriano, cuando dicho país enfrentaba una guerra con Perú.
Finalmente, este proceso quedó en manos de un ministro en visita designado por la Corte Marcial, Joaquin Billard, quien ha dilucidado varios aspectos importantes de esa transacción. Como por ejemplo, el decidor hecho de que ninguno de los que intervinieron recibieron pagos o comisiones ilegales por ello.
Pero sin duda en febrero se filtró una información que el Ejército trató de mantener en absoluta reserva y que se relacionaba con la desconocida historia sobre los reales motivos de un accidente en la Antártica, donde fallecieron tres uniformados, en septiembre de 2005.
Si bien, hasta ese entonces sólo se sabía que este hecho fue fortuito, la justicia militar develó una complicada trama de negligencias que ha significado el procesamiento del ex comandante y vicecomandante de la unidad, por cuasi delito de homicidio, incumplimiento de deberes militares y falsificación de instrumento público.
En ese mismo mes, a petición del Consejo de Defensa del Estado, el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago envió un oficio a Bruselas, Holanda, para evaluar la conexión entre las coimas que se pagaron por la compra de 25 aviones Mirage, por parte de la FACH, con las cuentas de Pinochet en el extranjero.
Esta información generó, a su vez, la reactivación de este proceso judicial que avanza rápidamente y en el cual incluso ya compareció el ex comandante en jefe de la rama castrense al momento de la compra, general (r) Ramón Vega.
En marzo, el ministro Claudio Pavez dictó procesamientos contra cinco ex oficiales del Ejército por el asesinato del coronel Gerardo Huber, quien habría sido eliminado para obstruir la investigación por la venta ilegal de 11 toneladas de armas a la ex Yugoslavia en 1981.
Tres meses después, el ministro Alejandro Solís procesó a cinco ex miembros de las FFAA y dos civiles por este negocio ilegal, luego de que la investigación tramitada durante 13 años en la justicia militar fuera reabierta por la Corte Marcial en 2005.
Corrupción en el gobierno
En marzo hizo noticia el caso MOP-Gate, a través de las primeras condenas dictadas por la jueza Gloria Ana Chevesich contra el ex jefe de Finanzas de Vialidad Sergio Cortés, el ex contador de GATE Luis Jara Núñez y el contratista Nelson Parra, por las obras de remodelación de las oficinas del Ministerio. Sólo se les aplicó pena remitida.
Tres meses después, la magistrado sancionó al ex titular del MOP Carlos Cruz con cuatro años de presidio remitido, al encontrarlo culpable de los cargos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, por el desvío de 39 millones de pesos hacia sus cuentas personales.
Adicionalmente, Chevesich dictó penas de 541 de libertad vigilada para el ex jefe de Finanzas de la Dirección de Vialidad del MOP Sergio Cortés y de tres años de la misma condena para el dueño de la empresa involucrada en el ilícito, Raúl Herrera.
En tanto, en abril la jueza dictó acusación contra Matías de la Fuente, sobrino político del ex Presidente Ricardo Lagos, manteniendo sólo el cargo por falsificación de instrumento público, en la arista denominada MOP-Délano. El cargo fue confirmado por la Corte de Santiago.
Además, en agosto pasado Chevesich procesó al ex subsecretario de Transportes y entonces presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Guillermo Díaz, por el delito de fraude al Fisco. Según la jueza, en el convenio para realizar una encuesta de opinión denominada «Plan de Transporte y Descontaminación de Santiago», suscrito el 30 de marzo de 1998, Díaz se habría beneficiado con un monto aproximado de $ 8,2 millones, que fueron devueltos por la consultora después de realizar el trabajo, en la llamada arista MOP-Foro.
Este encausamiento contra Díaz también fue confirmado por el tribunal de alzada capitalino.
Pero, además, hay más casos que están complicando la administración de Michelle Bachelet, como por ejemplo el proceso que instruye el fiscal jefe de la Quinta Región por los llamados empleos brujos, en donde se investiga la posible desviación de dineros públicos hacia las campañas de la Concertación.
Si bien este proceso judicial se inició durante las elecciones de 2005, cuando el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció estos hechos contra el comando del diputado electo, Marco Enríquez Ominami (PS), el caso comenzó a cobrar relevancia cuando se conformó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y en agosto, cuando el Ministerio Público pidió la formalización del diputado Rodrigo González (PPD) y, luego, de Laura Soto (PPD).
Ambas solicitudes no se han concretado todavía, a raíz de una presentación hecha por cada uno de los afectados ante el Tribunal Constitucional (TC), donde argumentan que este procedimiento sería inconstitucional ya que no respeta el fuero con que están investidos.
Al margen de las otras formalizaciones, el senador UDI Jorge Arancibia pidió ala Fiscalía que cite a declarar al ex administrador de campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, debido a los testimonios de brigadistas del comando de la ahora mandataria que afirman que se les pagó con fondos de los Programas de Generación de Empleos (PGE).
En tanto, en octubre estalló el denominado caso Chiledeportes, a raíz de un informe de la Contraloría que confirmó la existencia de una serie de irregularidades financieras en la asignación directa de fondos a proyectos deportivos, durante el año 2005. Estas anomalías se habrían acrecentado en el período preelectoral.
En noviembre último, los fiscales de la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizaron al ex director metropolitano del organismo, Juan Michell, -considerado un operador político al interior de la DC- a su ex jefe de gabinete David Navarro, a Mario Salazar, primo de Michel, y Luis Jofré, un funcionario de la oficina del Servicio de Impuestos Internos (SII) de San Bernardo.
Asimismo, se formalizó al alcalde de Isla de Maipo, David Morales, y otra funcionaria municipal, así como a otro de los gestores de proyectos falsos, Claudio Briones.
Por otra parte, a fines de octubre estalló el llamado caso Publicam, luego que se estableciera que la mencionada firma era una entidad fantasma destinada a defraudar al Fisco a través de la venta de IVA. Lo grave del episodio es que facturas de la empresa aparecieron en las rendiciones de cuentas de los candidatos Sebastián Piñera, Lily Pérez y Guido Girardi Lavín.
En esta arista, a cargo de la Fiscalía Centro Norte ya están formalizados el asesor del cerebro de decenas de sociedades falsas, Federico Soto, el funcionario del SII, Luis Jofré, el ex administrador de la campaña de Girardi, Ricardo Farías, el abogado PPD Dante Leoz, mientras que aún permanece prófugo el cerebro de las sociedades fantasmas, Manuel Arancibia.
