Tras la decisión de la Quinta Sala de la Corte de Santiago aún enfrentan cargos en su contra Augusto, Lucía y Marco Antonio Pinochet Hiriart, además del ex albacea Oscar Aitken y la secretaria del fallecido uniformado, Mónica Ananías. En tanto, para su contraparte, los delitos tributarios y de falsificación son sólo aristas accesorias del tema principal: aclarar el origen de la fortuna de Pinochet.
La decisión de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto a revocar la mayoría de los procesamientos que se han dictado en contra de los miembros de la familia Pinochet, generó un dispar panorama entre abogados querellantes y defensores.
Mientras los últimos celebraron como una gran victoria el pronunciamiento judicial, los primeros reiteraron que el caso seguirá en su fase más importante: aclarar el origen de los más de 27 millones de dólares que Augusto Pinochet logró acumular principalmente en el extranjero, lo cual podría configurar los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
Este jueves la mencionada instancia del tribunal de alzada dejó sin efecto los encausamientos como cómplices del delito tributario cometido por el ex militar en contra de su viuda, Lucía Hiriart Rodríguez, su hijo menor, Marco Antonio, y su ex secretaria privada, Mónica Ananías.
Esta decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Haroldo Brito, quien explicó que a su juicio «estos son actos de colaboración que son los que permiten la ejecución del delito y estas personas han desarrollado actos de complicidad, ese es el punto».
En tanto, el tribunal de alzada también absolvió a la esposa de Marco Antonio, María Soledad Olave, del cargo de autora de evasión tributaria, mientras que a él y su hermana María Verónica, junto a la ex funcionaria del Registro Civil Erica Stemann, les revocó los procesamientos por la falsificación y uso de pasaportes, los cuales fueron sustraídos ilegalmente de la mencionada repartición.
De esta forma, aún quedan imputados en este proceso Augusto Pinochet Hiriart (por pasaportes), su hermana Lucía (como autora de evasión y pasaportes), Marco Antonio (como autor de delito tributario), Mónica Ananías (como autora de evasión) y Óscar Aitken, el ex albacea del uniformado, quien enfrenta cargos como cómplice y autor de evasión fiscal.
Pedirán incompetencia
En este nuevo panorama, trascendió que la defensa de Marco Antonio Pinochet pedirá la incompetencia del tribunal de fuero, cuyo ministro titular -Carlos Cerda- se encuentra temporalmente inhabilitado debido a una recusación que se encuentra tramitándose desde agosto pasado.
Según se explicó, el hecho de que este hijo del ex comandante en jefe del Ejército ya no esté vinculado a los delitos que se le imputan a su fallecido padre permite que su caso sea visto por un juzgado del Crimen ordinario, por lo cual solicitarán la desacumulación del proceso.
«Se demostró que nuestros argumentos de fondo eran suficientes para revocar los autos de procesamientos. A Marco Antonio no le cabe ninguna responsabilidad en los delitos de evasión que se le atribuyen al ex Presidente Pinochet (…) Respecto a su autoría personal, no dice relación con la causa Riggs», sostuvo Luis Pacull, uno de los abogados del hijo menor.
Consultado al respecto, el abogado Luis Ortiz de Fillipi, quien representa a Lucía Pinochet, dijo estar esperanzado en que los procesamientos que pesan contra su clienta también serán anulados en segunda instancia.
El principal argumento que utilizará para ello es que, hasta la fecha, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no ha presentado querella nominal en contra de Lucía, mientras que tampoco se cumplió con el requisito formal de tomarle declaración indagatoria antes de ser encausada.
Por su parte, la defensa de la otrora secretaria de Pinochet, Mónica Ananías, explicó que ahora se abocarán a explicar las diferencias en las declaraciones de renta ante el SII con el fin de justificar los dineros que no fueron incluídos y anular los cargos de evasión que se le imputan.
Otros delitos
Como contrapartida, fuentes de los organismos querellantes en el caso aseguraron que aún no se puede decir que el caso Riggs llegó a su término, dado que aún quedan dos aristas que son las principales para aclarar el origen de la fortuna del ex uniformado: la malversación de caudales públicos y la negociación incompatible.
La primera de ellas se refiere a los antecedentes que están acreditados respecto al desvío de fondos reservados a las cuentas personales de Pinochet, mientras que el segundo también se refiera a los depósitos recibidos por parte de empresas fabricantes de armamento que en su momento vendieron equipamiento a las Fuerzas Armadas chilenas.
Para esta parte, lo único que ha quedado de manifiesto en el transcurso del proceso es la nula voluntad de los tribunales superiores de esclarecer este caso, dado que han acogido todas las presentaciones de las defensas tendientes a entorpecer su tramitación. Cabe recordar que, en el último año, Cerda ha estado siete meses marginado de la investigaciones, debido a recursos que finalmente se han desestimado.
Por su parte, Alfonso Inzunza -querellante particular- manifestó su absoluto desacuerdo con esta revocación de procesamientos, estimando que «esto tiene que ver con que el proceso está paralizado, a la lentitud de la justicia y a la ausencia de un ministro titular que no permite seguir investigando».
A su juicio, en este caso ya están acreditados le existencia de los delitos de malversación y negociación incompatible, así como también las responsabilidades en los que colaboraron en ellos, entre los cuales también se contaría a más de algún familiar directo de Pinochet.
No obstante, sostuvo que «ha existido un impedimento procesal de investigar y la Quinta Sala ha accedido a eso, no ha dejado avanzar al ministro Cerda. Esperamos que al menos en estos delitos que quedan se pueda llegar a condenar a los responsables».
Por otra parte, Inzunza consideró que el embargo decretado sobre los bienes del fallecido uniformado «no se puede alzar hasta que no se demuestre el origen legal de los mismos y, en caso de ser parte de la herencia, los destinatarios tendrán que asumir el perjuicio fiscal que se ha cometido».
Reunión suspendida
En otro de los flancos de este caso, los abogados del clan Pinochet decidieron suspender una reunión programada para este miércoles en la cual analizarían el escenario judicial que enfrentan, con miras a iniciar el trámite de herencia y pedir el alzamiento del embargo sobre los bienes de la familia.
No obstante, como el encuentro se filtró a un medio de prensa, los abogados de la viuda de Pinochet, así como de su hijo Marco Antonio, decidieron no realizar la reunión, dado que la exclusión del resto de los herederos podría generar fuertes roces familiares. Aún cuando en un principio se había optado por desmentir categóricamente esta información, eso no se concretó.
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