Pleno del máximo tribunal nominó a un grupo de magistrados para que inicien estudio, junto al ministro de Justicia, Isidro Solís, de los temas pendientes. Sin embargo, reiteró su molestia por las declaraciones del Ejecutivo, al que acusó de »ignorar» el proceso de modernización que ha llevado adelante en los últimos años en la labor de los tribunales.
«Más allá del manejo de datos, cifras y plazos y de referencias a los esfuerzos y gastos efectuados en los últimos años en la reforma procesal penal, las observaciones del Ministerio confirman que los planteamientos que le formuló esta Corte sobre los graves problemas que afectan actualmente a la Justicia, tienen pleno asidero en la realidad de los hechos", agrega.
En su misiva, recuerda que la Mesa Judicial fue convocada en 2003, donde se acordaron diversos proyectos de ley, con miras a avanzar en varios rubros de la modernización del Poder Judicial, y que fueron enviados al Congreso en enero de 2005, por lo que considera "sorprendente y desalentador" que estos temas pasen a ser sólo la base de la revisión que realizaría el Gobierno.
"La Corte Suprema debe renovar sus inquietudes en torno a los problemas consignados en su comunicación anterior, frente a la respuesta del Ministerio de Justicia. Estima, al afecto, que la gravedad y urgencia de las situaciones señaladas por este Tribunal no requieren de mayores estudios o evaluaciones ni de nuevas postergaciones, sino de acciones definidas y oportunas", afirma.
Asimismo, el máximo tribunal recalca al secretario de Estado «la conveniencia y necesidad de establecer en un término prudencial un procedimiento de trabajo y colaboración mutua, para abordar en conjunto la solución de todos los asuntos enunciados en su comunicación, porque así lo requieren las necesidades impostergables de la ciudadanía y del Poder Judicial en estas materias».
Fusiones y nombramiento de jueces
Aunque lamenta que en la misiva del secretario de Estado tampoco se indique «alguna acción concreta para avanzar en la solución de tales situaciones", estimó que algunos aspectos del oficio de Solís sí dan lugar a una serie de "rectificaciones y alcances".
En esa línea, la Suprema aclaró que ningún órgano del Poder Judicial propuso un proyecto para fusionar tribunales de la Región Metropolitana en cinco o cuatro grandes tribunales de Garantía o de Juicio Oral, precisando que sólo fue un planteamiento del Ministerio de Justicia en cuyo análisis intervino en un comienzo la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
«Una vez que las autoridades superiores de este organismo tuvieron conocimiento de la iniciativa, ella se descartó de plano al punto que ni siquiera se trató en su Consejo. Porque la fusión planteada congestionaría inevitablemente el trabajo de tribunales que funcionaban sin mayores tropiezos, a diferencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya envergadura entraba su actividad", sostuvo.
Y agregó que ello motivó a que «esta Corte Suprema recabara la creación de una nueva Corte en la jurisdicción, de modo que establecer cuatro "megatribunales" criminales en la Región contradecía la experiencia y una lógica elemental».
Asimismo, aclaró que tampoco ha cuestionado que la creación o supresión de los cargos de jueces es materia de ley, es decir, de decisión de los otros Poderes del Estado. «Lo que si ha observado es que en los nombramientos para proveer esos cargos constitucional y legalmente intervienen esta Corte y las Cortes de Apelaciones, de suerte que el ejercicio de sus facultades no puede condicionarse a informes de organismos administrativos, como lo dice el artículo 2° transitorio del proyecto que refuerza la Justicia de Familia", precisa.
Inversión
El máximo tribunal dice que tampoco desconocer que el «gasto efectuado por el Estado en las reformas procesal penal, de familia y laboral ha sido considerable y ha abultado el presupuesto judicial. Sin embargo, debe destacar que la inversión de ese gran volumen de recursos vino a morigerar el estado deficitario en que permanecieron durante largo tiempo todos los tribunales del país y que se manifiesta todavía en la desmedrada situación de los numerosos juzgados mixtos a cuya preterición se refirió su comunicado anterior».
«Ello, aparte que más que favorecer a los tribunales reformados, tales inversiones han tenido como beneficiarios finales a las personas a quienes el Estado debió siempre y debe facilitar un acceso digno a una Justicia eficiente y oportuna", agrega.
Falta de visión
Asimismo, lamenta las críticas de "falta de visión" respecto de los alcances de la modernización de la Justicia, pues a su juicio ello contrasta con en el reconocimiento de personeros de los Gobiernos y Ministros de Justicia anteriores, acerca del rol que «cumplieron significativamente» la Corte Suprema y el personal judicial en la puesta en marcha de las reformas.
«Tal aserto de la respuesta ministerial ignora igualmente la eficaz labor cumplida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, bajo la dirección de la Corte Suprema, no solamente en el oportuno y cabal apoyo logístico, equipamiento informático y procedimientos computarizados esenciales en la aplicación de las reformas, sino en la solución, de manera creativa y económica, de diversos problemas derivados de vacíos y carencias de las normativas que las establecieron, v. gr., en los sistemas de audio para el registro de audiencias orales, notificaciones y comunicaciones", sostiene.
Asimismo, sostiene que «esta actividad judicial permitió detectar y corregir los errores y falencias de las reformas, cuando ello estuvo al alcance del Poder Judicial, así como representar oportunamente los atrasos, debilidades y carencias de que ellas adolecieron, especialmente las relativas a la Justicia de Familia, de Cobranza Previsional y del Trabajo».
Aspectos positivos
En cuanto a los aspectos positivos de la misiva gubernamental, el Poder Judicial destacó que los establecimientos que integran la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) están en condiciones de recibir a todos los menores que sean objeto de medidas de protección y que, a su turno, la Corporación de Asistencia Judicial puede asumir la defensa de todas las personas que necesiten asesoría legal en asuntos de familia.
«Ambas situaciones generaban serios problemas, ajenas a los tribunales, que dificultaban la reforma de la Justicia de Familia, de modo que como consecuencia de estas informaciones, los tribunales podrán desde ahora proceder a derivar directamente al Servicio Nacional de Menores a quienes requieran de las mencionadas medidas y liberar a los abogados de turno de la carga de prestar sus servicios a las personas que necesiten de patrocinio letrados en materias de familia", afirma.
