Abriendo un manto de duda sobre los verdaderos alcances de la nueva propuesta mapuche entregada este jueves a la Presidenta Bachelet, la codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yánez, comenta la actual situación de las comunidades originarias, producto de los constantes hostigamientos judiciales y policiales que, a su juicio, escapan a toda legalidad.
A principios de diciembre el robo de seis computadores y un maletín con información confidencial sustraídos por desconocidos desde el interior de las oficinas que tienen en Temuco colmó la paciencia del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Una activa organización no gubernamental, encabezada -entre otros- por José Aylwin Oyarzún, hijo del ex Presidente de la República, que se dedica, como su nombre lo indica, a la defensa de los pueblos originarios.
Este hecho llevó a la directiva de la organización a entrevistarse el 28 de diciembre en La Moneda con el ministro del Interior, Belisario Velasco, para informarlo acerca de la real situación en la que se encuentran las comunidades indígenas y plantear la hipótesis de una intencionalidad política detrás del misterioso hurto.
A lo anterior se suma la reciente entrega (el jueves 4 de enero) a la Presidenta Michelle Bachelet de un paquete de propuestas por parte de los representantes de las Comunidades Mapuche desde Arauco a Chiloé, lo que despierta en un amplio sector de los pueblos originarios una luz de esperanza con respecto a la posibilidad de que sus reivindicaciones históricas sean atendidas. Sin embargo, este sentimiento de expectativa no es compartido por los miembros del Observatorio, quienes ven en dicha medidas sólo un acto político destinado a calmar el tensionado «frente indígena» ante las constantes promesas al respecto realizadas por la actual Presidenta, durante su candidatura presidencial.
En conversación con El Mostrador.cl, Nancy Yánez, codirectora del Observatorio, comentó su molestia producto de los constantes hostigamientos que, a su juicio, vive el pueblo indígena, la falta de un plan de acción claro y consecuente por parte del gobierno ante las reivindicaciones históricas de las comunidades y la necesidad de dar una rápida solución a los actos de ilegalidad en los que incurren, en ocasiones, los efectivos policiales de la zona.
–¿La idea de una intervención política ha sido planteada al gobierno?
– En un primer caso al intendente regional y luego al ministro del Interior. El primero más bien se desentendió de la situación y descartó tener conocimiento sobre algún hecho que pudiera sustentar esa hipótesis. Sin embargo, el ministro Velasco fue enfático en condenar los hechos.
–¿De dónde nace esta hipótesis?
– Se había hablado de una «operación paciencia» en la Araucanía, por lo que con esos antecedentes bien podríamos deducir que podríamos haber sido objeto de un acto de inteligencia. Por su parte, el ministro del Interior reconoció que efectivamente hay operativos de inteligencia enfocados a la región, pero que están destinados a evitar la comisión de delitos y no a cometer ilícitos.
–¿Cuál fue la actitud del ministro Velasco durante la reunión?
– Se comprometieron a velar para que las acciones de Carabineros se ajusten a los procedimientos legales. Para nosotros es de máxima preocupación lo que se da en La Aracaunia, donde los allanamientos han sido efectuados, en ocasiones, sin orden judicial, escapando de toda legalidad. En el tema de los presos mapuches se reiteró la intención del gobierno de no seguir aplicando la ley antiterrorista, al considerarla una acción exacerbada del poder político.
En busca de una nueva solución
– ¿Qué opinión le merece la entrega de un paquete de propuestas a la Presidenta por parte de la Coordinación de Agrupaciones Mapuche?
– Es una iniciativa que valoramos pero, lamentablemente, el error que se ha cometido en los gobiernos de la Concertación es la efectiva participación de las comunidades indígenas. Creo que es una propuesta sectorial, de parte de un sector de los pueblos originarios que tienen una vinculación con los partidos concertacionistas, ya que si bien son una voz dentro de los pueblos no son la única.
– ¿La posibilidad de aprobar esta propuesta no abre una luz de esperanza al conflicto mapuche o es sólo un acto político?
– Yo creo es un acto político. Debemos reconocer que esta iniciativa se dio en el marco de la campaña presidencial y que en su momento fue cuestionada por sus afanes electoralistas. Debemos tener un eje temático más abierto, donde se pueda evaluar la política del gobierno y su política económica y las contradicciones que engendran, puesto que cada vez que ha existido un conflicto entre intereses económicos e intereses indígenas, el gobierno siempre ha resuelto a favor de los intereses económicos.
–¿Cómo se define el actual sentimiento de los pueblos originarios?
– Sigue siendo un pueblo en el que la discriminación persiste. El gobierno garantiza el estado de derecho sólo a un sector del país, por lo que el sentimiento que hay es que existen ciudadanos de primera y segunda clase en el país. Además, entregamos al secretario de Estado un documento en el cual se señala los reales daños sicológicos de los personeros mapuches, sobre todo mujeres y niños que han sido objetos de hostigamiento policial y judicial en el marco de este conflicto.
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