Diputados Jorge Ulloa (UDI) y Francisco Encina (PS) coinciden que la reforma a la justicia militar es una prioridad, y que en el tema de las compras de armamento existe mayor secretismo por parte del Ejército. El parlamentario gremialista acusa que ha existido una suerte de »dejación» del gobierno para cambiar los tribunales castrenses.
La comisión de Defensa de la Cámara citó para la primera semana de marzo a la ministra del ramo, Vivianne Blanlot, para que explique cuáles son las prioridades legislativas de su cartera. Y es que hasta el momento sólo ha presentado el proyecto de ley sobre modernización de dicha secretaria de estado, que ha tenido muy poco avance.
Aún quedan para que ingresen a trámite legislativo las modificaciones a la justicia militar, y los cambios o la derogación a la Ley Reservada del Cobre. Estas dos iniciativas deberían estar durante el primer semestre en Parlamento, particularmente la primera, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz del caso de Humberto Palamara.
Los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Francisco Encina (PS), ambos integrantes de la mencionada instancia parlamentaria, coinciden en la necesidad de modificar la justicia militar y que en las compras de armamento exista menor sigilo de parte del Ejército.
El gremialista explica que la citación a Blanlot se debe a que se quiere conocer "francamente cuál es timming del Ministerio de Defensa respecto de sus proyectos. Queremos saber cuáles son los textos que les interesan, y cuáles no le importan o son solamente resabios del gobierno anterior".
Asimismo, estima que ha habido "dejación" del gobierno para modificar la justicia militar, materia en la que cree deben restringirse varios aspectos de su competencia. «En lo personal, voy a impulsar fuertemente su modificación, en el sentido que cualquier situación en el que se vea involucrado un civil, necesariamente, debiera ser visto por la justicia ordinaria", adelanta.
Por otro lado, se muestra partidario que no todos los delitos militares sean vistos por la justicia castrense, ejemplificando que "en el caso de una riña entre uniformados no necesariamente debe ser analizado por ellos, sino que dentro del cumplimiento de la disciplina militar".
Requerido si no hay voluntad para hacer los cambios a la justicia militar, dijo que "no es ése el problema, sino que hay dejación del gobierno. Además, hay acuerdo de ir caminando en ciertas restricciones y existe consenso en ese sentido, pero lo que no ha habido es un interés y una voluntad del Ejecutivo".
Financiamiento estable
En cuanto a la Ley Reservada del Cobre, es contrario a derogarla porque "las Fuerzas Armadas necesitan un financiamiento que sea estable en el tiempo, a lo menos, en períodos de decenios. Cuando países como Bolivia y Perú buscan con mucho esfuerzo hacer una ley como ésta, nosotros estamos en el camino equivocado, que es echarla abajo. Esto es absurdo y ridículo"
Explica que le da lo mismo si el tema pasa por las ventas del cobre, "lo único que quiero es que exista certeza y seguridad en que nuestras Fuerzas Armadas van a tener un financiamiento estable en el tiempo para adquirir los compromisos en material de defensa".
Sobre el secretismo en las compras de las Fuerzas Armadas, asevera que "en particular hay instituciones que todavía son más renuentes a hablar en el tema de las adquisiciones. La Fach y la Armada han sido bastantes claras antes de comprar material, han hecho sendas exposiciones en la Cámara en la comisión de Defensa".
En cambio, el Ejército ha sido más renuente a hablar con claridad sobre el tema. "Me enojé cuando supe la adquisición de Leopard 1 por la prensa, no así el resto de las instituciones. Creo que el nuevo mando el Ejército tiene absolutamente claro que cualquier modificación o adquisición de Defensa deben, por lo menos, conversarlo con la Cámara".
En tal sentido, su colega socialista Francisco Encina coincide que "hemos conocido en detalle las compras de la FACH y la Armada y, con alguna menor información por parte del Ejército. No creo que haya una decisión tomada del Ejercito de no dar a conocer los datos, porque siempre ha informado los requerimientos de esta comisión".
En cuanto al año legislativo en defensa señala que una de las dificultades mayores es el proyecto de modernización del Ministerio de Defensa, "donde el Ejecutivo no le ha hecho ninguna indicación».
«Me da la impresión que hay diferencias entre el actual Ejecutivo y quienes diseñaron el proyecto en el gobierno de Lagos. Una de ellas es el rol que puede tener el ministro de Defensa, los subsecretarios y el tema de cómo se van a definir las compras militares, entre otros", sostiene.
Encina está a favor de cambiar la justicia militar y derogar la Ley Reservada del Cobre, ya que, a su juicio, "hay un consenso en que las compras de las Fuerzas Armadas deben ser como en cualquier país: fijados en una ley de Presupuestos, que puede ser plurianual, para evitar que las adquisiciones militares, que son de más años, se puedan realizar sin problemas y se discuta en el Parlamento».
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