Querellantes pidieron al ministro Alejandro Solís aplicar la máxima pena posible -presidio perpetuo simple-, para el general (R) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza, quienes figuran como jefes de la asociación ilícita creada para asesinar al ex jefe del Ejército Carlos Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.
Las hijas del ex jefe del Ejército Carlos Prats solicitaron que el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda y el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo sean condenados a "la máxima pena contemplada en la ley chilena", por su responsabilidad en el atentado que costó la vida a sus padres, perpetrado por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.
Los abogados Pamela Pereira y Hernán Quezada -representantes de Sofía, María Angélica y Cecilia Prats Cuthbert- presentaron el escrito de adhesión a la acusación dictada por el ministro Alejandro Solís el 25 de enero pasado, en el que se pide se aplique una pena que puede llegar al presidio perpetuo simple contra los dos militares que aparecen como jefes de la asociación ilícita que se creó para planificar y ejecutar el asesinato del matrimonio.
Los representantes piden, además, que se apliquen altas penas contra el general (R) Raúl Iturriaga Neumann y los brigadieres José Zara Holger y Cristophe Willike Floel, los otros tres integrantes de la organización criminal creada al amparo del Departamento Exterior de la DINA.
Igualmente, se pide que la agente civil Mariana Callejas Honores, autora material del asesinato, y los agentes Jorge Iturriaga Neumann y el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, ambos procesados como cómplices, también sean condenados por su responsabilidad en los hechos.
Los abogados aseguraron que, luego de analizar la contundente acusación dictada por el juez, determinaron respaldar en todos sus argumentos los cargos imputados por este magistrado y no presentar cargos de manera particular a través de una acusación particular. "La resolución del ministro Solís nos pareció suficiente y decidimos no presentar acusación particular haciéndonos cargos de todo lo que planteó el juez", afirmó Quezada.
El profesional agregó que, por lo mismo, no hicieron ninguna petición particular de pena, pero "sí solicitamos que se aplique la máxima pena que implica la ley en contra de los oficiales que aparecen como jefes de la asociación ilícita y responsables del doble homicidio", afirmó.
El 25 de enero pasado, el ministro Solís puso fin a casi cinco años de investigación del asesinato del general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, determinando por primera vez que miembros de la DINA formaron una "asociación ilícita" para planificar el doble homicidio.
El juez determinó que el Departamento Exterior de la DINA operó como una organización de "estructura celular y operativa de carácter clandestino (…) orientada a la vigilancia y represión de ciudadanos chilenos en el extranjero y era una organización terrorista que aceptaba la violencia extrema como recurso para combatir a los opositores políticos".
Sentencia a fines de abril
Quezada recordó, en todo caso, que corresponderá a Solís determinar cuál será la pena que se aplicará a cada uno de los ochos acusados en la investigación, ya que debe considerar todo el juego de agravantes o atenuantes que tiene cada uno de los imputados.
El abogado agregó que esperan el ministro dicte sentencia de primera instancia "a fines de abril o comienzos de mayo", una vez que se cumplan con todos los trámites que aún quedan pendientes en el proceso.
Para los próximos días se espera que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también querellante en la causa, presente el escrito adhiriendo a los cargos dictados por el juez Solís o acusando particularmente y luego el magistrado remitirá los antecedentes a las defensas de los ocho procesados en la causa para que hagan sus descargos.
Una vez que se cumplan ambos trámites el magistrado citará a la etapa de plenario, la única pública en el antiguo sistema procesal, en la que querellantes y defensores tienen posibilidad de interrogar a acusados, testigos y peritos de la causa. Concluida esta fase, el juez se aboca a la dictación de las condenas de primera instancia, las que finalmente serán revisadas por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Suprema.
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