Organismo fiscal adhirió a los cargos planteados por el ministro Alejandro Solís y, al igual que los querellantes, solicitó el »máximo castigo que contempla la ley» para los ex jefes del Departamento Exterior de la DINA. En los próximos días, los ocho acusados serán notificados y deberán responder de los hechos que se le imputan por el doble homicidio.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) determinó solicitar las máximas penas contra los ocho integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) involucrados en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González y su mujer, Sofía Cuthbert Charleoni, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, Argentina.
La entidad fiscal presentó ante el ministro Alejandro Solís el escrito con el que adhiere a la acusación planteada por el magistrado el 25 de enero pasado, en la que responsabilizó del doble homicidio a los generales (R) Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann; los brigadieres (R) José Zara, Cristhop Willike y Pedro Espinoza; el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón y los agentes civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann. Además, el juez imputó a los cinco oficiales del Ejército el delito de asociación ilícita para cometer los asesinatos.
Al igual que las hijas del matrimonio asesinado, el CDE solicitó que Contreras y Espinoza sean condenados a la pena de presidio perpetuo simple por su responsabilidad como jefes de la organización criminal que se creó en el Departamento Exterior de la DINA para cometer el atentado. En el mismo sentido, se solicitó "la máxima sanción contemplada en la ley" para el general (R) Iturriaga Neumann y los brigadieres Zara y Willike, acusados como los integrantes de la asociación ilícita.
El máximo rigor se planteó también para la Mariana Callejas Honores, acusada de ser junto al estadounidense Michael Townley, los autores materiales del crimen, y los dos agentes de la DINA sindicados como cómplices del doble homicidio, el suboficial (R) Valdés y el civil Jorge Iturriaga Neumann.
La procuradora fiscal (s) del CDE, Irma Soto Rodríguez, firmó el escrito de dos páginas en el que la entidad respalda en su totalidad los cargos presentados por el ministro Solís contra los ex agentes del organismo represor, después de más de cuatro años de investigación en Chile del proceso.
Valoran decisión
El abogado querellante en representación de las hijas del general Prats, Hernán Quezada, valoró la determinación del CDE, y afirmó que "nos parece que esto reafirma la decisión del ministro (Alejandro) Solís, y demuestra que su pieza acusatoria es contundente en cuanto a la responsabilidad de los ocho acusados en el caso".
El profesional insistió que a mediados del año, probablemente mayo o junio, se podría dictar la condena de primera instancia en la investigación, pero que todo dependerá en gran parte de si las defensas de los acusados plantean las denominadas excepciones de previo y especial pronunciamiento, que podrían retrasar un poco la etapa final del caso.
En los próximos días, las defensas de los ocho acusados deberán ser notificados de los cargos imputados por el ministro Solís y de las adhesiones de las querellantes y el CDE.
Tras ello, los abogados de los ex agentes tienen 20 días de plazo, que eventualmente podrían ser prorrogables, para hacer sus descargos y evaluar si piden al ministro que, antes de comenzar la etapa de plenario, decida si va aplicar alguna eventual causal de extinción de responsabilidad penal.
Las defensas podrían plantear si el magistrado aplica la Ley de Amnistía de 1978 o la figura de la prescripción de los hechos, dado el tiempo de transcurrido desde que se cometió el doble homicidio. Asimismo, podrían esgrimir la incompetencia del tribunal, dado que el asesinato de ejecutó en Argentina.
Solís podría demorar un mes, aproximadamente, antes de resolver estos puntos y, además, debe notificar a los querellantes para que opinen sobre la materia planteada.
Una vez que concluya todo ese trámite, el juez convocará a la etapa de plenario -la única pública del antiguo sistema- en la que querellantes y defensores pueden interrogar a acusados, testigos y peritos de la causa. Esta fase demora veinte días, y desde su término el magistrado comenzará a redactar la sentencia de primera instancia, que luego puede ser apelada a la Corte de Apelaciones de Santiago y finalmente la Suprema, por lo que para cerrar definitivamente el caso podría transcurrir un año.
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