Jefe de la Defensoría Penal Juvenil, Gonzalo Berríos, delinea en entrevista con El Mostrador.cl la labor que tendrá la entidad en la nueva justicia que debutará en junio próximo y que castigará a los adolescentes infractores de ley desde los 14 años. Berríos advierte que legislación puede tener algunos problemas por distintas interpretaciones de criterios.
Covencidos de que a los adolescentes infractores de la ley no sólo deben ser castigados con la cárcel, y que las salidas alternativas pueden ser una buena forma para solucionar, en parte, la delincuencia juvenil, están en la Defensoría Penal Pública; repartición donde trabajan a toda máquina para estar preparados para el 8 de junio próximo, fecha en la que comenzará a regir la nueva Justicia Penal Adolescente en el país.
El encargado de la Defensoría Penal Juvenil (DPJ) Gonzalo Berríos, en entrevista con El Mostrador.cl delinea las que serán las líneas de acción que seguirá su institución, que tendrá a su cargo la representación de los jóvenes infractores de ley desde los 14 años y que además buscará analizar el tema desde una perspectiva "más social, que represiva".
Berríos estará a cargo de un equipo de 40 defensores y 12 asistentes sociales, tres abogados y un asistente que ya se encuentran plenamente preparados para asumir su labor.
-¿Cómo se encuentra preparada la Defensoría Penal Juvenil, para el próximo 8 de junio?
– Nosotros estamos muy bien preparados, porque en general ya para el 2006 teníamos todo el trabajo de equipo de defensores y de trabajo armado. Lo que hemos estado haciendo ahora es profundizar el trabajo de estos defensores y preparando una nueva capacitación para el mes abril, que reforzará algunas áreas críticas de la ley.
-¿Cuáles serán las áreas que se reforzarán?
– Estamos pensando en un área que a nosotros, como Defensoría Penal, nos interesa mucho y que es conocer y reconocer a los jóvenes en sus características especiales, las culturas juveniles. Queremos saber por qué ocurren estas infracciones y cómo son los jóvenes y adolescentes en Chile.
– ¿Es una visión más integral del fenómeno delictual?
– La ley nos dice que tenemos que estar capacitados en esos dos aspectos y nosotros creemos que desde ahí podemos dar mejor solución a los casos. Un ejemplo: sabemos por la experiencia práctica que los adolescentes se suelen meter en problemas por temas propios de su edad, porque son transgresores, están probando límites, se juntan con sus amigos por sobre la familia y eso es normal. En esos casos, muchos de ellos cometen algún tipo de infracciones y después nunca más; eso es un fenómeno de todo el mundo y en todas partes se utiliza para tomar salidas alternativas, más que condenas formales.
– ¿Hay algún estudio preliminar que les haya hecho optar por este camino?
– Hemos revisado la experiencia internacional y estudiado harto el tema y en todas partes se llega a la misma conclusión: la inmensa mayoría de las infracciones que cometen los jóvenes y adolescentes es ocasional. Ocurre una o dos veces en la vida, por delitos de menor entidad. La criminalidad más dura, más grave, es en casos muy pequeños y es ahí donde creemos que se debe enfocar el sistema. En el resto debe existir una política más flexible, que busque salidas alternativas y que privilegie las redes sociales para solucionar el problema.
Problemas en la ley
– ¿Cuáles son los problemas que detectas en la nueva ley?
– La propia Comisión de Expertos creada cuando se postergó la ley identificó varios problemas de construcción de la norma. Uno de los más importantes es el sistema de terminación de sanciones. Como salió la ley tiene normas bastantes confusas, que en circuitos académicos y de fiscales y defensores estamos interpretando de manera muy distinta. Hemos estado tratando de generar reflexión con otros actores que permita uniformar criterios.
– ¿Esos problemas son los tipos?
– El problema más bien son las reglas, qué sanciones se van a aplicar en determinados casos cuando es necesario. Hemos tratado de resolver esto dentro de la Comisión de Expertos.
– ¿Ustedes creen que las modificaciones a la Ley se debieron haber aplicado antes de que entrara en vigencia o cuando ya esté en marcha?
– En mi calidad de integrante de la Comisión de Expertos he suscrito la idea de que hubiera sido importante hacer ajustes pequeños antes de la entrada en vigencia, para evitar situaciones previsibles que no son graves, pero que pueden generar problemas. Espero que las reformas posteriores se den dentro de un marco técnico y no político.
Lo fundamental es no salirse del marco de la Convención de Derechos del Niño y espero que los cambios se enmarquen en esa norma. Hay que recordar además que el Comité de Derechos del Niño hizo varias observaciones al Estado de Chile, entre ellas, la pena de privativa de libertad de cinco años para niños de 14 y 15 años. Hay que recordar que en el Senado se discutió dejarla las penas en tres años y eso creo que hay que modificarlo.
– ¿Pero con casos de jóvenes que infrijan la Ley va haber conmoción pública. Insistirán en el tema de ver la perspectiva global?
– Nuestra labor siempre está centrada en el delito, en la conducta que está detrás de lo que se cometió. Cuando nos referimos a lo social, estamos hablando de las alternativas que debemos proponer, incluso a la Fiscalía, para buscar una mejor solución. Finalmente debemos pensar que no sólo hay que reprimir la comisión de delitos, sino que también reinsertar a los infractores y eso puede parecer contradictorio. Porque a lo mejor a un joven que comete un delito grave quizás lo que más le conviene no es ir a la cárcel, sino que otro tipo de medidas y eso será parte del debate.
