Acción civil busca que cerca de 300 microempresarios obtengan indemnización por daños emergentes y morales que supuso la implementación del nuevo sistema. Junto con aclarar que no se busca afectar el desarrollo del plan, Hernán Bosselin descarta que exista algún conflicto por su calidad de militante de la falange, al igual que el ministro de Transportes, Sergio Espejo.
A las innumerables dificultades que ha enfrentado el gobierno con el inicio del Plan Transantiago, varios centenares de ex microbuseros que quedaron marginados del sistema presentarán una demanda exigiendo una indemnización de parte del Estado.
El abogado patrocinante de la acción, Hernán Bosselin, aclara de entrada que la acción en ningún caso busca impedir, restringir u obstaculizar el nuevo sistema de transporte público, si no que más bien se refiere a los problemas colaterales provocados por su implementación.
«Esta es una consecuencia colateral que se produce como resultado de un conjunto de personas que no pueden seguir actuando en el mercado. Es una causa de carácter patrimonial, no tiene que ver con un tema político», enfatiza el profesional.
El nuevo sistema de transporte público en la capital contempló a diez empresas que participaron de la licitación. Sin embargo, alrededor de 300 microempresarios quedaron excluidos del plan y hoy, a un mes de su inicio , solicitaron al estudio jurídico de Bosselin, patrocinar la demanda.
El profesional señala que estas personas -que llevaban 30, 40 o 50 años siendo parte del sistema- comenzaron a acercarse en diciembre pasado.
Bosselin explica que la indemnización que piden los ex microbuseros comprende tres aspectos: el daño emergente, es decir, el valor comercial de las maquinarias; los beneficios que dejaron de percibir quedar excluidos del mercado y los daños morales. «La demanda se relaciona con el menoscabo que han tenido, por ende, tienen derecho a una justa indemnización», sostiene.
«Ellos no pueden trabajar en este mercado con sus máquinas. No pueden utilizar sus micros, ya que no están entre las empresas que quedaron licitadas. Los microempresarios no pueden llevar las micros a otras regiones, imposible porque allá hay empresas establecidas. Hablo de personas que con esfuerzos construyeron una pequeña empresa y ahora no pueden trabajar en ella", señala
-Pero, ¿qué debieron hacer las autoridades?
-Creo que lo prudente era que las autoridades que tomaron en cuenta la ejecución del Plan Transantiago debieron preocuparse que la cantidad de microempresarios que quedarían fuera del sistema tuvieran la posibilidad de recibir una suerte de compensación de parte del Estado, porque este sistema es una resolución de parte de él. Todos tienen derecho a una indemnización en este tipo de casos. Cuando se han hecho operaciones más de fondo, el Estado se ha encargado de hacer un proceso de reincorporación de aquellas personas que quedan excluidos del mercado. Esto se debiera hacer con los microempresarios o trabajadores para que se incorporen a la economía y no queden en calidad de cesantes y abandonados.
-¿A cuánto asciende la demanda?
-No puedo dar cifras porque habría que sumar la totalidad que corresponde por cada microempresario, y estamos en el proceso de proyecciones financieras para tener una perspectiva global.
-¿Cuándo concretamente se presentará la demanda?
-Estamos trabajando aceleradamente y esperamos que en el transcurso de la próxima semana quede terminada la redacción para presentarla durante la semana del lunes 19 de marzo en un juicio que calculo durará cerca de cinco años.
Participación en la DC
Frente a las connotaciones políticas que podría tener el caso, considerando que tanto él como el ministro de Transportes, Sergio Espejo, son militantes de la Democracia Cristiana (DC), el abogado resolvió marginarse del Consejo Nacional del pasado lunes en el que el partido entregó su respaldo al secretario de Estado.
"La mesa directiva decidió invitar al ministro Espejo, esperaba que éste hubiera intervenido al final de la sesión, pero la mesa directiva resolvió que hablara en primer lugar. Por esto pedí al Consejo que me excusara y procedí a retirarme de la sesión, sobre la base de que mi estudio jurídico está asumiendo el patrocinio de la demanda contra el Estado", sostiene.
El abogado señala que considera que era una norma elemental de prudencia no estar presente en el encuentro partidarios, para evitar acceder a antecedentes que podría haber entregado el secretario de Estado.
-¿Recibió críticas de la DC por participar indirectamente de una demanda contra el Estado?
-Al contrario, se me ha expresado que es la posición lógica y normal que deben adoptar las personas que forman parte de un consejo nacional cuando se observa que de alguna manera, aunque sea remota pueda plantearse algún grado de conflicto de interés.
En este caso no hay inconvenientes porque nosotros como abogados sólo patrocinamos al cliente, hacemos valer sus derechos y el que ejerce la demanda es él como afectado. Los abogados no somos la parte, sino que personas facultadas para defender los derechos de las personas ante los Tribunales de Justicia. Muchos consejeros me dieron su felicitación, por el hecho de haber tomado esta posición y me dijeron que la podían imitar otros que no siempre lo hacen.
