Abogado canadiense Phillipe Kirsch encabezará un seminario en Santiago, con el objetivo de dar una visión global de lo que significa la adopción por parte del país del Estatuto de Roma. Además, se reunirá con los integrantes de la comisión de Constitución del Senado, donde se encuentra entrabada la iniciativa, para explicarles cómo opera el organismo.
Cuando aún el gobierno no decide cuándo repondrá la discusión en el Senado del Tribunal Penal Internacional (TPI), la Corporación Humanas organizó un seminario sobre el tema que se desarrollará entre el 21 y el 22 de marzo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que busca contribuir a promover la ratificación del Estatuto de Roma.
Una de las principales figuras que estará es el presidente de la instancia internacional, el abogado canadiense Philippe Kirsch, quien también tiene previsto reunirse el próximo martes con los integrantes de la comisión de Constitución de la cámara alta, donde se encuentra paralizada la tramitación de la iniciativa.
El seminario contará con la presencia del jurista José Zalaquett, que hablará sobre "Jurisdicción Penal Internacional versus Jurisdicción Penal Nacional"; José Miguel Vivanco, director para las Américas Human Rights Watch, sobre las "Experiencias de ratificación en Latinoamérica: Aciertos y errores"; y Salvador Herencia, de la Comisión Andina de Juristas, con la exposición "Modelos de implementación del Estatuto de Roma".
Según explica la abogada de la Corporación Humanas, Paula Salvo, la idea es presentar una visión global del proceso de ratificación e implementación del Estatuto de Roma en los países de la región, debatir en torno a las necesidades, obstáculos y avances en Chile, y analizar críticamente la legislación nacional de acuerdo a los estándares internacionales promovidos por el mencionado instrumento internacional.
En Chile el proceso de ratificación del Estatuto de Roma ha sufrido importantes retrasos desde en enero de 2002, cuando el Congreso ya lo había despachado, luego de que diputados de la Unión Demócrata Independiente impugnaran su aprobación ante el Tribunal Constitucional (TC), que dictaminó que se requería de una reforma constitucional para su implementación.
El proyecto fue remitido el mismo año a la comisión de Constitución del Senado, quedando paralizado durante tres años. El 2005 se reanudó el debate y se logró un acuerdo político entre los partidos de oposición y gobierno, el que todavía no se materializa.
Los retrasos
Las razones que han motivado los retrasos posteriores han sido variadas, y la abogada Salvo las enumera: "En agosto de 2006, los senadores Alberto Espina y Hernán Larraín plantean una nueva condición para apoyar la ratificación del Estatuto de Roma, consistente en la aprobación previa de un proyecto de ley que incorpore a la legislación chilena los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra), siendo que el referido proyecto de tipificación fue presentado en 2004 al Senado y desde hace un año no ha sido debatido por la Comisión de Constitución".
Agrega que luego se "plantea un nuevo obstáculo que impide votar el proyecto de reforma constitucional el 29 de agosto del 2006, que se encontraba en la tabla del Senado. Algunos senadores exigieron una nueva discusión del proyecto, por parte de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, a fin de estudiar detenidamente las implicancias que tendría la ratificación en materia de relaciones internacionales y cooperación militar. Ello por cuanto Estados Unidos, a partir de la administración Bush, aplica restricciones en materia de cooperación militar y apoyo económico a los países que ratifican el Estatuto sin firmar previamente un Acuerdo Bilateral de Inmunidad (ABI) que garantice la no entrega de los ciudadanos norteamericanos eventualmente investigados por la Corte".
"Las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional unidas se reúnen en tres oportunidades sin alcanzar un acuerdo, despachando el proyecto a sala el 9 de enero de 2007. Un nuevo obstáculo planteado por la Unión Demócrata Independiente a sólo días de una nueva fecha definida para la votación. El presidente de la UDI, Senador Larraín, anunció que su colectividad retiraba temporalmente el apoyo a la Corte Penal Internacional y que no podrían cumplir el compromiso asumido en 2005", añade.
Ello se fundamentaría, sostiene la profesional, "en el temor ocasionado por la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos, en el que se condena al Estado de Chile por denegación de justicia a raíz de la aplicación de la ley de amnistía en la investigación de crimen del profesor Luis Almonacid Arellano, ejecutado en septiembre de 1973. Por ello, señaló Larraín, se considera necesario dejar pasar un tiempo para poder conocer y evaluar el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, antes de apoyar la ratificación por Chile".
-¿Buscan sensibilizar a los parlamentarios que se oponen a aprobar la reforma constitucional que permite ratificar el TPI?
-Efectivamente, este seminario internacional pretende ser un espacio de debate, reflexión y discusión de los puntos más importantes que han retrasado la ratificación del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un instrumento jurídico de carácter internacional que permite a todas las naciones del mundo contar con un tribunal permanente, independiente e imparcial para juzgar a personas acusadas de cometer crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Se abre con ello las esperanzas de poner fin a la impunidad por la comisión de crímenes que remecen la conciencia de la humanidad.
-¿Cómo se encuentra Chile al no ratificar el TPI?
-Chile ocupa una posición rezagada en el contexto de Latinoamérica tanto en el proceso de ratificación del Estatuto de Roma como en el proceso de implementación. Ello plantea un desafío para el año 2007 en cuanto a la plena y definitiva incorporación de la Corte Penal Internacional en nuestra legislación interna.
-¿Qué gana Chile al suscribir plenamente el Estatuto de Roma?
-El proceso de ratificación de la Corte Penal Internacional significa para Chile una oportunidad de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma como de los diversos instrumentos internacional. Asimismo, el proceso de implementación del Estatuto de Roma requiere introducir un conjunto de adecuaciones que necesita nuestra legislación interna para así dar cumplimiento cabal a las obligaciones y principios establecidos en el Estatuto. Ambos procesos y sus respectivos desafíos requieren la promoción de instancias de debate, reflexión, de análisis especializado de la legislación comparada como este.
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