De Grange y la ingeniera en Transporte de la UCV Alejandra Valencia coinciden en que la ausencia de los dispositivos GPS en los buses ha sido determinante en las fallas del sistema. Los especialistas, además, estiman que la futura Autoridad Metropolitana no debe contaminarse con la discusión política.
Tras las últimas modificaciones anunciadas por el Ministerio de Transportes a los recorridos del Transantiago, expertos en el área plantean la necesidad de que los próximos cambios estén ajenos a «intervenciones políticas», como la creación de un organismo con plenas facultades de control a las operadoras que participan en el sistema
Sin embargo, a 40 días de iniciado el cambio más grande en el sistema de transportes, todas las medidas parecen no ser suficientes. Así lo confirma el ingeniero y experto en transportes de la Universidad Diego Portales (UDP) Louis de Grange, para quien resulta indispensable que los buses cuenten ya con los dispositivos geográficos de posicionamiento global (GPS).
La implementación de estos dispositivos es responsabilidad del consorcio Administrador Financiero del Transantiago (AFT), y la firma encargada de los aspectos tecnológicos es Sonda, de propiedad del empresario Andrés Navarro. Según esta última compañía, hasta el momento sólo 3.600 máquinas cuentan con el sistema, sobre un total de 5.600.
Si bien hasta el momento los dardos han apuntado a las operadoras -muchas de las cuales efectivamente han incumplido con la flota de buses y frecuencias, entre otras deficiencias-, para De Grange la ausencia de los GPS ha generado una serie de desajustes que, incluso, impide conocer con certeza el número de máquinas que está dentro del sistema.
«En este momento estamos con un 20% menos de los buses contemplados inicialmente en el diseño. Se habían considerado 5.600 y hay entre 4.200 y 4.500. No se sabe cuántos buses hay justamente, porque no están los GPS incorporados, que es la segunda variable relevante", advierte el especialista.
En ese sentido, el ingeniero no duda en señalar al mencionado consorcio como uno de los grandes responsables de que el nuevo sistema de transportes no haya funcionado adecuadamente hasta el momento.
«El AFT, que debiera distribuir los GPS, es uno de los grandes responsables de que no haya resultado el Transantiago. Por ineptitud o inexperiencia, las autoridades no fiscalizaron cuando tenían que hacerlo. Tuvieron todo el año pasado para asegurarse de tener instalado el sistema operando", sostiene.
Una apreciación que también es compartida por la ingeniera de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV) Alejandra Valencia, quien también llama a aplicar de inmediato los cambios de recorridos, del incentivo en el uso de los buses clones, implementan más campañas explicativas a la población.
Actualmente Sonda -que tiene contrato por US$ 360 millones por doce años como operador tecnológico del sistema-, enfrenta un recurso de protección presentado por el senador Alejandro Navarro (PS), quien también ha pedido a la Contraloría General de la República intervenir la empresa por los graves incumplimientos en los que, a su juicio, ha incurrido.
De acuerdo al convenio suscrito con el Estado, la compañía debía no sólo implementar el sistema para hacer efectivo el cobro de los pasajes, a través de la tarjeta inteligente Bip, sino que también la instalación de los softwares en buses y una central de comunicaciones.
Según admitió el subsecretario de Transportes, Danilo Núñez, en Última Mirada en septiembre del año pasado constataron que la compañía no tenía listo el sistema de cobro de la tarjeta Bip, pese a que ya se había iniciado la campaña de difusión, por lo que la urgieron a apurar su implementación. «El problema es que por hacer esa pega, dejaron de hacer otras pegas", reconoció.
Autoridad Metropolitana
De Grange y Valencia, sin embargo, no se quedan sólo en la ausencia de los dispositivos GPS. Para ambos también es necesario que se agilice la creación de una Autoridad Metropolitana de Transportes (AMT) -que será instaurada a través de un proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Congreso-, para que esta entidad pueda adoptar soluciones de fondo.
El experto de la UDP, sin embargo, señala que esta nueva entidad debe estar ajena a todo tipo de presiones políticas. «Un organismo que no se sienta presionado por las medidas de contingencia política del momento, es decir, que tome decisiones tendientes a mejorar el bienestar de la población y no a maximizar los votos de ciertos candidatos», dice.
En tal sentido, para el especialista es necesario sea dirigida por una autoridad «especializada que conozca del tema", y que «que pueda tomar las medidas necesarias y que no existan intereses políticos que impidan realizar correctamente su trabajo (…) Debe ser una persona que tenga un carácter transversal. Que sea miembro de algún partido político no es una restricción. Pueden ser ingenieros en transportes, o economistas que tengan conocimiento en el tema».
«A veces se toman medidas políticas, como el atraso de la restricción vehicular, que se hace por los problemas del Transantiago, pero ahí vienen nuevos problemas como la congestión por las vías segregadas", dice.
Las funciones básicas, según el experto, deben ir orientadas a la planificación central y estratégica que permitan proyectar el sistema y vigilar el cumplimiento de los contratos y la adjudicación de los procesos de licitación, preocupándose de la parte técnica y operacional y de las proyecciones a mediano y largo plazo.
En tanto, Valencia comparte la opinión de su símil. Sostiene que la AMT debiera estar integrada por ingenieros industriales y de transporte, que debieran planificar rutas y redes. "Que exista una cabeza que fiscalice que cada operador cumpla las funciones y que controle que esté el número de buses operando en las calles", explica.
Fiscalización a operadoras
Entre los grandes responsables de las fallas están las operadoras a cargo de dar funcionamiento al Transantiago. Uno de los sindicados como responsables por las autoridades del Ministerio de Transportes es el propietario de las operadoras Buses Gran Santiago y Metropolitana, Manuel Navarrete.
Si bien el dirigente gremial ha reconocido errores, no se hace responsable de los fallas ocurridas en el diseño del plan que, según él, había advertido a las autoridades durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos.
Para De Grange, en las actuales circunstancias, no es mucho lo que se puede hacer contra las operadoras que incumplen sus compromisos. «Lo que sucede es que durante los primeros tres meses, los operadores tienen un ingreso fijo y eso está establecido por contrato. Por ende, no hay un incentivo de operar con la flota comprometida, porque les sale más a cuenta ahorrarse costos y pagar las multas", asegura.
«Recién después del 10 de mayo, cuando se cumplan los tres meses de operación de Transantiago, van a tener un incentivo por pasajero transportado y recién en ese momento, las autoridades van a poder diseñar mecanismos e incentivos económicos que obliguen a los operadores a operar con la flota comprometida. Lo importante es que cuando los operadores no cumplan con las exigencias comprometidas en los contratos, les duela el bolsillo", asegura.
