Defensa de los dos imputados, quienes incluyeron consignas de connotación política y pacifista en páginas webs de varios gobiernos extranjeros, desestimó posibilidad de acogerse a un proceso abreviado. Piratas informáticos están acusados de alterar, entre otros, el portal del Ministerio del Interior, reclamando la gratuidad del pase escolar.
Dentro de los próximos 30 días se realizará el juicio oral contra el grupo de hackers conocidos como Byond team, quienes han sido formalizados por el delito de sabotaje informático, a causa de haber intervenido 8.042 sitios web desde febrero de 2006, entre ellos, el de la Agencia Especial de Estados Unidos (NASA).
Si bien el grupo intervino páginas de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Turquía, sólo figuran como querellantes las empresas chilenas Mega S.A. y Ticketmaster -que también fueron afectadas- y el Ministerio del Interior.
En la audiencia de preparación del juicio oral en Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, celebrada el viernes, se fijó como fecha tentativa el 30 de abril para celebrar la audiencia, luego de que la defensa de los imputados desestimara la posibilidad de acogerse a un juicio abreviado.
El profesional Fernando Santibáñez basó la decisión en que en caso que aceptaran ese procedimiento, estarían validando el delito que les imputa la Fiscalía, en circunstancias que la defensa sostiene que sólo hubo "acceso no autorizado».
«Si mis representados admiten los hechos en el juicio abreviado, lo estarán haciendo en la forma en que lo ha expuesto el fiscal, y nosotros sostenemos que la figura que se ha establecido en la investigación corresponde a lo que la doctrina y la jurisprudencia internacional conoce como acceso no autorizado. Eso es distinto a un sabotaje", aseguró.
Autodenominados pacifistas
Según la investigación de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, el grupo Byond está conformado por cuatro personas: su líder, Leonardo Hernández (23), conocido en la red como Nettoxic, quien es requerido en varios países, Carlos Amigo (37), quien ocupaba el apodo de SSH-2 y dos hermanos que se hacían llamar Codiux y Phnx, aunque estos últimos no enfrentan denuncias en su contra.
En la actualidad, tras haber cumplido diez días de prisión preventiva, Hernández y Amigo enfrentan una orden de arraigo y prohibición de acceder a sitios de Internet. De resultar culpables, los imputados arriesgan hasta cinco años y un día de cárcel.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el modo de actuar de los piratas informáticos consistía, en la mayoría de los casos, en poner en la portada de los sitios mensajes de connotación política y pacifista, siendo el más recurrido el que proclamaba "Líbano e Israel…deténganse ¡No a la guerra! Paz eso es todo. Esta es una cyber- protesta".
Las excepciones a esta práctica la marcan dos de los tres casos en que se presentaron querellas. Mientras la página de Mega fue adulterada con mensajes que denostaban el aporte cultural del programa "Mekano", la web institucional del Gobierno fue interceptada con leyendas que demandaban la gratuidad del pase escolar para todos los estudiantes.
Cuestionan uso de agentes encubiertos
Con el fin de identificar y posteriormente capturar a estos hackers, la Brigada del Cibercrimen realizó un trabajo encubierto, al indagar en sus direcciones de IP dieron con sus cuentas de correo electrónico. De esta manera, pusieron a una agente para que entablara un fluido contacto vía un sistema de mensajería instantánea –Messenger– con Hernández. Después de un tiempo en que la joven se ganó la confianza del imputado, concertaron una cita, y fue en esta circunstancia en donde el líder Byond develó finalmente su identidad.
Un procedimiento que durante la audiencia de preparación del juicio oral fue objetado por la defensa de los dos imputados, encabezada por Fernando Santibáñez, que acusó el organismo estatal de proceder en forma «antitética» y de haber violado del derecho a la privacidad, además de haberse realizado sin una autorización judicial previa.
Sin embargo, la titular del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ema Margarita Tapia, desestimó el alegato, argumentando que de pedirse autorización para cada investigación que se realiza, a la policía se le haría imposible cumplir con su labor preventiva.
«Lo que se que ha hecho, obviamente, es efectuar una investigación, y dentro de ésta se recaban antecedentes que pueden ser molestos para algunas personas, pero que claramente tiene la finalidad determinar si ha producido la comisión del delito», señaló el fiscal Carlos Gajardo.
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