Senador Jorge Pizarro (DC) considera que la iniciativa es adecuada para proteger a especialistas extranjeros que vienen a capacitar a efectivos chilenos, aunque advierte que debe ser revisada adecuadamente por la Cancillería. Por el contrario, el diputado Patricio Hales (PPD) es mucho más crítico frente a la propuesta y cree que se trata de una »barbaridad».
Diversas y contrapuestas son las opiniones que tienen los parlamentarios y los especialistas sobre el proyecto de ley que otorga inmunidad a los militares extranjeros en Chile, que la propia Corte Suprema considera poco "aconsejable".
La iniciativa, que fue vista la semana pasada por la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue ingresada por el Gobierno el 23 de enero pasado y establece «un estatuto aplicable a los delegados designados en misión oficial por estados extranjeros u organizaciones internacionales».
Algunos observadores opinan que en el estudio los legisladores deberían tomar en cuenta lo ocurrido a mediados de los ’90, cuando una bala de mortero disparada por infantes de marina estadounidenses cayó sobre unas viviendas adyacentes al ex Fuerte Vergara, en Viña del Mar.
Los militares extranjeros, que participaban en Chile de los ejercicios navales Unitas, se encontraban en el polígono del ex fuerte (hoy sede de la Universidad Marítima) en el sector Las Salinas de la ciudad jardín, realizando prácticas de tiro con distintos tipos de armas y munición.
Durante la actividad, una bala de mortero rebotó en unas rocas y cayó en un sector habitacional privado adyacente al recinto militar. Si bien no hubo personas heridas, varias viviendas resultaron dañadas y una mascota resultó muerta. La Armada debió pagar las indemnizaciones.
Algunos sectores han visto en este proyecto una forma del gobierno de congraciarse con Estados Unidos, considerando la decisión de ratificar el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional (TPI), sin suscribir la cláusula que excluye a militares de ese país.
Sin embargo, el senador Jorge Pizarro (DC) integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, descarta tajantemente esa posibilidad. "Son dos cosas distintas. Nosotros compramos aviones y tienen que venir especialistas a enseñar a Chile y durante ese tiempo que tengan un mínimo de garantías, ya que cuando nosotros vamos para otros lugares pasa lo mismo y cuando va gente nuestra a otros lados tiene una serie de inmunidad y otros beneficios», agregó.
Pizarro se mostró partidario de la iniciativa gubernamental. "A mí, en un principio me parece bien, siempre y cuando sea razonablemente estudiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y no signifique dejar de cumplir con las leyes y los ciudadanos". Explicó que "estamos estudiándolo porque es un proyecto que está hecho fundamentalmente para misiones militares de asesoría o gente técnica que viene a capacitar personal aquí en Chile y llevar actividades por un tiempo largo sin cumplir necesariamente una función diplomática".
Más cauto fue el senador socialista Juan Pablo Letelier, quien no quiso dar una opinión «a priori del proyecto porque es algo que se va a estudiar recién la próxima semana. No estoy ni a favor ni en contra hasta que no conozca los antecedentes". Además, recordó que "hay un ministro de Defensa (José Goñi) que deberá dar a conocer los detalles de esta iniciativa".
Hales: Una barbaridad
Más tajante a la hora de oponerse al proyecto es el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Patricio Hales (PPD), quien considera «inadecuada esta iniciativa, ya que no veo por qué van a tener inmunidad los militares extranjeros si han cometido delitos».
Hales recordó que «a un guardiamarina chileno en un incidente confuso se le detiene en Malta, y después se le vuelve a detener en Estados Unidos, con una orden de arraigo» dictada por el mismo caso en el país del Mediterráneo. "¿Cómo va a ser posible que no haya justicia para los miembros de las Fuerzas Armadas de otros países? Aquí hay Estado de Derecho y el que comete delito va a la justicia", cuestionó.
Criticando fuertemente la idea del Ejecutivo, puntualizó que "no logro entender la fertilidad de la imaginación que produce algunas iniciativas de gobierno. Es sorprendente. No hay ni siquiera la más mínima conversación, ya que nuestra bancada no ha sido informada sobre esta barbaridad. Todas estas cosas de amnistías, inmunidades, protecciones especiales y limitaciones jurídicas extraordinarias producen recuerdos muy dañinos para el avance de la historia de Chile".
Con evidente molestia, Hales puntualizó que le habría gustado que «una decisión de política internacional que tiene que ver con defensa se hubiera informado, a lo menos, mandándonos un correo, porque consultarnos parece que es mucho pedirle al Gobierno».
Claudicación disfrazada
La posición de Hales es respaldada por José Higuera, especialista en relaciones internacionales y seguridad de la comisión de Defensa del PPD, quien dice que "es evidente que este proyecto de ley busca otorgar a los militares estadounidenses la inmunidad que Washington ha estado demandando en relación al TPI. El detalle es que esa inmunidad, que tiene un gran potencial para convertirse en impunidad, viene disfrazada por la vía de hacerla extensiva a todos los militares extranjeros, del país que sea, que ingresen a nuestro país en misión oficial".
El experto expresó que "es realmente desconcertante que un gobierno que continúa una línea de modernización de nuestras fuerzas armadas, con una inversión substancial de recursos económicos, la que es justificada en la necesidad de mantener una adecuada capacidad de disuasión en función de la defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país, plantee este tipo de iniciativas. La inmunidad que se pretende otorgar a todos los militares extranjeros que ingresen al país, que en la práctica serán principalmente estadounidenses, va en contra de nuestra soberanía en el más amplio sentido".
Opinó que "las implicaciones de este proyecto de ley son realmente inquietantes, porque en primer lugar revelan un enorme desdén por la opinión, el sentimiento y el derecho a saber de la ciudadanía, a la cual se le dice una cosa mientras en realidad se hace lo opuesto en forma disfrazada. Es algo que habla muy mal de la calidad de nuestra democracia. Es también perjudicial para la imagen internacional de Chile, ya que es una claudicación que hace ver a nuestra política exterior como un rehén de los caprichos de una gran potencia. Y también abre una interrogante respecto de a que intereses sirven realmente ciertos sectores del gobierno y la clase política, que son los mismos que ayer cuestionaban la ratificación del TPI y hoy apoyan esta iniciativa jurídica".
"Si los militares extranjeros tienen un comportamiento y un proceder respetuoso de la seguridad e integridad de las personas y las propiedades, y observan las leyes y la soberanía de Chile, entonces no necesitan de ninguna inmunidad o excepción jurídica. Si no es así, que asuman las consecuencias y enfrenten el juicio y peso de nuestras leyes en nuestros tribunales. Y si esto no les parece aceptable, que no ingresen a nuestro país", sentenció.
