«Agenda de Probidad ya incorpora fortalecer rol central de la Contraloría»

En momentos en que se acaba de aprobar en el Congreso la designación del nuevo contralor general de la República, Ramiro Mendoza, y que se han suscrito compromisos políticos sobre la modernización del organismo, el secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia, Rafael Blanco, precisó los contenidos que al respecto contiene el citado paquete.



Según explicó Blanco, las normas deberán ser complementadas con una reforma a la ley orgánica del organismo, que se encuentra en este momento en elaboración en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia.



«Nosotros hemos estado apoyando ese trabajo desde la secretaria ejecutiva y la Presidenta ha dicho que efectivamente hay dos temas de la agenda que todavía están pendientes. Una ley de modernización de la Contraloría, y se está trabajando precisamente en ella, en colaboración con la Segpres; y la Agencia de Calidad de las Políticas Publicas, que la estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda", precisó.



No obstante, el representante recalcó que la agenda original de probidad y transparencia ya incorpora un proyecto de reforma constitucional que apunta a fortalecer el rol central de auditoria externa del organismo.



«El Ejecutivo envió, como parte de la Agenda de Probidad, un proyecto de reforma constitucional donde lo que se releva es el rol de auditoría externa de la Contraloría, eliminando aquellas funciones que nos parecen que pueden cumplir servicios distintos, dado que no tienen una relación estrecha con aquello que parece el rol fiscalizador o de control más importante que la Contraloría tiene. Estoy pensando en el juicio de cuentas, que precisamente se le quita, con el objeto de que la Contraloría en el juicio de cuentas no sea juez y parte, sino que sostenga la pretensión y esto pueda ser resuelto por un tribunal distinto, como lo seria el tribunal de la contratación pública. Lo mismo, la contabilidad general de la Nación, que parece más bien propia de la administración del Estado", informó Blanco.



"Esto, en el fondo, lo que va haciendo es potenciar el rol central de la Contraloría, y esto fue una recomendación del comité de expertos, que ya está plasmado en un proyecto de reforma constitucional y que a partir de ese diseño de proyecto de reforma , debiera además complementarse con una reforma orgánica de la entidad contralora", detalló.



Perfeccionamientos a tema intervención electoral



Respecto de la intervención electoral del Estado en períodos de campaña, tema que ha sido puesto como requisito por parte de RN para una modificación del sistema electoral, Blanco indica que esta materia, independientemente de los perfeccionamientos, ya está incluida en la Agenda de Probidad y Transparencia, que anunciara la Presidenta Bachelet recientemente.



«En materia de intervención electoral ha habido la decisión de enviar proyectos que tienen dos componentes. Uno está en la reforma constitucional y otro en el proyecto de gasto electoral. El primero señala que el Ejecutivo no va a poder enviar proyectos de reforma constitucional o calificar las urgencias unilateralmente en períodos de campaña y, en el caso de la ley de gasto electoral, lo que se prohíbe es el avisaje publicitario en periodos de campaña y las recolecciones de fondos (entre funcionarios públicos)», sostuvo.



"Nos parecen que estas han sido- intervención electoral y reforma de la Contraloría- demandas que han estado en diversos documentos de la Alianza por Chile, y por eso uno esperaría que estos dos proyectos fueran aprobados, en esos mismos términos", acotó Blanco.



Respecto de los planteamientos formulados por Renovación Nacional, en el sentido de que el proyecto contemplado por el gobierno en esta materia sólo llegaría a los jefes de servicio, Blanco indicó que "la intervención electoral tiene múltiples formas de ser abordada» y precisamente a eso apunta el tema de controlar la determinación de las urgencias parlamentarias en tiempos de campaña y las restricciones en materia de publicidad oficial.



"Ahora, si eso se considera que es insuficiente, a mí me parece que es legítimo discutir qué otros elementos son relevantes y que pudieran incidir en una campaña electoral a favor de unos u otros. Creo que hay otros elementos de los proyectos que también se encaminan directa o indirectamente en esta dirección. Por ejemplo, el Sistema de Alta Dirección Publica, lo que hace es ampliar el ámbito de selección de altos directivos públicos con mecanismo que no son o no operan exclusivamente sobre la base de la confianza política. Muchos de esos directivos públicos están en servicios relevantes de la administración del Estado y eso obviamente también mejora los estándares (de imparcialidad)", detalló.



Agregó que hay otros temas en el proyecto de transparencia fiscal, donde se «crea un estatuto de control de inhabilidades para los funcionarios que administran recursos, a través de los mecanismos de licitaciones o asignaciones directas, que también ha sido puestos por la Alianza como un tema sensible".



"De manera que siempre se pueden complementar (elementos), sin duda hay cosas que se pueden agregar al debate, pero eso que no sea obstáculo a que los proyectos avancen, que se aprueben aquellas buenas iniciativas que se consideran, por parte de la Alianza, y por parte de la Concertación naturalmente, como un avance", recalcó.



"Esto hay que mirarlo como un paquete completo. Son proyectos que están en distintas comisiones, en distintos grados de avance, porque también le podría preocupar a la Alianza y lo han manifestado así, que los funcionarios que conocen de irregularidades tengan un estatuto de protección. Bueno, eso ya está en segundo tramite legislativo… el proyecto que impide que puedan ser evaluados, traslados o destituidos, funcionarios que hacen denuncias de irregularidades", precisó.





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