Ministro de Justicia afirmó que se podrían estudiar cambios a los problemas estructurales del sistema, que comenzará a regir el 8 de junio, sólo si se logra un respaldo mayoritario de técnicos y parlamentarios. Comisión de Expertos retasó en una semana la entrega de su informe final que mantendría duras críticas al texto de la iniciativa.
El gobierno resolvió mantener el 8 de junio como la fecha de entrada en vigencia de la Reforma Penal Adolescente (RPA), pero se abrió a la posibilidad de tramitar una serie de modificaciones al texto legal si se logra el consenso político y técnico para tramitar con celeridad los cambios.
Antes de una reunión entre el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y la Comisión de Expertos, la Presidenta Michelle Bachelet ya había fijado su posición, en el sentido de que no se postergaría la entrada en vigencia de la nueva justicia juvenil, que elimina el trámite del discernimiento y rebaja la edad de responsabilidad a los 14 años.
Una decisión que fue refrendada tras la cita entre Maldonado y los especialistas, quienes dieron cuenta de los avances del informe final sobre la realidad del nuevo sistema. Luego del encuentro, el secretario detalló que el grupo retrasará en una semana la entrega de su documento de conclusiones al Parlamento.
Además, se determinó nombrar como coordinador único de la nueva justicia penal adolescente al abogado Andrés Manhnke, jefe de la Unidad de Reformas Judiciales del Ministerio de Justicia. Según explicó Maldonado el funcionario tendrá "la responsabilidad directa de coordinar todos los esfuerzos de implementación y reportar los hechos al Ministro de Justicia".
Sin embargo, y pese a que los trascendidos de la propia Comisión de Expertos detallan serios problemas en la ley que podrían poner en peligro el nuevo sistema de enjuiciamiento juvenil, en el Ministerio, por el momento, no hay voz clara para proponer cambios de fondo a la legislación.
Primer informe advirtió falencias
En su primer informe, elaborado en octubre de 2006, la Comisión detalló una series de falencias o puntos pocos claros en el texto de la nueva formativa que entrabarían seriamente la aplicación de la ley.
Uno de los principales problemas se refiere al artículo 21 de la nueva normativa que define las categorías de crimen, simple delito y falta, cuyos conceptos no quedan claros en la RPA.
Los expertos detectaron que, de acuerdo al texto legal, muchos crímenes del sistema de enjuiciamiento de adultos son considerados simples delitos en el juvenil y, a su vez, algunos de esos últimos están señalados como faltas, lo que implica una disminución en las penas que se aplicarán a los adolescentes.
«No se trata de una discusión teórica, porque de ella depende el carácter mismo del hecho punible de un número significativo de figuras, así como la extensión de las medidas cautelares durante el proceso, entre otras cuestiones», aseguraban los especialistas en octubre de 2006.
Otro vacío se refiere a la determinación de penas, que a juicio de los especialistas tienen "una infinidad de dudas interpretativas". Además, los problemas se extienden a falta de criterios "nítidos" para la determinación de normas sobre el quebrantamiento y revisión de penas, "lo que puede condicionar la política criminal subyacente", decían los expertos.
Un tercer tema importante se refiere al sistema de información técnica y control de los procesos en los tribunales que impediría a los jueces de garantía tomar las decisiones adecuadas ante determinados casos y un punto se relacionan con que las rigidización de algunas penas en el sistema de enjuiciamiento a adultos se podría reflejar en el nuevo en sistema adolescente, atentado contra las políticas centrales de la RPA que buscan que sólo los casos de delitos más graves sena penalizados con cárcel.
Consenso
El ministro Maldonado fue claro "en la medida que haya consenso técnico en el grupo de expertos y en el Parlamento se podrán impulsar las modificaciones necesarias a la ley" antes de la entrada en vigencia de la ley. En caso contrario, los cambios se harán con el nuevo sistema andando, con lo que se podrían repetir los problemas que se vivieron con la justicia de familia, que sólo se modificó en sus fallas estructurales cuando estaba colapsada.
Así las cosas sólo, si los expertos entregan un informe "duro" que dé cuenta clara de éstos importantes fallos y ese informe convence a los parlamentarios de los riesgos que se corren con la poca claridad de las normas, se podría cambiar la entrada en vigencia de la nueva justicia juvenil.
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