Nuevo marco regulatorio fija duras exigencias para ser sostenedor y crea un Consejo Nacional de Educación, en el que participarán todos los actores del sistema. Pese a que inicialmente la propia mandataria dijo que se prohibiría la selección de alumnos hasta sexto básico, el límite previsto en la iniciativa se elevó hasta octavo.
La Presidenta Michelle Bachelet anunció la mañana de este lunes el envío al Congreso de la nueva Ley General de Educación, proyecto con el cual se busca derogar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Una legislación que heredaron los gobiernos de la Concertación de la dictadura militar, en 1990, y que fue duramente cuestionada por los estudiantes secundarios durante las movilizaciones del año pasado.
Durante una actividad en el Palacio de La Moneda, la mandataria sostuvo que a diferencia de la LOCE, que estipulaba el derecho a la educación, la Ley General de Educación garantiza el derecho a una educación de calidad y la gratuidad desde kinder hasta cuarto medio.
Esta iniciativa será complementada con la que crea una Superintendencia de Educación, que será enviada al Congreso a fines de abril, la reforma a la administración de los establecimientos municipales y otra que cambiará la estructura de financiamiento; además de ratificar la ley de subvención preferencial, que cumple su último trámite en el Senado.
Tal como lo adelantó El Mostrador.cl, el nuevo marco regulatorio impone mayores exigencias para ser sostenedor, teniendo los actuales un plazo de cuatro años, desde la vigencia de la ley, para transformarse en corporaciones o fundaciones con un giro único ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Además, deberán rendir cuentas por la subvención estatal recibida, no pudiendo destinarla a otros fines que no sea la educación. Con estas medidas, se busca evitar el lucro que algunos sostenedores que reciben dineros estatales generan la administración de sus establecimientos, implementado un sistema similar al que rige actualmente con las universidades privadas.
"A partir de esta ley los recursos públicos entregados a las entidades educativas, deberán ser destinados muy precisamente al cumplimiento de la función educativa, porque para eso son los recursos públicos, para ser invertidos en educación (…) En este sentido proponemos, que en el futuro los establecimientos educacionales que reciban subvención del Estado se organicen como personas jurídicas sin fines de lucro", dijo Bachelet.
Asimismo, la ley plantea crear un Consejo Nacional de Educación, en el que estarán representados todos los actores del sistema, que se constituirá en un órgano asesor en las materias que defina el Ministerio del ramo.
Sin embargo, dentro de sus misiones establecidas por ley se encuentran el sancionar las propuestas de currículo del Ministerio de Educación, los estándares de calidad y el plan de evaluación de éstas.
Selección de alumnos
Una de las novedades anticipadas por Bachelet al inaugurar el año escolar fue la eliminación de la selección de alumnos hasta sexto básico, medida con la cual se buscaba proteger los procesos que desde séptimo llevaban adelante los colegios emblemáticos como el Instituto Nacional. Sin embargo, la mandataria dio un paso atrás con la medida y señaló en La Moneda que la Ley General de Educación establecerá que no se podían seleccionar alumnos hasta octavo básico.
El anuncio previo del gobierno había sido cuestionado por quien fuera el presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, Juan Eduardo García Huidobro, quien había señalado a El Mostrador.cl que esa medida no apuntaba a terminar con la equidad.
Tras ceremonia, la ministra de Educación, Yasna Provoste, recordó al igual que Huidobro que en esta materia no existió un acuerdo unánime en el consejo asesor, el cual se movió entre tres posturas: eliminarlas a todos evento, mantener la situación tal como está hoy, y una selección más restringida, por la que se inclinó el Ejecutivo.
«Nuestro desafío de garantizar un principio como la equidad y la no discriminación , y en ese marco la no selección de alumnos en aquellos establecimientos que reciban financiamiento estatal hasta octavo básico, es para conectar con otra iniciativas como la Ley de Subvención Preferencial que es hasta octavo año", añadió Provoste.
Disímil recepción entre actores
Tal como ha ocurrido en otros procesos, los secundarios anunciaron que sólo una vez que se reúnan en asamblea darán a conocer si están conformes con los anuncios del gobierno, tal como lo explicó el presidente del centro de alumnos del Liceo Barros Borgoño y uno de los voceros del movimiento, Maximiliano Mellado.
«El informe es muy vago con lo que acaban de decir, yo creo que los estudiantes tienen que analizar y estudiarlo. Es muy premeditado hablar ahora de lo que nos gusta y no nos gusta", sostuvo el dirigente estudiantil.
Quien no tuvo problemas para pronunciarse fue el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), Rodrigo Bosch, quien inmediatamente acusó un cambio en las reglas del juego para los sostenedores si se elimina el lucro en la educación, porque el sistema ha permitido acercar a inversionistas al sector y, de paso, atender al 70% de los niños más pobres.
«Nosotros no vemos una relación directa entre los temas de calidad de la educación y acabar con una iniciativa que ha significado para Chile, por varias décadas, acercar recursos al sistema. Yo creo que esto significa un cambio de reglas en el juego y no va en el sentido correcto de poder acercar recursos importantes al sector", señaló.
"Yo creo que una instancia que pueda acabar con el fin del lucro hace preguntarse si puede suceder esto mismo en el sector de la salud, vivienda y de transporte. El gran generador de trabajo en Chile es el sector privado", recordó.
A su turno, el timonel del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, valoró que se haya ampliado hasta octavo básico la prohibición de los procesos de selección, aunque eran partidarios que la medida se extendiera hasta cuarto medio, al igual que García Huidobro.
Por otra parte, dijo estar sorprendido con el planteamiento de no lucrar con la educación. «Me parece que es una cuestión que por lo menos nosotros respaldamos plenamente y que va a provocar un debate. Creo que el mérito que tiene el proyecto es que abre de manera seria un debate en materia educacional como no lo habíamos tenido antes».
En tanto, el alcalde de La Florida, Pablo Zalaquett, quien es presidente de la comisión de educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), sostuvo que sintonizaba con las líneas generales del proyecto, pero que ahora había que analizarlo en detalle.
«Aquí los principios generales anunciados por la Presidenta, de buscar la calidad de la educación, mayor participación, mayor fiscalización, todos los compartimos, ahora hay que ver los reglamentos. Sin embargo, hay que dejar en claro que una ley no cambia la calidad de la educación. Lo que hay que hacer es generar mayores recursos y mayor autonomía en los recursos humanos, (por ejemplo) sino cambiamos el estatuto docente por una carrera profesional docente, todos los cambios a la ley y todo el financiamiento irá a un saco perdido", sentenció.
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