Pleno del tribunal pidió a la Comisión de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal determinar posibles dificultades en la implementación del sistema de enjuiciamiento adolescente, debido a la falta de datos sobre infraestructura, planes de rehabilitación de drogas y capacitación, centros donde realizar trabajos comunitarios y otras materias.
La Corte de Apelaciones de Santiago podría entrar en el debate generado por la implementación de la Reforma Penal Adolescente (RPA), previsto para el próximo 8 de junio, debido a que los ministros del tribunal de alzada consideran que existe escasa información sobre la infraestructura y los programas de apoyo a los que podrían recurrir los jueces cuando parte el sistema.
En fuentes de tribunales se informó que la Comisión de ministros que tiene a su cargo el seguimiento de la Reforma Procesal Penal (que integran los jueces Jorge Zepeda, Manuel Antonio Valderrama y Cornelio Villarroel) se abocará a estudiar los problemas de la RPA, grupo al que se unirá el juez Carlos Cerda Fernández, quien fue el primero en alertar sobre la materia.
Las mismas fuentes explicaron que, ante la proximidad de la entrada en vigencia de la nueva ley, Cerda elaboró una minuta que entregó al Pleno sobre las carencias que detecta en el nuevo sistema y planteó la posibilidad de crear una comisión para que se dedicara al tema. Si bien se desestimó este grupo, el ampliado estuvo por dar máxima prioridad al estudio planteado por Cerda.
Las falencias detectadas en el punteo de ideas que entregó Cerda al Pleno se refieren a la nula información que manejan los ministros del tribunal de alzada respecto de los planes y programas que contemplan las instituciones que colaborarán con los tribunales de justicia en la RPA, lo que imposibilitaría un trabajo claro al momento de analizar la vista de causas.
Entre los problemas se encuentra la falta de datos respecto de los centros de privación de libertad que acogerán a los infractores de ley y si éstos tienen programas de tratamiento para la adicción a drogas alcohol o planes de rehabilitación, capacitación, y trabajo para los condenados. Por ello, Cerda había planteado la posibilidad de solicitar a los encargados del Servicio Nacional de Menores (Sename) y otras instituciones que enviaran la información al tribunal de alzada o concurrieran al Pleno a explicar cómo se llevarán a cabo estos temas.
Otra carencia se refiere a la falta de un listado de instituciones a las cuales recurrir en el caso de las condenas de trabajo comunitario y que permitiera a los jueces escoger los lugares dónde enviar a los sentenciados. Al respecto, se explicó que, por ejemplo, se podría pedir información al Ministerio del Interior o la Asociación de Municipalidades sobre los planes sociales que impulsan para preparar una serie de locales o instituciones susceptibles de recibir a los menores.
Un tercer punto apunta a la nula información respecto de la preparación con que cuentan los jueces que se dedicarán de manera especializada a estudiar las causas relacionadas con la RPA, por lo que se plantearía la posibilidad de solicitar los datos respectivo a la Academia Judicial, para que evalúe nuevos cursos de capacitación o entregue las herramientas para realizarlos en algunas de las universidades que ofrecen diplomados en la materia.
La fuente consultada explicó que la idea de la Corte es prevenir un eventual colapso en los jueces con la implementación de la nueva ley, tal como ocurrió con los Tribunales de Familia, y buscar los mecanismos para llegar al día de la implementación preparados de la mejor manera.
En ese sentido, la misma fuente recordó que cuando se implementó a ley de violencia intrafamiliar, la Corte de Santiago nombró por primera vez una unidad especial provisoria, con asistentes sociales y sicólogos, que sirvió de apoyo a la atención de las víctimas y que además ayudó a los jueces a capacitarse sobre el tema o explicar los mecanismos de la nueva legislación, idea que se podría replicar esta vez.
La solicitud de información o el mejoramiento del flujo de datos con las instituciones relacionadas con la RPA es una de las prioridades del tribunal, debido a la proximidad de la entrada en vigencia del sistema, por lo que se espera que estén en el menor plazo posible, independiente de si finalmente la reforma se retrasa o se aplica en forma gradual.
Cabe recordar que el Comité de Expertos entregó a las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara de Diputados el informe final de la implementación de la RPA, sugiriendo que entre en vigencia de manera gradual debido a que aún persisten problemas de infraestructura que dificultarían el trabajo de los nuevos jueces.
Los expertos además insisten en cambios legales a la norma, pues no están claras las definiciones de los tipos penales que impedirían una correcta interpretación de los jueces de las nuevas normas. En el gobierno persiste la idea de entrar en operaciones con el nuevo sistema el 8 de junio próximo, siguiendo la instrucción dada por la Presidenta Michelle Bachelet, de no realizar una nueva postergación.
