Titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aseguró que si bien las protestas por reivindicaciones sociales son válidas y, en algunos casos, loables, fustigó la violencia con la que actuó Lizama. »(Si lo dejo en libertad), no hace falta ser pitoniso para darse cuenta que va a suceder lo mismo el próximo 1 de mayo», afirmó el magistrado Guillermo de la Barra.
Una dura reprimenda verbal recibió Jorge Lizama, el único detenido por la agresión al vehículo que conducía la ministra Gloria Ana Chevesich, en la audiencia donde el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago rechazó otorgarle el beneficio de la libertad provisional.
El joven está imputado de provocar daños al automóvil que conducía la magistrada el 29 de marzo, en el marco de las protestas por el Día del Joven Combatiente.
Si bien en primera instancia el mismo tribunal -aunque con otro juez- había dejado en libertad al joven de 19 años, el pasado 10 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa decisión, por lo que desde entonces permanece en el nuevo Centro Penitenciario de la capital.
Lizama había sido formalizado por su participación en los desórdenes acontecidos el 10 de septiembre de 2006, oportunidad en que lanzó una bomba molotov en uno de los ventanales del Palacio de La Moneda, y por la destrucción de un local de una cadena de comida rápida.
En su resolución, el juez Guillermo de la Barra consideró que el acusado sería un peligro para la sociedad, en vista de que son las personas los principales afectados en este tipo de desmanes y no el sistema al que con sus acciones pretenden atacar «jóvenes idealistas» como Lizama.
El magistrado se explayó en su argumentación señalando que muchos de los que participan en estas manifestaciones son adolescentes que «juegan a la guerra», por lo que no merecen sanciones, pero que en el caso del agresor de Chevesich la situación es diferente.
«Mientras que hay otros que participan más activamente de estos movimientos con verdaderas convicciones, que en muchos casos pueden ser muy loables, estas motivaciones no se condicen con saquear un restaurante de comida rápida. Quién pierde no es el sistema, porque claramente una empresa como Burger King tiene dinero de sobra para resarcirse, sino las personas de carne y hueso que fueron víctimas de este ilícito», declaró De la Barra.
«Si dejamos libres a estas personas ¿quién defiende a la sociedad? No hace falta ser pitoniso, para darse cuenta que va a suceder lo mismo el próximo 1 de mayo", añadió.
Asimismo, desestimó que el hecho de que Lizama haya sido abandonado por su madre cuando tenía diez años represente un atenuante, asegurando que «en este país hay muchos que han pasado los mismos o mayores dramas personales, y comparten incluso los mismos ideales pero los manifiestan pacíficamente».
La Fiscalía ha pedido una condena de cinco años y un día para el imputado sólo por la agresión a la magistrada, aunque podría contar beneficios si finalmente en hallado inocente en la causa por los incidentes de septiembre de 2006 que también se sigue en su contra.
Nieto de detenido desaparecido sigue en prisión preventiva
En otra causa, aunque con la misma fecha conmemorativa como origen, también fue negada la revocación de la prisión preventiva para los estudiantes universitarios José Manuel Garrido y Leonardo Nazal, este último nieto del militante comunista Miguel Nazal, detenido en 1976 por agentes de la dictadura militar.
El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago mantuvo la medida cautelar sobre los imputados, a quienes de acuerdo al parte de Carabineros, se les encontraron cuatro bombas molotov en sus mochilas, en medio de los incidentes acontecidos en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) el 26 de marzo.
La audiencia -que contó con la presencia de la directiva de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD)-, contó con los alegatos del abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, quien calificó el caso como "montaje policial", argumentando que Carabineros habría puesto los artefactos incendiarios en los bolsos de los jóvenes.
No obstante, el magistrado José Escobar afirmó que si bien lamenta mucho la historia familiar de uno de los imputados, esto no se trataría de una persecución política sino que simplemente el tribunal no puede resolver mediante a supuestos, sino frente antecedentes.
Esta es la segunda vez, que la justicia les niega la libertad a los universitarios, quienes ya han cumplido 22 de los 60 días que se fijó como para el término de la investigación. Al igual que en el caso de Lizama, la Fiscalía pide cinco años y un día para los imputados.
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