A un año de haber asumido el cargo y con el desafío ad portas de implementar la Reforma Penal Adolescente, el defensor público nacional, Eduardo Sepúlveda, plantea revisar la cultura de sanción de delitos que existe en Chile. En ese sentido, reitera que la cárcel no es la única alternativa para castigar a los infractores de ley.
Un año lleva a cargo de la Defensoría Penal Pública el abogado Eduardo Sepúlveda Crear, y desde que asumió su preocupación máxima ha sido que la institución que maneja se convierta en un modelo de atención para el público y la contraparte efectiva para el gran poder que tiene el Ministerio Público en el nuevo sistema procesal penal. Sepúlveda Crear tiene la difícil tarea de lograr que los imputados, quienes son acusados por la justicia, tengan una adecuada representación ante estrados, labor que muchas veces va en contra de la cultura chilena, más partidaria de sancionar al infractor de ley que en lograr su rehabilitación y reinserción.
Tras entregar la cuenta pública anual de su gestión el defensor nacional conversó con El Mostrador para hablar de las tareas de la institución y de los desafíos que implica la Reforma Penal Adolescente para esa repartición, dejando claro que en el país debe impulsarse un cambio cultural, donde la pena de cárcel sea el último recurso para sancionar a un delincuente y que se utilicen más las penas alternativas.
-En su cuenta pública advirtió sobre el alto porcentaje de causas donde se aplica la prisión preventiva a los imputados. ¿Cree que los fiscales la están viendo como la única solución al problema del delito?
-No puedo afirmar eso, pero creo que la cultura jurídica tradicional, heredada del antiguo sistema, nos impulsa a señalar que en cierto tipo de delitos normalmente se debe aplicar la prisión preventiva y son los delitos de carácter sexual, las lesiones graves y gravísimas, las violaciones, los secuestros y los homicidios. En esos delitos, el 80% de las personas se encuentran en prisión preventiva. Quiero plantear que no hay que confiar excesivamente en ese mecanismo, sino que también utilizar otros más útiles para la reinserción social.
-¿Cómo cuáles?
-El arresto nocturno, la libertad vigilada y otos mecanismos de control no tan rigurosos como la prisión preventiva. Por ejemplo, se podría aplicar el no acercarse al lugar donde vive la víctima, registrar un domicilio conocido donde se puedan realizar e impulsar más el trabajo y la reinserción social.
-El 8 de junio entra en vigencia la Reforma Penal Adolescente, ¿Está preocupada la Defensoría porque esta cultura se transmita a la justicia juvenil y se sancione excesivamente con cárcel a los jóvenes?
-Creemos que es muy importante que los jóvenes asuman responsabilidades por los hechos que realizan, pero deben ser tratados como personas que están en formación, y desde ese punto de vista, cuando han infringido la ley penal que tengan acceso a la educación, la salud, al tratamiento en contra de las drogas y el empleo, que son los factores que inciden en que cometan delitos. Queremos ser un límite para que no se entienda que los jóvenes sólo necesitan castigo, sino que necesitan oportunidades.
-¿Les preocupa que la ley como está no explicite claramente los tipos penales y cómo se los califica?
-Sí. Creemos en lo que ha dicho la comisión de expertos y que es que las penalidades asignadas a los delitos son confusas y si es necesario, lo que corresponde es estudiar adecuadamente los temas y producir las modificaciones para que no haya problemas de interpretación de la norma. En esa línea, estamos por cooperar en la clarificación en la protección de los derechos de los jóvenes.
– ¿Usted es partidario de realizar los cambios ahora o esperar a que entre en vigencia la nueva ley?
– Se están proponiendo algunos cambios legales en forma inmediata y si es posible realizarlos antes de la implementación nosotros estamos de acuerdo, si no la propia experiencia nos va a ir indicando lo que hay que modificar.
Autonomía
En un año gestión, ¿cuál es su balance?
– Muy positivo. Hemos enraizado la Defensoría a todo el sistema, tenemos convenios con el Sename, el Sernam, Conace, para entender que las personas más vulnerables, pobres son las que cometen delito. Debemos buscar más bien rehabilitación que sanción y por eso estamos trabajando.
A través de la alianza pública-privada hemos logrado la prestación del servicio de defensa y entregado acceso universal a las personas más pobres que necesitan defensa y somos considerados uno de los diez mejores servicios de la administración pública.
-¿Todavía es partidario de una mayor autonomía de la Defensoría?
-Siempre es conveniente que cada uno de los defensores en las audiencias tenga plena autonomía para definir la estrategia. Las autonomías institucionales son materias de las autoridades públicas y desde ese punto de vista, es una decisión que se debe adoptar en las políticas gubernamentales.
