Demandas de los prosecutores se concentran en recuperar bono de desempeño desempeño de 30%, tener igualdad de sueldos con jueces y compartir vías de acceso al Centro de Justicia con los magistrados para evitar agresiones. Peticiones se suman a causa por la que vienen luchando desde 2003: aumentar a 1.200 el número de funcionarios en pos de reducir la sobrecarga laboral.
El 5 de mayo los representantes de las 16 fiscalías regionales del país se reunirán en la Novena Región para determinar el camino a seguir en caso de que sus demandas -consistentes en la restitución del 30% de los bonos de desempeño y la inclusión dentro de la ley de reajuste salarial del Poder Judicial-, no tengan acogidas.
Dentro de las medidas que se podrían adoptar informalmente se ha hablado con la posibilidad de no asistir a determinadas audiencias o no hacer turnos de instrucción. "Basta con que los prosecutores paralicen durante doce horas el sistema, y éste colapsa absolutamente", advierte Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.
Además de estas medidas de presión, los fiscales también tienen previsto reunirse con el presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC), y el senador Alberto Espina (RN), integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quienes se han mostrado más solícitos para realizar gestiones tendientes a evitar un escenario de conflicto.
«Evidentemente nosotros consideramos que es indispensable aumentar de dotación al Ministerio Público, no sólo en lo que se refiere al número de fiscales sino también de abogados asistentes y personal administrativo, porque aquí es innegable que hubo un error de proyección», afirma el representante gremial.
Bravo respalda su aseveración en un estudio realizado en 1998, que se estableció que la cantidad de fiscales que se requerían para que el sistema funcionará adecuadamente era de 1.200, mientras que en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público se consagraron 625 prosecutores, que en la actualidad llegan a 660; a los que se sumarán 22 fiscales para la ley de responsabilidad adolescente.
Las aprensiones del dirigente recibieron un nuevo espaldarazo el pasado jueves, cuando el fiscal nacional del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena, alertó que existía una sobrecarga de trabajo que incluso había derivado en un éxodo de prosecutores.
«No queremos llegar a un escenario de conflicto, pero si no nos dan margen, si nos ponen en una situación donde ya no tenemos ninguna posibilidad de seguir dialogando… En esas circunstancias, lo que los propios fiscales señalan -no yo- es que están dispuestos a tomar medidas de fuerza y prisión, porque es la única manera, al parecer, de que algunas autoridades entiendan nuestros problemas», manifiesta.
El petitorio de los fiscales también considera restituir el 30% que la autoridad le rebajó al bono de desempeño y contar con los mismos sueldos de los jueces, materias que también han sido abordadas por Piedrabuena con las autoridades del Ministerio de Justicia.
Seguridad
Otro tema que ha generado controversia entre los fiscales y la Suprema es la seguridad de los fiscales en el Centro de Justicia, ya que los primeros han demandado la utilización de las mismas vías de acceso (en particular los ascensores) que ocupan los magistrados, para evitar el contacto con el público.
Esta solicitud se justifica, según los fiscales, en los ataques y amenazas que han sufrido algunos representantes del Ministerio Público en las inmediaciones de los edificios de calle Pedro Montt, por parte de imputados y de sus familiares. Sin embargo, la Suprema desestimó el pedido y señaló a la Fiscalía que la construcción de estos accesos debería ser costeada con sus propios recursos.
Bravo entiende esta negativa como "una falta de generosidad y de voluntad, que francamente no me la explicó. La propuesta de que se puedan construir nuevos ascensores es técnicamente imposible, en segundo lugar el Ministerio Público no cuenta con los recursos suficientes para invertir una cantidad de plata en la realización de tamaña obra, así como el país no está para darse gustos gastando más dinero, cuando hay situaciones que requieren una urgencia mayor".
En el máximo tribunal señalan que una de las razones para adoptar esta decisión obedece a que sería mal visto que juez y un fiscal abandonen el tribunal por el mismo acceso, lo que podría ser interpretado como un atentado a la igualdad de proceso, considerando que los prosecutores sólo vienen a ser una parte del juicio.
Frente a las medidas que debe preparar Gendarmería a solicitud del Ministerio de Justicia, Bravo considera que lo más probable es que ello se traduzca en la presencia de guardias dentro de las salas, mas no el ingreso al Centro de Justicia. «Todo lo que signifique avance está bien, no lo vamos a criticar, pero consideramos que es insuficiente, porque también necesitamos protección en lo que es patio", señala.
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