Despido del abogado y periodista Miguel González Pino de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial es el primer signo de la profunda reestructuración que se prepara en la Corte Suprema en su política frente a la prensa y los medios de comunicación. Desde hace meses se viene discutiendo entre los ministros del máximo tribunal del país.
La salida del abogado y periodista Miguel González Pino de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial es el primer indicio de la profunda reestructuración que prepara la Corte Suprema de su política frente a la opinión pública, con la idea cambiar la negativa imagen que tienen los tribunales del país.
El tema se viene siendo discutida desde hace meses entre los ministros del máximo tribunal y nada tiene que ver con el polémico autoacordado que establecía límites a la labor de los periodistas y camarógrafos del Poder Judicial, sino que está relacionado con un cambio global que busca revertir su mala evaluación e intentar una política más agresiva.
Por ello, desde hace varios meses la periodista Mónica González Mujica trabaja como asesora externa del máximo tribunal investigando las falencias que se detectan en la forma como la Suprema y el resto de los tribunales país dan cuenta de los hechos que les interesa y de qué manera se afrontan los problemas que a diario se detectan en este poder del Estado.
Tras una reunión especial y secreta realizada hace más de dos meses, el máximo tribunal determinó encomendarle la labor a González Mujica, para lo cual también le entregó el estudio realizado por la empresa Extend en 2005 sobre la imagen del Poder Judicial y otra serie de antecedentes sobre la materia.
Con el material proporcionado, la ex directora del desaparecido diario Siete comenzó a preparar un informe al Pleno para reformar completamente la política comunicacional del Poder Judicial y afrontar de mejor manera las eventuales crisis que surgen cada cierto tiempo en tormo a la judicatura.
El trabajo de Mónica González aún no finaliza, por lo que su labor no se relaciona directamente con la salida de Miguel González, a quien el lunes el presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, le comunicó que de manera anticipada se ponía término al contrato a honorarios que presta como asesor de la Corte Suprema.
La labor de González Pino formalmente termina el 31 de mayo, pero el hasta el lunes director de Comunicaciones del Poder Judicial sólo trabajará hasta la próxima semana, ya que el término de su contratado coincide con el aviso legal de un mes de anticipación que corresponde en estos casos.
Diferencias con Pleno
Los cambios en la Unidad de Comunicaciones, más allá del tema meramente formal, una vez más reveló las diferencias que tiene Tapia Witting y la mayoría del resto de sus colegas del pleno del máximo tribunal, y que ya tuvieron su primera manifestación en el polémico autoacordado sobre restricciones a la prensa.
Al igual que en aquella ocasión, el magistrado no respaldó la destitución de González Pino, pero fue el encargado de dar a conocer la determinación y ser la cara visible ante la prensa.
"Quieren cambiar la política comunicacional, hacerla más agresiva (…) Esta es una orden del Pleno para mí, pero todo va seguir igual, mi comunicación con ustedes (los periodistas) será igual, quizás mejor, aunque es harto difícil que sea mejor", dijo Tapia.
Las diferencias esta vez no tienen que ver con la menor o mayor apertura a los medios, como ocurrió con las limitaciones a la labor de los periodistas, sino que se refieren a un tema más antiguo y de fondo: la falta de una política comunicacional definida de la Suprema.
Críticas a labor de González Pino
Para algunos magistrados, la labor desarrollada por Miguel González ha sido insuficiente y poco proactiva, siendo incapaz de afrontar los problemas que se han generado en el Poder Judicial y evitar los constantes cuestionamientos de la opinión pública sobre la labor de los tribunales.
Esos jueces estiman que González Pino tuvo una muy buena imagen hacia el exterior, con un gran respaldo de los medios de comunicación y alabanzas a los impulsos protransparencia, pero con claras deficiencias en el ámbito interno.
Aunque algunos apuntan a que debería existir una mayor restricción a la labor de los periodistas en tribunales, dado el perfil de la asesoría de Mónica González es poco probable que su trabajo vaya en este sentido, sino que más bien debería apuntar a profundizar la apertura existente hasta hoy.
