El 15 de junio deberían acumularse en un sólo tribunal las más de 23 mil causas del antiguo sistema que se encuentran en tramitación, lo que podría significar un nueva crisis. Máximo tribunal analiza medidas, debido a que el proyecto respectivo aún no tiene urgencia del Ejecutivo y duerme en el Parlamento.
La Corte Suprema estudia medidas de emergencia para afrontar el cierre de los antiguos juzgados del crimen de Santiago y evitar que se produzca la acumulación en un solo tribunal de las más de 23 mil causas que aún se encuentran en tramitación bajo el régimen del antiguo Código de Procedimiento Penal.
Ante la inminencia del cierre de los 16 juzgados del crimen el próximo 15 de junio y lo poco factible que se apruebe un proyecto de ley que retrase la medida, el máximo tribunal del país decidió tomar el "toro por las astas" y buscar las soluciones para evitar que todos los procesos del antiguo sistema queden en un solo tribunal.
La preocupación de la Suprema surgió a comienzos de año, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago informó que los tribunales de esa jurisdicción no están en condiciones de acumular sus procesos en un solo juzgado, una medida que se realizó en todas regiones del país a dos años de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.
La ley contemplaba que al año se cerraran todos los juzgados impares, lo que ocurrió en junio de 2006 reduciéndose de 32 a 16 los tribunales de la principal jurisdicción del país. Sin embargo, en el Poder Judicial advierten que la segunda etapa es imposible llevarla a cabo.
La Suprema estudia cuántos juzgados deben permanecer abiertos para afrontar el gran volumen de causas pendientes y el tiempo en que debería prolongarse la medida, lo que se decidirá a la brevedad dado que la fecha del cierre de los tribunales está demasiado próxima.
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Los senadores Evelyn Matthei y Víctor Pérez (ambos UDI) presentaron un proyecto de ley para prolongar en tres años más la existencia de los juzgados pares, pero la iniciativa no cuenta con el respaldo del Ejecutivo, ni tampoco tiene incorporada algún tipo de urgencia en su tramitación, por lo que es muy probable que ni siquiera se alcance a discutir antes de junio.
A fines de enero pasado la subsecretaria de Justicia, Verónica Barahona, se reunió con la entonces presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez, para estudiar el cierre y prometió una solución para abril, pero hasta ahora no ha existido pronunciamiento del Ejecutivo sobre la materia.
La idea de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago era cerrar algunos de los tribunales pares, pero no mantenerlos todos como proponen los parlamentarios, ya que ello implica un costo mayor a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Para mantener un tribunal, además del cargo de juez, se requiere seguir con los puestos de secretario del tribunal y oficiales primero, segundo, tercero y cuarto, es decir, al menos seis funcionarios para seguir operando. A ellos se suman los del escalafón que cumplen labores como actuarios y otras tareas, por lo que la cifra definitiva llega a una docena.
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