Desalojos como el de la bahía Quinteros de Iquique podrían repetirse en los próximos meses, debido a que el Ministerio de Bienes Nacionales y la Gobernación Marítima seguirán recurriendo a tribunales para conseguir desocupación de terrenos cercanos a playas. Se trata generalmente de casas de veraneo y no de habitaciones permanentes.
Las costas de las regiones de Tarapacá y Antofagasta es donde existe la mayor cantidad de asentamientos humanos emplazados de manera ilegal en las playas y que podrían ser desalojados tal como ocurrió en el sector de bahía Quinteros de Iquique, donde 33 familias fueron sacadas de sus casas por una orden judicial.
El desalojo se produjo el jueves pasado, luego de un proceso judicial que se tramitó por casi diez años en los tribunales y se logró debido a que el Ministerio de Bienes Nacionales y la Gobernación Marítima de Iquique pidieron la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para lograr esos terrenos para el Fisco, por constituir parte del borde costero.
El jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Mecklenburg, explicó a El Mostrador.cl que la situación de Quinteros se repite en varios asentamientos de las regiones de Antofagasta, debido a que es prácticamente imposible fiscalizar las ocupaciones ilegales de terrenos en grandes extensiones de playa.
En ese sentido, el personero valoró la decisión de los tribunales de ordenar el desalojo de los habitantes de la bahía nortina, ya que es «una excelente experiencia para extrapolar en otros casos similares donde existen asentamientos humanos en zonas costeras prohibidas y que constituyen parte del patrimonio fiscal».
Mecklenburg recordó que en la mayoría de los casos se trata de asentamientos de segundas viviendas o casas de veraneo, por lo que «son ocupaciones irregulares con fines claramente distintos a la habitación permanente», por lo que la entidad continuará estudiando acciones legales en contra de otras comunidades que se encuentren en situaciones irregulares.
En tanto, la Subsecretaría de Marina descartó la posibilidad de otorgar concesiones marítimas en Quinteros y recordó que «con anterioridad, un número importante de ocupantes ilegales había hecho las solicitudes de los sectores ocupados, pero al momento de requerirse el respectivo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá, esta repartición señaló que el sector no contaba con planificación territorial vigente y que no se ajustaba a ninguna de las excepciones contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sectores rurales».
Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por acuerdo de marzo pasado, solicitó a la Ministra de la Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, que ordene a la secretarías regionales ministeriales para que instruyan a las Direcciones de Obras Municipales de comunas ubicadas en el sector de borde costero consulten a las gobernaciones marítimas respectivas previo al otorgamiento de permisos de edificación en aquellos sectores de playa o fondo marino.
El informe tiene como fin evitar que ocurran nuevos casos como el de Iquique y determinar si existe un catastro de lugares donde existan asentamientos ilegales que deban ser desalojados por medio de acciones judiciales en contra de esos ocupantes.
Cabe recordar que de acuerdo a la actual legislación los asentamientos urbanos en las playas ubicadas en la costa marina se encuentra regidas por dos entidades: las gobernaciones marítimas, que dependen de la Dirección de Territorio Marítimo de la Armada y que regulan los asentamientos hasta los 80 metros de la línea costera para el otorgamiento de concesiones, y el Ministerio de Bienes Nacionales, que regula los asentamientos más allá de los 80 metros y que además trabaja con las Direcciones de Obras Municipales.
