Ejecutivos de KPMG se querellan por delito informático contra Ernst & Young - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 15:40

Acción legal está a cargo del

Ejecutivos de KPMG se querellan por delito informático contra Ernst & Young

por 8 mayo, 2007

Prosecutor ordenó interrogar a los máximos ejecutivos de la última firma -entre ellos Cristián Lefevre Badilla- y requerir la entrega de computadores para su análisis. Abogado Hugo Rivera calificó la acción legal como ''mentirosa'' y confía en que demostrará la inocencia de sus representados en los tribunales.

A punto de convertirse en una de las peleas legales más bulladas del mundo de las de consultoras está la querella presentada por ejecutivos de la multinacional KPMG en contra de Ernst & Young, otro gigante de las asesorías, por delito informático.



La acción legal está en manos del fiscal Víctor Vidal, del Ministerio Público Centro Norte, quien ya dictó las primeras diligencias, entre ellas que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos analice computadores de Ernst & Young para ver si se configura el ilícito y tome declaración de los ejecutivos de la firma.



La querella fue interpuesta en contra de Cristián Lefevre Badilla (socio administrador de Ernst & Young), Rubén López Di Rubba, Pablo Greiber Bersalel, Rodrigo Valenzuela Cori, Charles Alexander Bunce, Víctor Zamora y Carlos Muñoz y de todos los que resulten responsables, de acuerdo a la información obtenida por El Mostrador.cl en fuentes del Centro de Justicia.



Según lo averiguado por este diario, los hechos que indaga el prosecutor -el mismo que pesquisa el caso de los "quesitos millonarios"- se iniciaron el 1 de octubre de 2006 en el Club de Polo San Cristóbal de Vitacura.



En la oportunidad, concurrieron los querellantes Alejandro Cerda, Cristian Bastián Escobar y el ex gerente de la Bolsa Cristián Solís de Ovando, a conversar con el "socio administrador" de Ernst & Young, Cristian Lefevre.



La acción legal relata que este último fue informado de que Cerda y Escobar habían recibido una oferta de la competencia, la firma KPMG International. En la conversación le habrían planteado a Lefevre que el cambio se haría dentro de los términos que Ernst & Young estipula en sus estatutos.



Estas empresas que manejan datos confidenciales del mundo empresarial generalmente cuidan mucho los secretos que se llevan sus ejecutivos cuando cambian de empleo. En casos como éste, por ejemplo, existe un tiempo donde los ejecutivos no pueden laborar.



El texto sostiene que Lefevre habría aceptado los planteamientos por lo que quedaron de reunirse al día siguiente para definir el cambio, lo que Lefevre, en todo caso, debía consultar con el comité ejecutivo de la compañía, entre ellos Rubén López.



Sin embargo, al día siguiente -sigue el relato judicial- tanto Cerda como Escobar intentaron ingresar a su correo "web mail" de Ernst & Young, pero para su sorpresa las passwords habían sido anuladas, como también los accesos remotos a las bases de datos de la compañía, según los afectados, "sin aviso". Al mismo tiempo, reclaman los querellantes, su secretaria -Angélica Farías- no podía atender sus llamados.



Pero faltaba un detalle más, según los requirentes, y es que el jefe de Informática, Andrés Vicuña Vercelli, les informó que sus computadores portátiles (laptops) serían analizados para ver cualquier anomalía, misión que estuvo a cargo de Carlos Muñoz.



El resto de las pertenencias personales y contables, se señala, sólo pudieron tenerlas después de tres semanas.



El hecho recuerda a la película "Acoso sexual", cuando el actor Michael Douglas, en una disputa con una superior, se ve enfrentado a la insólita situación de no tener acceso a su correo e información personal, como una forma de quebrarle la voluntad y evitar que siguiera adelante con las acciones que había emprendido contra su jefa, la actriz Sharon Stone.



Volviendo a Chile, los querellantes -cuando retiraron sus pertenencias fueron vigilados- aseguran, por Helena Córdova y Nelson Valle por órdenes superiores.



Siguiendo con la investigación que lleva adelante la fiscalía, el prosecutor Vidal dictó una serie diligencias, entre ellas que los computadores de los afectados sean periciados por la Brigada Investigadora del Ciber Crimen de Investigaciones, como también la citación a los imputados de Ernst & Young.



"Querella infundada y mentirosa"



El Mostrador.cl se contactó ayer con el abogado de Ernst & Young, el destacado penalista Hugo Rivera.



El profesional, sin embargo, declinó pronunciarse sobre las diligencias dictadas por el fiscal y sobre la indagatoria.



"Como los abogados estamos impedidos entrar en detalle sobre las materia de las investigaciones, por el momento no nos referiremos al fondo del asunto, pues la sede donde se debe discutir esto, es precisamente dentro de la carpeta de investigación y ante los tribunales competentes", dijo.



Inquirido sobre la acción legal Rivera explicó que esta "es infundada y mentirosa y cuyos móviles se demostrarán en tiempo muy breve".



Insistió que en que, como patrocinante de Ernst & Young, "estamos confiados en que la investigación llevada por el señor fiscal demostrará cual es la verdadera postura de estos singulares querellantes".



Junto a la querella existe un juicio arbitral entre las partes, que es llevado por Luis Óscar Herrera.



Este medio también intentó obtener una versión del abogado querellante Gonzalo Cisternas, quien se excusó de opinar aludiendo a que su labor es litigar en los tribunales.



Estrategia prosecutora



Las diligencias del fiscal Vidal apuntan a establecer si los derechos de los ex ejecutivos de Ernst & Young fueron violados y ver si se configura el delito informático.



Para ello busca que la Bridec interrogue a los querellantes, pero también a los querellados y saber quiénes impartieron las órdenes de violar los candados de los notebooks para conocer la información que mantenían los ejecutivos en los discos duros.



Al mismo tiempo, obtener algún documento que hayan firmado los ex empleados que facultara a la firma para realizar tal medida.



El fiscal ordenó a Investigaciones que pida la entrega de los computadores y discos duros voluntariamente. De no ser así, solicitará una orden judicial para incautarlos en las oficinas de la empresa consultora.

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