Jaime Jiménez, Cristián Pareto y Víctor Manuel Rebolledo, quienes ejercían como parlamentarios cuando estalló el escándalo, recibieron una pena de 100 días de presidio remitido como autores del delito de soborno. También fueron sentenciados el ex asesor Alejandro Chaparro y los empresarios Carlos Filippi e Iván Sánchez.
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ratificó este jueves las condenas contra los tres ex diputados Cristián Pareto, Jaime Jiménez y Víctor Manuel Rebolledo involucrados en el escándalo de las plantas de revisión técnica (PRT) en la Sexta Región, conocido como el caso Coimas, pero al mismo tiempo absolvió al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini.
De acuerdo al dictamen del máximo tribunal, fueron condenados a 100 días de presidio remitido a los ex diputados Jiménez, Pareto (ambos ex DC) y Rebolledo (PPD), y al empresario plantero Gabriel Álamo. En tanto, el ex asesor ministerial Alejandro Chaparro y el empresario Iván Sánchez fueron sentenciados a 60 días de reclusión. Finalmente, para el empresario Carlos Filippi fue absuelto de uno de los cargos, pero se lo condenó a dos penas de 100 días de soborno.
La Corte Suprema confirmó, eso sí, las condenas de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos los involucrados que fueron sentenciados.
No hay pruebas contra Tombolini
Después de cinco años de investigación, los tribunales de justicia sólo pudieron determinar que se registraron delitos de cohecho y soborno por las sumas de $15.000.000 y $20.000.000, en los que se vieron involucrados parlamentarios, algunos dirigentes políticos y empresarios privados.
En fallo unánime, el máximo tribunal acogió un recurso de casación presentado por Tombolini y determinó que el ex personero no es responsable de dos delitos de cohecho que lo vinculaban a irregularidades en la entrega de permisos para plantas de revisión técnica (PRT), por los que había sido condenado a sendas penas de 540 días de prisión.
En su resolución, la Suprema consideró que no se pudo probar que Tombolini solicitara $ 15 millones y $ 3 millones, en octubre de 2000 y enero de 2001, respectivamente, a Filippi con el objetivo de que influyera ante el entonces seremi de Transportes, Lincon Pérez, para que lo favoreciera.
De acuerdo a la resolución, en el caso del primer ilícito «sólo existen terceros, entre los que no estaba el subsecretario", quienes solicitaron el dinero a Filippi, en referencia al ex diputado Víctor Manuel Rebolledo y el empresario Gabriel Álamo.
Y en cuanto al cobro de otro vale vista de $ 3 millones para destinarla a campañas políticas, la resolución establece que «no se logró allegar a la causa otros antecedentes que probaran que hubo una oferta a cambio del aporte económico, consistente en realizar algún acto o incurrir en alguna omisión que favoreciere al empresario Filippi o algún tercero».
En ese sentido, el dictamen establece que lo resuelto en el fallo anterior «corresponde sólo a una sospecha vaga y sin fundamento probatorio alguno, lo que es insuficiente para satisfacer la exigencia de la descripción punitiva de especificidad o precisión respecto al acto u actos que se ofrece o acepta omitir o realizar».
Si bien Filippi también fue absuelto por supuestamente haber pagado $ 3 millones a Tombolini, sí fue condenado por haber entregado a Rebolledo $ 15 millones, los que fueron cobrados por el ex asesor ministerial Alejandro Chaparro, quien se quedó con un tercio del monto total.
Condenas a diputados
Pareto, Jiménez, Sánchez y Filippi, en tanto, fueron condenados por los hechos relativos a la entrega de $ 20 millones a los parlamentarios ($10 millones para cada uno) de parte de los empresarios, con el objetivo de favorecer al último ante las autoridades públicas.
De acuerdo a la resolución judicial, ambos parlamentarios realizaron gestiones ante el Ministerio de Transportes, con el objetivo de que se reabriera una planta de revisión técnica de Filippi, para lo cual habrían recibido la mencionada suma.
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