Comité Penal del organismo adoptó la decisión tras recibir antecedentes de la Contraloría General de la República, debido a los intereses fiscales comprometidos en el caso. Acción judicial inicialmente estará dirigida en contra de los ex ejecutivos de la firma estatal y de los particulares que aparecen involucrados en las irregularidades.
El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió el jueves hacerse parte en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por las irregularidades registradas al interior de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
La decisión se basó, dijo a El Mostrador.cl un consejero del organismo, en la gravedad de los hechos descubiertos por la Contraloría General de la República, muchos de los cuales revisten, abiertamente, caracteres de delito.
El CDE había analizado hace algún tiempo la viabilidad de entrar en el caso pero sobre hechos particulares, muy puntuales, dijo la fuente, y en esa oportunidad declinó ingresar al proceso representando al Estado, porque EFE había presentado una querella.
Sin embargo, en esta ocasión, debido a la envergadura de los intereses comprometidos y a petición de la propia empresa de trenes, el CDE accedió a presentar una investigación judicial.
El miércoles, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, adelantó que había puesto a disposición del CDE una serie de antecedentes adicionales a las irregularidades ya descubiertas por el organismo que encabeza.
Según explicó tras comparecer ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, indicó que si bien algunas materias la propia firma ya las había superado, otras fueron enviadas al Consejo para que evaluara la pertinencia de ingresar al proceso.
La investigación judicial está cargo del Ministerio Público Centro Norte, cuyo fiscal José Manuel Ramírez tiene a varias personas formalizadas por distintos delitos.
Se trata del ex gerente de administración de EFE Claudio Carreño Rosales, imputado ante el tribunal de garantía por el delito de fraude al fisco y negociación incompatible.
Le sigue el ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la repartición Guido Olavarría por fraude al fisco reiterado.
Junto a estos últimos están dos comerciantes privados, los contratistas Anastasio Cerda Morales y Jessica Castro por el ilícito de estafa en grado de reiteradas.
Será precisamente en contra de estas personas donde va dirigida la querella criminal del CDE, como también contra aquellas que resulten responsables de los ilícitos.
Informe del contralor
El miércoles, Mendoza también expuso el informe realizado por los fiscalizadores de la repartición, oportunidad en que reconoció que se han detectado deficiencias en los controles internos y de cobranza, contratos que no fueron garantizados e incumplimiento de éstos, ausencia de algunas facturas, entre otras.
Sin embargo, lo más grave fue que acusó a la antigua administración de EFE de haber dificultado las investigaciones de la Contraloría, situación que se agravó en febrero de 2006 cuando la firma interpuso una demanda de «mera certeza» para impedir la fiscalización.
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