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Gobierno y senadores insistirán por evitar postergación de ley penal juvenil

Ministro Ricardo Lagos Weber aseguró que el Ejecutivo no cuenta con antecedentes que obliguen a retrasar nuevamente la puesta en marcha de la reforma. Aunque reconoció que las condiciones son »mínimas», el presidente de la comisión de Constitución Senado respaldó que la nueva norma rija a partir del 8 de junio.


El Gobierno anunció este viernes que insistirá en la necesidad de que no se postergue la entrada en vigencia de la Reforma Penal Adolescente (RPA), pese a la indicación promovida y aprobada en la víspera por diputados oficialistas integrantes de la comisión de Constitución de la Cámara.



Así lo aseguró el ministro portavoz de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, quien indicó que no existen razones para retrasar la entrada en vigencia de la normativa el próximo 8 de junio, precisando que por lo demás sólo algunos diputados manifestaron una posición en otro sentido.



Lagos Weber explicó que hasta ahora lo único que existe es el informe del Comité de Expertos de la RPA, que propuso una implementación paulatina de la nueva ley, pero recalcó que el Ejecutivo no tiene ningún antecedente que obligue una medida de esa naturaleza.



Anticipó que "para tener un diagnóstico más acabado", las autoridades conversarán con los diputados que presentaron una indicación para postergar la entrada en vigencia de la ley: Jorge Burgos (DC), Eduardo Saffirio (DC), Pedro Araya (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Laura Soto (PPD) y Juan Bustos (PS).



Subrayó que lo señalado por los parlamentarios puede ser legítimo, "pero no hay que presumir el diagnóstico de ellos como correcto".



En la víspera, la comisión de Constitución de la Cámara, con los votos de parlamentarios de la Concertación, aprobó una indicación que obligaría a postergar hasta 2008 la entrada en vigencia de la nueva ley, pues no están dadas las condiciones para su implementación.



Según los parlamentarios, entre las deficiencias se cuentan el cumplimiento de las sanciones en centros semicerrados y a los programas vinculados con educación, rehabilitación y al perfeccionamiento de los detalles de coordinación interinstitucional; inversión en infraestructura; financiamiento; regulaciones específicas; y, de capacitación, entre otros.



El proyecto que establece ajustes a la ley, que había sido aprobado con leves modificaciones por el Senado, debe ser visto el próximo martes por la Sala de la Cámara. En caso de que prospere finalmente la indicación, se deberá formar una comisión mixta entre diputados y senadores.



Senadores también rechazan postergación



En la misma línea, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, José Antonio Gómez (PRSD), señaló que si bien se trata de una facultad de los diputados, recordó que "el Ejecutivo dijo que estaba en condiciones de entrar en vigencia".



«Desde el punto de vista del Senado, creemos que la norma que el Ejecutivo nos planteó puede entrar en vigencia en la fecha establecida", precisó el legislador, aunque de todas maneras admitió que las condiciones son "mínimas" para su puesta en marcha.



«El Ejecutivo se ha comprometido y por tanto, es el responsable de que se ponga en vigencia y si ha dicho que están las condiciones, no tenemos por qué desconfiar de esa decisión. Yo voy a respaldar la decisión del Ejecutivo", reafirmó.



En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI) indicó que sería una mala señal postergar la nueva ley, y consideró que es "bastante inexplicable" que se tome una medida de esa naturaleza, considerando que las autoridades de Gobierno han asegurado su correcto funcionamiento.



Asimismo, dijo que le parece "preocupante" el expediente utilizado por los diputados, pues a su juicio "no me parece que sean los parlamentarios los que tengan iniciativa para postergar la entrada en vigencia de esta ley, ya que eso le va a presentar un costo elevadísimo al Fisco".

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