Tras interrogar a seis choferes de miembros del máximo tribunal, el ministro Pedro Pierry ha establecido hasta el momento que sólo dos se encuentran involucrados en actos que podrían calificarse como corrupción. El magistrado también recibió antecedentes de pagos desde el año 2004 y en las próximas horas determinaría importantes resoluciones al respecto.
En la justicia ordinaria podrían terminar los antecedentes de las presuntas irregularidades en la rendición de viáticos de choferes de los ministros de la Corte Suprema, si el ministro Pedro Pierry logra comprobar que se cometió algún tipo de delito para aumentar este tipo de ingresos.
El magistrado fue encomendado el jueves pasado por el Pleno del máximo tribunal para indagar irregularidades en estos gastos y este martes podría derivar los primeros antecedentes al Ministerio Público, ya que se habría detectado que algunos de los conductores falsificaron firmas de los magistrados o adulteraron los formularios para cobrar el pago.
El magistrado ha interrogado a seis conductores -de los ministros Sergio Muñoz, Adalis Oyarzún, Nibaldo Segura, Orlando Álvarez, Patricio Valdés y del presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia-, pero sólo en el caso de los dos primeros se ha determinado algún tipo de irregularidad o manejo poco claro.
El ministro estuvo durante toda la jornada del martes interrogando a los conductores que prestan servicios a los ministros de la Corte Suprema y también tomó testimonio a sus propios colegas, quienes le aclararon si habían realizado salidas fuera de Santiago que ameritara la cancelación de viáticos y las ocasiones que utilizaron al chofer para estas labores.
En ese sentido, Pierry descartó interrogar a otros conductores, ya que los magistrados para los que prestan servicios no han realizados viajes fuera de la capital que ameriten el pago de este tipo de remuneración suplementaria.
Asimismo, el juez recibió antecedentes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial al menos desde 2004 en adelante, por lo que no se descarta que sus indagaciones también alcancen a funcionarios que hayan dejado la función de conductores de ministros de la Corte Suprema y actualmente realicen otro tipo de labor administrativa en los tribunales.
Pierry descartó tajantemente que los pagos a los choferes sean una remuneración complementaria por labores distintas a la conducción de los vehículos. "Eso categóricamente lo desmiento. Nada de eso es lo que yo he investigado", dijo el magistrado.
Agregó los dineros involucrados son menores y no constituirían un gran daño a los recursos que maneja el Poder Judicial. "Son montos pequeños, los viáticos en general nunca aumentan mucho la remuneración de funcionarios que de por sí no tienen un sueldo muy alto", afirmó el juez.
El ministro Pierry fue enfático en señalar que su investigación administrativa no puede traducirse en sanciones contra los conductores involucrados en las eventuales irregularidades, ya que debe dar cuenta al Pleno de su investigación y en esa instancia se podrían adoptar medidas disciplinarias.
Las irregularidades en la rendición de viáticos de los conductores fueron descubiertas la semana pasada por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, luego de que el ministro Adalis Oyarzún -integrante de esa instancia- descubriera que el chofer que tiene asignado cobraba pagos por montos superiores a las labores realizadas.
Oyarzún dio cuenta de la situación al Pleno que, en resguardo de la probidad de los funcionarios judiciales, tomó rápidamente cartas en el asunto y comenzó una investigación administrativa al respecto la que fue encomendada al ministro Pierry por turno, pero además aprovechando su vasta experiencia en derecho administrativo.
