Esta semana, durante la celebración del día del juez, el presidente del organismo gremial, Mario Carroza, dejó clara la postura respecto a la actuación de la Comisión de Ética del máximo tribunal: »Muchas veces hemos sido testigos de procesos disciplinarios… en que son evidentes las falencias: les falta transparencia».
Por primera vez, la Asociación Nacional de Magistrados hará una presentación ante la Corte Suprema para que deje sin efecto la sanción impuesta al juez de garantía de Arica, Francisco Vargas, a quien se le abrió un cuaderno de remoción por hechos ocurridos en 2005 en Valparaíso, donde habría protagonizado un incidente en estado de ebriedad.
Así lo confidenciaron a El Mostrador.cl algunos magistrados que estuvieron presentes en el acto de reivindicación a sus colegas exonerados durante la dictadura militar, llevado a cabo este miércoles en el Palacio Ariztía.
Paralelo a esta presentación, Vargas ya designó para su defensa al abogado Juan Pablo Olmedo, especialista en libertades civiles y de expresión, quien el jueves presentó un recurso de reposición al Pleno del máximo tribunal.
De acuerdo a los antecedentes obtenidos por este diario en fuentes judiciales, el escrito presentado por Olmedo apunta a la falta de un debido proceso en contra de su cliente.
Asimismo, alega que la sanción es extemporánea, toda vez que no existió un juicio en su contra, ya que Vargas prefirió llegar a un acuerdo reparatorio por los incidentes en que se vio -se señala- supuestamente involucrado.
En la oportunidad, fue formalizado por la Fiscalía de la Quinta Región y por maltrato de palabra a Carabineros, pero luego de que pidiera disculpas a la policía uniformada la causa fue sobreseída.
Según se indicó, en el escrito se encuentra una declaración prestada por la dueña del bar La Playa de Valparaíso, quien confirma que Vargas no participó en los hechos.
Este punto es importante para la defensa del magistrado, debido a que el razonamiento usado por los jueces del máximo tribunal es que si hubo acuerdo reparatorio, hay una responsabilidad asumida, los hechos son reales y, por tanto, merece una sanción.
Juez garantista
Francisco Vargas se ha hecho conocido en las últimas semanas debido a los reclamos de la Fiscalía de la Primera Región por dejar en libertad a narcotraficantes, ante lo cual el magistrado se ha defendido señalando que son los funcionarios del Ministerio Público quienes no plantean correctamente los argumentos en estrado.
Por esta razón, algunos jueces creen que sus superiores están aprovechando un hecho ocurrido hace casi dos años como una excusa para exonerar a Vargas por sus decisiones jurisdiccionales, que aquejan los intereses de la Fiscalía de Arica.
Las sospechas de los pares de Vargas apuntan a la siguiente comparación: "Si los supremos no echaron al juez Klapp (de quien aparecieron fotos desnudo junto a unas prostitutas en Coyhaique hace algunos años), tampoco podrían hacerlo con Vargas. De lo contrario, nuestra tesis de que existe una presión política se confirmaría por completo", dijo un juez a este diario.
Preparación
La decisión de la Asociación fue adoptada el martes de esta semana, como una forma de mantener también la coherencia de sus postulados sobre la falta de transparencia en los procesos disciplinarios llevados por el máximo tribunal.
Así lo aclaró el discurso leído este martes por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidente del gremio, Mario Carroza, en la celebración del día del juez en el Pleno de la Suprema.
"Aspiramos a que el régimen disciplinario también se funde en principios básicos de un debido proceso, tipificando prohibiciones claras y específicas, con sanciones determinadas y plazos determinados. Creemos que resulta del todo imperativo activar el proyecto que hoy se encuentra en el Congreso", dijo Carroza.
Y deslizó directamente el caso que afecta al juez Vargas: "Muchas veces hemos sido testigos de procesos disciplinarios contra jueces, procesos en que son evidentes las falencias: les falta transparencia y no son únicos. No lo son porque en ocasiones investiga el Pleno de la Corte Suprema o el de la Corte de Apelaciones, en otras un ministro de Corte y a veces la Comisión de Ética", reiteró.
El escrito al máximo tribunal lo prepara en estos días uno de los miembros del directorio de la ANM. De todas maneras, no se trata de una presentación sencilla. Debe ser vista precisamente por quienes tienen las facultades jurisdiccionales sobre la institución y definen calificaciones, entre otros tópicos.
Por eso, el martes el mensaje de Carroza a la comunidad jurídica y al propio presidente de la Suprema, Enrique Tapia, quien estaba a su lado en la ceremonia, fue un adelanto simbólico de lo que venía: "Creo en la necesidad de que toda la comunidad jurídica participe en promover las bases de un Código de Ética Judicial, basado no en conductas punitivas y sanciones, sino en principios que reflejen los estándares que la comunidad exige de sus jueces. Dichos atributos han de tomar forma de principios básicos de un correcto ejercicio de la función de la magistratura", recalcó.
Historia cuestionada
La Comisión de Ética de la Corte Suprema fue un organismo fiscalizador que fue creado durante la administración el ex presidente y hoy abogado integrante del máximo tribunal Hernán Álvarez García.
Se le critica en los pasillos de tribunales de carecer de un reglamento claro y de convertirse en un tribunal dentro de otro tribunal, como también que los magistrados que integran la instancia e investigan, luego integran el pleno que debe decidir una sanción.
Actualmente, el ex supremo Luis Correa Bulo, quien fue exonerado en 2001 por la Comisión de Ética, espera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de un debido proceso en su contra. Si el organismo acoge su reclamo y condena a Chile, la comisión podría enfrentar serios problemas para su continuidad.
