Organismo autónomo podrá intervenir y cerrar establecimientos, si estos no cumplen con las normas mínimas de calidad. La iniciativa es considerada uno de los tres pilares fundamentales para elevar la calidad de la enseñanza, junto al que sustituye a la LOCE y la inédita inyección de recursos al sistema.
La Presidenta Michelle Bachelet firmó este jueves el proyecto que crea la Superintendencia de Educación, considerado por la propia mandataria como uno de los tres pilares de la reforma al sector, junto al que deroga la LOCE y a la millonaria inyección de recursos.
El organismo tendrá por objetivo vigilar el cumplimiento de las normas educativas, fiscalizar y entregar logros de aprendizajes de los alumnos, evaluar el desempeño de los establecimientos y sus sostenedores, así como también a los profesores y directivos de escuelas.
En la ceremonia y al igual que el 21 de mayo, Bachelet pidió al Parlamento que realice una acuciosa, pero rápida tramitación de la iniciativa, que ingresará por el Senado, ya que tal como indicó en su discurso "ningún aporte financiero servirá si no se cuenta con los más modernos instrumentos de fiscalización".
"Necesitamos la cooperación y el apoyo de todos. Necesitamos que el Congreso Nacional apruebe rápidamente los proyectos, mientras tanto, nosotros seguiremos concentrando esfuerzos en fortalecer la educación pública, haciendo todos los ajustes institucionales que sean necesarios con el único norte de forjar una educación de calidad", puntualizó Bachelet.
La entidad de control será autónomo administrativa y financieramente, por lo que no dependerá del Ministerio de Educación, y sus autoridades serán elegidas mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.
La firma del proyecto se realizó en el colegio municipal de Viluco de Buin, que alcanzó importantes resultados en la última prueba Simce, pese al nivel socioeconómico de sus alumnos.
En su discurso del pasado lunes en Valparaíso, la mandataria definió este proyecto como uno de los "tres pilares fundamentales" para elevar el nivel de la educación en el país, el que se complementa con la creación de un nuevo marco regulatorio y los recursos por más de 650 millones de dólares inyectados al sistema a partir del 2008.
Una de las atribuciones más «duras» con que contará será la posibilidad de cerrar e intervenir un establecimiento, en caso de que éste no cumpla con las normas mínimas de calidad.
"Si el proyecto de Ley General de Educación consagra las responsabilidades del Estado con la educación, los derechos y deberes de los actores educativos, y la exigencia de cumplir estándares de calidad, la superintendencia es la que evaluará y fiscalizará su cumplimiento pudiendo sancionar a quienes incumplan con la normativa", explicó la ministra de Educación, Yasna Provoste, quien acompañó a la Presidenta en la firma del documento.
«Atrás quedarán las denuncias y reclamos que, a pesar de tener fundamento hasta ahora no tenían sanción. La superintendencia será un espacio para que los ciudadanos y las comunidades educativas eleven sus reclamos y denuncias, asegurando así una real fiscalización y una oportuna sanción si corresponde", agregó.
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