Sala Penal del máximo tribunal confirmó una sentencia de cinco años y un día de presidio contra el otrora oficial Luis Fernando Romo Morales, quien aparece como responsable del secuestro de Carlos Montecinos Urra y José Cofré Obadilla. El ex policía también deberá indemnizar con $ 10 millones a tres hijas de la segunda víctima.
La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó una nueva condena por violaciones a los derechos humanos contra un oficial en retiro de Carabineros, por dos casos de detenidos desaparecidos en septiembre de 1973 en la ciudad de Chillán, en la Octava Región.
En decisión unánime, los ministros Alberto Chaigeneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch desestimaron el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis Fernando Romo Morales.
De esta manera, ratificaron la sentencia a cinco años y un día de presidio contra el ex oficial, a quien se lo responsabiliza por el secuestro de los campesinos Carlos Roberto Montecinos Urra y José Lorenzo Cofré Obadilla, detenidos el 27 y 28 de septiembre, respectivamente, en Coihueco.
Además, Romo Morales deberá cancelar una indemnización por daño moral de $ 10 millones a favor de tres hijas del segundo de las víctimas de la represión policial, ocurrida en la zona campesina de la Región del Bío-Bío.
La Corte de Apelaciones de Chillán, en diciembre de 2006, había rebajado la condena inicial del Juzgado de Letras de la ciudad, que había sentenciado a Romo Morales a diez años y un día de presidio; absolviendo además al ex alcalde y concejal de Coihueco Luis Manuel Quintana González, que inicialmente estaba sentenciado a cinco años y un día de reclusión.
A la época de los hechos, Montecinos Urra era regidor por Coihueco en representación del Partido Comunista; mientras que Obadilla era dirigente sindical de los tractoristas del Asentamiento «Montaña Bustamante».
Ambos eran padres de once y tres hijos, respectivamente, y se presentaron voluntariamente a la tenencia de Carabineros de Coihueco, luego de ser llamados en los bandos de la época.
Los antecedentes judiciales aseguran que Luis Fernando Romo Morales estaba a cargo del cuartel y habría participado directamente en la ejecución de los dos dirigentes del mundo rural.
