Jefe nacional del Ministerio Público, en un documento al que tuvo acceso El Mostrador.cl, les recordó a los investigadores que deben hacer respetar su calidad de autoridad y a los funcionarios de Gendarmería que están afectos a cumplir con el artículo 129 del Código Procesal Penal, »que regula la detención en caso de flagrancia».
Luego de varias amenazas a fiscales, tanto en la sala de audiencias como en el recinto que alberga a los tribunales de garantía, el jefe nacional del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena, decidió tomar cartas en el asunto.
El pasado 22 de mayo, a través de un oficio dirigido a todos los fiscales regionales del país -al que tuvo acceso El Mostrador.cl– les recordó que deben "instar" al personal de Gendarmería presente en las audiencias a detener a los autores de las intimidaciones.
La "recomendación" es una crítica abierta a la labor del servicio de prisiones. Tanto que recuerda que Gendarmería, en su ley orgánica, tiene la obligación de "resguardar la seguridad interna" donde funcionan los tribunales de justicia, el Ministerio del ramo y las cortes del país. Por lo que insiste en el oficio que los guardias están afectos a cumplir el artículo 129 del nuevo Código Procesal Penal "que regula la detención en caso de flagrancia».
A su vez a los investigadores les señala que, como funcionarios, quedan "incluidos dentro de la expresión ‘otra autoridad’ que emplea el artículo 264 del Código Penal, lo que implica reconocer su idoneidad como sujetos pasivos de dicho delito (amenazas)".
Problema pendiente
Lo escrito por Piedrabuena se remite a una pugna que la Corte de Apelaciones de Santiago zanjó hace algunos meses, donde se reconoció que los fiscales se instalaban dentro de la estructura del Estado con el mismo rango que un miembro de la judicatura, cuando eran amenazados en su labor sostenedora de la acción penal pública.
La preocupación del fiscal nacional se instala en una discusión respecto a la seguridad de los fiscales, básicamente, en el Centro de Justicia. A esta polémica se le buscó solución en 2006, con el aumento de la dotación de gendarmes en las audiencias de control de detención y juicio oral, la que provocó más de algún roce.
Sin embargo, en esta oportunidad, Piedrabuena volvió a poner los puntos sobre las íes sobre un aspecto que sigue sin ser resuelto. Y es que en el edificio de Pedro Montt (conocido sarcásticamente como el "mall del crimen") la seguridad fuera de las salas de audiencia está a cargo de una empresa privada, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las cortes.
Un caso similar se vivió en noviembre del año pasado a raíz de agresiones a los fiscales, cuando la Suprema acusó de "pasividad y falta de voluntad" a la autoridad para resolver el asunto. Y, a través de un auto acordado, enfatizó: «De seguir produciéndose esta situación y ante la pasividad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad en las Salas de Audiencia (…), se provocará un grave deterioro a la imagen y autoridad de la Jurisdicción».
El recordatorio del jefe del Ministerio Público aparece cercano en el tiempo al reclamo que hicieran los fiscales al Ministerio de Justicia para tener un estatus, en términos de sueldo, similar al de los miembros del Poder Judicial. También con la negativa de la Suprema de acoger una medida para proteger a los fiscales de amenazas en éste y otros recintos, permitiendo que abandonaran la sala de audiencia por el mismo lugar donde lo hacen los jueces.
En cualquier caso, es probable que el oficio de Piedrabuena pueda causar más de algún guiño en la cartera de Justicia, ya que Gendarmería depende jerárquicamente de esta última.
