Fiscal Alberto Chiffelle tiene diez días para presentar una acusación -por tráfico o microtráfico- ante el tribunal de Garantía contra Paul Morrison Cristi -uno de los líderes de las fiestas electrónicas- y su primo Nicolás Moresco. Respecto al otro imputado, Mario Azócar, la indagatoria sigue abierta, pero se evalúa un procedimiento simplificado, ya que probó ser sólo consumidor.
El fiscal de Villarrica Alberto Chiffelle cerró este martes la investigación por el delito de tráfico de drogas que lleva contra el hijo de la diputada María Angélica Cristi (UDI), el empresario Paul Morrison y el primo de éste, Nicolás Moresco.
La decisión se basó en que ya se encuentra agotada la indagatoria que comenzó en el 5 de febrero de 2007, cuando la Brigada Antinarcóticos de Investigaciones desplegó un operativo donde ambos imputados fueron detenidos en Pucón, hallándoles 40 gramos de marihuana dentro de su jeep Subaru Tribeca.
El caso tomó connotación pública porque Morrison es hijo de la parlamentaria gremialista y uno de los líderes de la movida electrónica nacional, a través de su empresa «Streetmachine», encargada de armar exclusivas fiestas electrónicas y traer a Chile a connotados DJ extranjeros.
Los detectives detuvieron también a Mario Azócar, otro high society de la electrónica, quien cayó con cuatro dosis de hachís y pastillas de éxtasis. En la oportunidad, también fue detenido el afamado pinchadiscos Satoshi Tomiie, pero éste último fue dejado en libertad.
La investigación de la Fiscalía contó con la participación de un agente encubierto, que reveló que tanto Morrison como Moresco vendían drogas en sus fiestas, lo que en todo caso no ha sido probado, salvo por las versiones del investigador Chiffelle.
Morrison estuvo varias semanas en prisión, alegando que no era consumidor de drogas -lo que probó con un examen- y que la policía había "plantado" los paquetes de hierba en su automóvil.
Chiffelle tiene a contar del martes diez días para presentar acusación en contra de Morrison y Moresco. En este plazo deberá decidir también si mantiene el delito de tráfico de drogas -por el que arriesgan cinco años de cárcel sin beneficios- o si modifica la figura a micrográfico, que también consta en la Ley 20.000.
Para el caso de Mario Azócar, el fiscal no cerró la indagatoria. Esto implica, dijeron en el Ministerio Público, que podría llegar a un procedimiento simplificado buscando salidas alternativas, ya que este imputado probó que era un consumidor con una prueba médica.
El abogado de Morrison, Fernando Uribe Exteverría, declaró en su oportunidad que la policía había realizado un montaje en contra de su cliente y anunció una serie de acciones legales. Sobre este punto, lo único que existe hasta ahora es una indagatoria realizada por el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Policía Civil, que reveló que el procedimiento estuvo apegado al reglamento y la legalidad.
