Aunque sus demandas son más amplias que las que tienen los trabajadores del Servicio Nacional de Menores, la Asociación de Suboficiales de Gendarmería dio como plazo a la autoridad para resolver sus exigencias el 7 de junio, un día antes de que se inicie la reforma adolescente. En tanto, los empleados del Sename confirmaron huelga.
La Asociación de Suboficiales de Gendarmería se plegó este miércoles a las protestas de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), advirtiendo incluso con una posible paralización ante las deficiencias de la nueva ley penal juvenil, cuyo comienzo está previsto para el 8 de junio próximo.
Si bien los funcionarios plantearon un pliego de demandas que va mucho más allá de la Reforma Penal Adolescente (RPA), la fecha de la puesta en marcha de esta iniciativa es considerada un "plazo" para iniciar una nueva etapa en las movilizaciones en caso que el Ejecutivo no satisfaga sus exigencias.
Aunque se desmarcaron de la situación del Sename, explicaron que el trabajo con adolescentes es "muy delicado", y que el personal de la institución "no ha tenido ninguna preparación" para el inicio de la nueva reforma, a lo que se suman las deficiencias en otros recintos.
Advirtieron que se ha debido implementar 17 unidades Cereco (Centro de Rehabilitación Conductual), cuya seguridad estará a cargo de funcionarios de Gendarmería, así como la implementación de al menos 30 secciones juveniles a lo largo de las cárceles con personal de la institución.
«No vamos a hablar de plazos, por el momento, pero hay uno que no lo pusimos nosotros, lo puso la autoridad, que es el 7 de junio (…) También es un plazo y esperamos que antes de esa fecha tener un diálogo serio con la autoridad», manifestó la entidad.
Los dirigentes acusan una crisis por la falta de personal, sobrepoblación penal, falta de presupuesto para enfrentar la reforma procesal penal, falta de elementos de protección para los funcionarios -chalecos y antipuñales-, déficit de vehículos y algunos sin revisión técnica, conductores sin los debidos resguardos, y déficit en la infraestructura carcelaria.
En esa línea, exigen una ampliación en la planta de suboficiales en al menos 5.700 funcionarios, asignación de recursos para la implementación de la nueva ley, asignación de riesgos, eliminación de grado 26 para quienes «trabajaban en un sistema de esclavitud al interior de las unidades penales".
También reclaman «uniformes de calidad» entregados por la institución para evitar enfermedades en zonas extremas, la recomposición del escalafón interno, "recuperar la carrera funcionaria, evitando permanecer por diez, once y doce años en el mismo grado»
«Es necesario que definitivamente la postura de la autoridad cambie hacia Gendarmería. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para cumplir requerimientos, pero todo ello se traduce finalmente en un sistema de turnos de esclavitud para el personal de Gendarmería», sostuvo.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Justicia -cartera de la que depende Gendarmería- no había emitido un pronunciamiento.
Sename ratifica paro, pero retoma diálogo
En tanto, la asamblea de funcionarios del Sename ratificaron este miércoles la paralización indefinida hasta que el gobierno no acoja sus demandas, aunque de todas maneras confirmaron que este jueves retomarán las negociaciones con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
Este miércoles, la totalidad de los centros de atención del organismo se encuentra este miércoles ocupada por sus funcionarios, paralizados por la implementación de la ley de responsabilidad penal juvenil y mejoras salariales.
Pese a que los trabajadores exigen $ 4.500 millones anuales para sus salarios y las autoridades ofrecen $ 1.145 millones, la subsecretaria de Justicia, Verónica Barahona, señaló que "hemos avanzado en muchas materias. Tenemos la mejor disposición como Gobierno de avanzar con ellos y llegar a las mejores soluciones posibles".
Para la directora del Sename, Paulina Fernández, "no hemos tenido situaciones complejas, porque estamos trabajando al interior de las direcciones regionales, con tribunales y abogados, para que no sean vulnerados los derechos de los chicos y no se desacaten las órdenes de los tribunales".
De todas maneras, los funcionarios accedieron a retomar las negociaciones este jueves, tras las gestiones que realizaron previamente los diputados Denise Pascal (PS), Carolina Tohá (PPD), Tucapel Jiménez (IND) y Gabriel Silber (DC).
Según Pascal, «la petición tuvo buena acogida de parte de la autoridad de justicia y se confirmó una reunión para mañana jueves entre los trabajadores junto con representantes del Ministerio de justicia y de Hacienda».
«Dentro de los planteamientos hechos por los trabajadores a los parlamentarios, se cuentan la necesidad de tener estabilidad laboral, medidas de seguridad que minimicen los riesgos en los centros de reclusión y más recursos para enfrentar la aplicación de la nueva ley, lo que a nosotros nos parece absolutamente justo», explicó.
Pascal, dijo que si bien «los funcionarios del Sename reconocen el compromiso del Gobierno para sacar adelante esta tarea y la aceleración de los proyectos de infraestructura, también fueron claros en demandar soluciones a la situación precaria en que hoy se encuentran».
