»Se debe analizar con mayor detención el rol de las empresas y su relación con la política. La actual normativa debe ser corregida. La discriminación positiva que tienen las empresas en el tema tributario tiene que cambiar», señala la investigadora Mireya Dávila, quien lamenta que los chilenos no conozcan el origen y destino de los dineros en política.
Si bien existen avances en la regulación del financiamiento electoral con la ley que se aprobó en 2003 aún persisten deficiencias como el aporte que realizan los privados a determinados candidatos y que ha sido ampliamente criticado por la propia Presidenta Michelle Bachelet, quien ha sido tajante al señalar que "las empresas no votan".
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) realizó un estudio denominado "Dinero y política: Contribuciones al debate sobre el financiamiento electoral", en el que señala claramente que, pese a existir una normativa, "la ciudadanía continuará sin conocer el origen de las donaciones al momento de votar".
Además, resalta que la publicidad de las donaciones sólo es pública seis meses después de las elecciones y agrega que "otro tema crucial vinculado a la transparencia se refiere a las prohibiciones existentes para que personas naturales y jurídicas realicen aportes".
Por eso, se propone la creación de un ente fiscalizador para asociarlo a sanciones efectivas, es decir, que exista un mecanismo que garantice a la ciudadanía que acceda a la información antes de emitir su voto y avanzar en una norma general que regule los conflictos de interés entre sectores públicos y privado, incluyendo a personas naturales y jurídicas.
Avances
La directora del programa de gobernabilidad de Flacso, Mireya Dávila, precisa que el principal avance que ha existido en la materia «es la promulgación de la ley que regula el gasto electoral. Hasta 2003, año en que ésta se aprobó, en Chile no existía una legislación sobre financiamiento de las elecciones. Con esta legislación se avanza en el establecimiento de límites al gasto de las campañas electorales, con lo cual se busca disminuir la influencia del dinero en los procesos electorales".
Otro gran aporte para el sistema político, manifiesta la experta, ha sido el establecimiento de un subsidio a las campañas electorales. "El hecho de garantizar una mayor participación e igualdad de oportunidades entre los candidatos da mayor legitimidad y profundiza la democratización del sistema electoral. Asimismo, el subsidio es un buen mecanismo para evitar y controlar el posible abuso o extorsión de las grandes empresas contra los candidatos".
En la normativa se establece un control y contabilidad a los gastos electorales (rendición de cuentas), que si bien no permite regular e identificar el origen y uso de los recursos utilizados en campañas, es un avance el contar con un mecanismo de auditoria que controle al máximo posible los abusos a la ley.
-¿Por qué cree que en Chile no existen sanciones drásticas y hay una falta de fiscalización al respecto?
-El 20 de mayo de 2003 se aprobó en el Congreso una ley sobre transparencia, límite y control de gasto electoral. El proyecto debía ser visado por el Tribunal Constitucional, que en primera instancia objetó la constitucionalidad del mismo por cuestiones administrativas, ya que la legislación aprobada no establecía mecanismos para garantizar la defensa de los ciudadanos acusados de infringir la ley.
Agrega que «el Ejecutivo decidió, entonces, eliminar la sección de sanciones que estaban en el proyecto. De esta forma, la nueva ley promulgada por el Ejecutivo estableció límites al gasto electoral pero no sanciones para quienes rebasaran estos límites. Es decir, aquellos candidatos que superasen el margen establecido por ley no serían objeto de ninguna sanción pecuniaria como lo establecía el proyecto aprobado por el Congreso. La justificación del Ejecutivo fue que se requería una ley aprobada lo antes posible y que enviar un nuevo proyecto, complicaría su aprobación en el Congreso».
-¿Por qué no se han hecho los cambios a la ley para así establecer sanciones?
-Un cambio de esta envergadura requiere de la voluntad y los acuerdos políticos necesarios para su diseño e implementación, pues implica cambiar la forma en que se ha actuado desde siempre y crear los incentivos adecuados para lograr que los actores políticos (especialmente los que se beneficien con el statu quo) acepten las nuevas reglas del juego. Estos acuerdos generalmente permiten avances graduales e incrementales. Por otro lado, el contexto político en que se discutió esta ley y la necesidad de avanzar en la agenda de modernización y transparencia en 2003 hizo que se privilegiara la aprobación de la ley por sobre una discusión más profunda acerca de cuánto era necesario y factible avanzar.
Dinero y política
¿Está de acuerdo con la frase acuñada por la Presidenta Bachelet que señala que "las empresas no votan"?
-En primer lugar, si se acepta como principio general que las donaciones de privados son aceptables porque los individuos tienen el derecho a expresar sus preferencias, sólo las personas naturales y no las jurídicas o empresas pueden manifestar preferencias. Si el objetivo principal de las empresas es el lucro, entonces aceptar que dichas entidades hagan donaciones estaría estrechamente vinculado a los intereses corporativos que ellas pretenden alcanzar, lo que ciertamente afecta el espíritu de la ley. Dado que la mayor parte del financiamiento de las campañas proviene de aportes de grandes empresas, el establecimiento de franquicias tributarias para aquellos que realizan donaciones es otra forma de estimular una relación no deseada entre dinero y política. Adicionalmente, gozar de franquicias tributarias es traspasar al fisco el costo de las campañas ya que el Estado dejaría de percibir recursos que un privado traspasa a los candidatos, excluyendo a su vez, a las personas naturales de este beneficio.
-¿Qué se debe hacer entonces?
-En definitiva, se debe analizar con mayor detención el rol de las empresas y su relación con la política. La actual normativa debe ser corregida. La discriminación positiva que tienen las empresas en el tema tributario tiene que cambiar, ya sea beneficiando a los personas individuales o eliminando el beneficio.
¿Cómo se pueden regular las donaciones durante las campañas políticas?
-La ley de financiamiento contradice el espíritu original al no transparentar la relación entre el dinero y la política. Una buena ley de transparencia debe tener en cuenta el derecho de conocer quién y por cuánto financia a sus representantes. Permitir que las donaciones sean anónimas o reservadas podría favorecer relaciones no deseadas entre empresarios y representantes políticos.
En concreto, el candidato podría defender los intereses de determinados grupos económicos que lo apoyaron en su campaña una vez que resulte electo. En el fondo, la existencia de información podría alertar a la ciudadanía si las promesas del candidato son consistentes con los intereses económicos que lo apoyan. Para los partidarios de mayor transparencia, el principal problema es la contribución de grandes conglomerados económicos que pudiesen influir en las decisiones contra la voluntad popular. En definitiva, al existir mayor transparencia se garantiza un voto informado.
– Ustedes en el estudio plantean la necesidad de que los ciudadanos voten informados sobre las donaciones de los candidatos. ¿Cree que eso será posible en los comicios de las municipales del próximo año?
-En la actualidad, en Chile no hay certeza por parte de la ciudadanía sobre el origen y destino del financiamiento de la actividad política. Sin duda, cambiar esa percepción va depender de la voluntad política del Gobierno y de la oposición por impulsar una reforma con mayor transparencia. Conocer la procedencia de las donaciones antes de las elecciones y no posteriomente es un elemento clave para la efectividad del sistema electoral.
