El martes 5 de junio deberá ingresar a tramitación la iniciativa legal que mejora la renta de los jueces de todo el país y que significa un 18% de aumento. Lo más probable es que el texto sea presentado con suma urgencia, por lo que se espera que a partir de agosto los magistrados ya cuenten con el reajuste.
El Ministerio de Justicia se comprometió con los representantes del Poder Judicial a enviar el próximo martes 5 de junio el proyecto de ley que mejora las rentas del Poder Judicial y que fue acordado 26 de marzo pasado con el anterior ministro de Justicia Isidro Solís.
Los magistrados estaban inquietos por el excesivo retraso en el envío al Congreso del proyecto que implica un incremento de 18% en las rentas de los magistrados de todo el país, por la vía de la entrega de una serie de bonos relacionados con la gestión.
Los jueces se reunieron el viernes con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, para plantear su inquietud y lograron que el secretario se comprometiera a enviar el proyecto a tramitación la próxima semana, para solucionar el tema a la brevedad.
Asimismo, se espera que el texto sea ingresado con suma urgencia, que implica diez días de tramitación por cada rama legislativa, por lo que se espera que a partir de agosto los jueces estén recibiendo su nueva remuneración.
Los miembros de la Corte Suprema recibirán una asignación especial por concepto de Alta Dirección Pública, por lo que sus sueldos serán igualados con los que reciben los ministros de Estados, con lo que su renta subirá de los $ 4,5 millones a los $ 5,5 millones mensualmente.
La nivelación ya había acordada con el ministro de Justicia del gobierno de Ricardo Lagos, Luis Bates, por lo que el convenio es sólo la manifestación de un tema ya convenido entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
En cuanto a las remuneraciones del resto de los funcionarios, se incrementarán de manera formal en un monto aproximado de 18% mensual, a través de tres tipos de asignaciones ligadas a las función judicial y metas de gestión.
Las rentas aumentarán en 9% fijo por modernización y dos asignaciones variables: la primera de 6% ligada a programas ya ejecutados en el Poder Judicial y la segunda, de 7%, ligada a cumplimiento de metas de gestión que se diseñarán en conjunto entre ambos poderes.
La primera se pagará mensualmente, mientras que las dos restantes se cancelarán de manera trimestral. Debido a que las bases de cálculo son distintas para cada bono, el incremento real bordea el 18% y no el 22% que da la suma de todos los porcentajes.
