Tribunal de alzada capitalino aplica por segunda vez en menos de diez días el derecho internacional para declarar imprescriptible una demanda civil planteada por familiares de un ejecutado político de 1975. Abogado demandante Nelson Caucoto valora que la Corte de Santiago valide los Convenios de Ginebra también para las reparaciones civiles.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar $ 100 millones de reparación a los familiares del ejecutado político Ricardo Weibel Navarrete, cuyos restos aparecieron en 1995 en el Fuerte Justo Arteaga del Ejército y quien fue detenido por miembros del Comando Conjunto.
En fallo dividido, el tribunal de alzada revocó la sentencia de primera instancia que había negado el pago aplicando los principios del derecho internacional para las indemnizaciones que debe cancelar el Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
"La imprescriptibilidad de las acciones civiles reparatorias de los daños producidos por los crímenes referidos fluye de los convenios internacionales sobre crímenes de guerra, primero, y sobre derechos humanos después; en particular, en América, de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacato de San José de Costa Rica, y por cierto de la numerosa jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana que ella creó, cuyos fallos han aceptado las peticiones indemnizatorias, considerándolas integrantes o propias de la obligación de reparación que cabe al Estado en casos de violaciones graves al derecho internacional de los derechos humanos", dice la resolución respaldada por los ministros Lamberto Cisternas y Adriana Sottovía, y que tuvo a la abogada integrante Andrea Muñoz Sánchez como voto de minoría.
Esta es la segunda vez en menos de diez días que una de las salas del tribunal de alzada capitalino acoge los tratados internacionales de derechos humanos para declarar imprescriptibles las reparaciones civiles planteadas por los familiares de las víctimas de la represión militar.
El abogado demandante Nelson Caucoto valoró ambas sentencias, al afirmar que con resoluciones como éstas se pone fin a la contradicción de los tribunales, que declaraban imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos en materia penal, pero no estimaban lo mismo cuando se trataba de demandas civiles por los mismos hechos.
"Estamos dando un paso para establecer que las acciones indemnizatorias también son imprescriptibles en materia civil. Espero que no debamos esperar más de treinta años, tal como ocurrió en materia criminal, para que la Corte Suprema aplique los mismos criterios", dijo el abogado.
Ricardo Manuel Weibel Navarrete era chofer de la locomoción colectiva y militante del Partido Comunista hasta el 7 de noviembre de 1975 cuando fue detenido por agentes del denominado Comando Conjunto en la vía pública fue conducido hasta el recinto de torturas conocido como La Firma, antigua sede del Diario Clarín, y luego llevado a un recinto de la Fuerza Aérea de Chile.
Su cuerpo permaneció desaparecido hasta septiembre de 1995 cuando sus restos fueron desenterrados de una fosa ubicada en las inmediaciones del Fuerte Justo Arteaga del Ejército.
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