Ante las objeciones presentadas por diputados de la Concertación ante el Tribunal Constitucional, el legislador gremialista defendió su idea de establecer dos años de cárcel para los menores imputados por delitos más graves. Argumentó que si los jueces quedan con la facultad de decidir el tipo de reclusión, se corre el riesgo de que delincuentes peligrosos queden libres.
Una dura crítica a los jueces realizó el senador de la UDI Hernán Larraín, al defender ante el Tribunal Constitucional (TC) la indicación a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) que estableció que los menores infractores de entre 16 y 17 años deberán permanecer obligatoriamente dos años en el régimen cerrado en el caso que sean condenados por los delitos más graves.
Larraín aseguró que presentó la indicación al Parlamento, que fue aprobada, priorizando la seguridad ciudadana sobre los derechos de los menores y previendo que si se entregaba a los jueces la facultad de disponer de la internación de menores en centros cerrados o semicerrados, se corría en riesgo de que acusados por delitos graves quedarán libres en las calles.
«Si nos quedamos con el garantismo de los jueces corremos el riesgo de que esos menores, que cometen delitos gravísimos queden en libertad, y por lo tanto en la sensación de total impunidad», dijo el legislador, argumentando que la modificación planteada no atenta en contra la autonomía judicial al hacer obligatoria la dictación de una pena mínima para el caso de los delitos más graves como violación, robo con homicidio, y otros.
El senador descartó que el nuevo texto legal vaya establecer un régimen más estricto para los jóvenes infractores que para los adultos al asegurar dos años de cárcel en el caso de los delitos más grave, situación que no se repetiría en la legislación común. "Eso no es efectivo. Hay normas que dicen que los adultos pueden estar 40 años en la cárcel para los delitos considerados con cadena perpetua calificada. En esos casos, cuando los mayores están condenados a 40 años, sin beneficios, los menores estarán condenados a dos años de cárcel, por lo tanto no hay una pena más grave".
En los alegatos realizados ante el TC, el parlamentario insistió en que la prisión por dos años sólo se aplicará de manera excepcional para los jóvenes de 16 y 17 años y que por la propia seguridad de los menores, incluso es mejor que se determine una internación en centros cerrados por un breve tiempo.
"No creemos conveniente dejar al juez la atribución de decidir si un menor es internado en un recinto cerrado o semicierrado, con régimen de libertad diurna, por la propia seguridad de los menores que muchas veces cometen estos delitos en pandillas o grupos y si los dejamos en libertad impediremos su proceso rehabilitación, ya que durante el día volverían a su mismo círculo delictual. Además, crearía la sensación de impunidad de que aunque se cometan delitos gravísimos igual se quedará libre", afirmó.
Agregó que la indicación que promovió no fue su idea sino que fue planteada en la discusión previa que impulsó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y que por lo tanto no se atenta en contra de las ideas matrices del proyecto, ya que fue el propio Ejecutivo el que planteó esa posibilidad, pero no la impulsó por falta de consenso.
Tres vicios
En tanto, el abogado requirente Rodrigo Quintana Menéndez aseguró que la indicación promovida por Larraín adolece principalmente de tres vicios de constitucionalidad que permitirían anular sus efectos si se acoge el requerimiento.
En primer lugar, dijo que la norma atenta en contra de los Tratados Internacionales suscritos por Chile en materia de infancia, que establecen que la prisión para menores sólo puede darse como "último recurso" y que la indicación plantada por Larraín está anteponiendo la seguridad ciudadana al derecho a la libertad.
En segundo término, planteó que la norma implicará un mayor gasto al Estado, por lo tanto, sólo podría haber sido presentada por el Ejecutivo y con un informe previo del Ministerio de Hacienda que diera cuenta de donde se iban a sacar los recursos para financiar los cambios. En este sentido, explicó que estudios realizados por la Universidad de Chile estiman que con la indicación de Larraín habría que financiar 291 nuevos cupos en los sistemas cerrados, lo que a un costo mínimo de 500 mil pesos por imputado equivaldrían a inyectar mensualmente 145 millones de pesos al sistema, los que no están considerados en la actualidad.
Finalmente, aseguró que la indicación atenta en contra de las ideas matrices del proyecto que pretendió hacer sólo modificaciones pequeñas a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente y en ningún caso modificar significativamente las penas a los infractores cono es el caso que se ha planteado al aprobar la idea de Larraín.
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