Codirector del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, comentó desde Washington los desafíos que le impone su nombramiento como integrante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, al que fue promovido por la Cancillería y que sigue una »tradición» de profesionales chilenos expertos en la materia.
Siguiendo lo que parece una tradición entre los abogados chilenos, el co-director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Felipe González Morales fue nombrado como nuevo integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El nombre de González Morales, que fue sugerido por la Cancillería chilena, no es ajeno en el organismo internacional, ya que en varias ocasiones ha representado a ciudadanos que han recurrido al organismo internacional en contra del Estado Chileno.
Desde Washington, donde permanece por algunos días, González respondió, vía e-mail, las interrogantes de El Mostrador.cl, dando cuenta de lo que espera de su cargo y excluyendo las interrogantes que se le plantearon sobre situaciones particulares como la derogación de la Ley de Amnistía o el Caso Fujimori, para no afectar su nueva labor.
González seguirá el camino que han marcado abogados como José Zalaquett, Roberto Garretón o Cecilia Medina, que han ejercido o se desempeñan en organismos internacionales sobre derechos humanos y que se pasean por distintos países dictando cátedras en la materia.
El abogado explica que la CIDH tiene un papel "muy importante" en la protección de los derechos humanos en la región, en lo que se refiere a la resolución de casos e intervención en la elaboración de tratados internacionales, labor en la que espera contribuir a partir de su nombramiento.
«Con mi nombramiento, espero contribuir al fortalecimiento del trabajo de la Comisión, a consolidar el desarrollo de su jurirpudencia y a promover reformas en los distintos países, de modo que adecuen su legislación y prácticas internas al Derecho Internacional», sostiene.
«Históricamente la Comisión se centró en monitorear las violaciones masivas y sistemáticas cometidas por gobiernos dictatoriales, pero en el contexto actual posee una agenda mucho más variada, incluyendo el desarrollo de la protección de los colectivos vulnerables, los derechos económicos, sociales y culturales y las afectaciones a la libertad de expresión de diversas formas», agrega.
«En especial, es de mucha importancia que los Estados recojan en su legislación y sus prácticas judiciales y administrativas los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Los organismos internacionales como la Comisión Interamericana cumplen un papel subsidiario, es decir, actúan allí donde los Estados no lo hacen debidamente. Lo ideal es que sean los propios Estados lo que tomen la iniciativa en la materia", sostiene.
– Usted fue denunciante en varias oportunidades en contra del Estado chileno, ¿Cree que eso pesó en su nombramiento?
– Los Estados eligen a los comisionados basados en muy diversos criterios. En mí caso, he trabajado desde la sociedad civil en el Sistema Interamericano desde hace más de 15 años, litigando casos tanto de Chile, como de Guatemala, Estados Unidos, Paraguay y otros países. También tome parte activa en el diseño de un sistema de status consultivo para las organizaciones de la sociedad civil en la OEA, así como he participado en la preparación de varios tratados internacionales de derechos humanos. Para algunos Estados estos pueden haber sido factores relevantes.
– ¿Cuál es su visión de la situación de los derechos humanos en Chile?
– Como Comisionado no podré intervenir en casos o asuntos referidos a Chile, ya que lo prohíbe el Reglamento de la Comisión, de manera de asegurar la imparcialidad de dicho organismo. A titulo personal, y antes de asumir, y sin entrar en aspectos específicos puedo decir en términos generales que se observa una evolución positiva en la materia, en términos de adecuar el Derecho y las prácticas internas al Derecho Internacional, pero todavía hay mucho trabajo por realizar en este sentido. Me parece que en los últimos años, los tribunales han comenzado a emplear con mayor frecuencia el Derechos Internacional en sus sentencias, incluida la Corte Suprema.
